El periodico que vela por el pueblo y la verdad
A Ochoa no le importa que los pueblos cholultecas no estén protestando contra un “antiguo basurero”: están protestando porque, pese a que la Profepa lo clausuró en agosto de 2024, el predio sigue siendo una amenaza para el agua y la salud de quienes viven alrededor. La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua mantiene desde el 4 de noviembre un bloqueo en la carretera Cholula–Huejotzingo para exigir el saneamiento real del sitio, no otra ronda de compromisos incumplidos.
La movilización reúne a habitantes de más de 20 comunidades y transportistas de AMOTAC. Su denuncia es que los lixiviados —líquidos generados por la descomposición de residuos— siguen filtrándose al subsuelo y podrían afectar pozos y mantos acuíferos de Cholula y de municipios cercanos. No es una preocupación abstracta: es la posibilidad de que el agua que beben, riegan y usan a diario esté pagando el precio de un negocio mal vigilado.
El conflicto expone una incómoda contradicción para Morena. Según las denuncias de los pobladores, el relleno sanitario fue propiedad del senador morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández, operó fuera de norma y con capacidad rebasada. La empresa responsable de las obras pendientes, Pro-Faj Hidrolimpieza, habría dejado un socavón de aproximadamente 20 metros de profundidad y maquinaria dentro del predio. No se trata solo de una negligencia empresarial: es la cara local de un modelo en el que el territorio, el agua y la vida cotidiana de las comunidades quedan subordinados a intereses económicos y a la lentitud de las autoridades.
Las promesas oficiales llegaron tarde y llegaron condicionadas. En marzo de 2026, las autoridades fijaron un plazo máximo de seis meses para que Pro-Faj cubriera el socavón. La empresa no cumplió. Ahora el gobierno estatal dice que intervendrá con maquinaria, retirará los lixiviados y reclamará los costos a la empresa; los pobladores calculan que las labores podrían tardar unas ocho semanas. Pero la pregunta es otra: ¿por qué una remediación ambiental requiere primero que la gente cierre una carretera para que el Estado reaccione?
La alcaldesa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, ha asegurado que el relleno no reabrirá y que el municipio impulsará acciones contra la empresa. Sin embargo, los afectados no preguntan si el basurero “reabrirá”. Preguntan quién pagará por años de contaminación, quién garantiza que el agua no quede envenenada y por qué las obras de saneamiento solo aparecen cuando la presión social obliga a mover maquinaria.
Amnistía Internacional respaldó la exigencia y criticó las “respuestas deficientes y omisiones” del Gobierno de Puebla y de la Profepa ante las denuncias de la organización. Para los pueblos cholultecas, la clausura administrativa no equivale a justicia ambiental. Mientras haya lixiviados filtrándose, maquinaria sin retirar y un socavón abierto, el basurero no está cerrado: solo ha cambiado de nombre.
La trayectoria de Cuauhtémoc Ochoa hace que el caso de Cholula no pueda leerse como un episodio aislado de mala gestión ambiental. El senador morenista fue funcionario en el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong —“El Chong”— en Hidalgo, donde ocupó la Secretaría de Turismo y después la Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones, Transporte y Asentamientos. Después formó parte de la estructura de campaña de Enrique Peña Nieto y, como subsecretario de Semarnat, participó como consejero de Pemex en la controvertida compra de Fertinal, una operación que dejó pérdidas millonarias y que el propio López Obrador llegó a calificar como un caso de tráfico de influencias y corrupción. A eso se suman los señalamientos públicos contra Ochoa durante su paso por la presidencia de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se le acusó de impulsar reformas al Infonavit que habrían facilitado juicios masivos y desalojos contra derechohabientes, así como omisiones en su declaración patrimonial relacionadas con presuntas propiedades en el extranjero. También fue removido de la presidencia de dicha comisión tras la polémica por su propuesta de “cobranza delegada”, que buscaba facilitar el embargo automático de salarios para pagar deudas con bancos y financieras privadas.
El caso de Cholula, entonces, no es solo un basurero que se quedó abierto: es la prueba de que las promesas anticorrupción de Morena chocan con la realidad cuando el poder se parece demasiado al poder que decía combatir. Un senador con antecedentes de cercanía con Osorio Chong, Lozoya y otros operadores del viejo régimen priista, ahora señalado por comunidades que viven bajo la sombra de un relleno sanitario contaminante, representa exactamente lo contrario de la “transformación” que Morena prometió. Mientras los pueblos cholultecas exigen agua limpia, remediación y castigo para los responsables, el silencio de las instituciones y la lentitud de las autoridades solo confirman una sospecha: que en este país la corrupción no se combate, se recicla. Y cuando se recicla, termina filtrándose —como los lixiviados— hasta el agua, la tierra y la vida de quienes menos tienen para defenderse.
