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ASEH descarta auditoría extraordinaria al IEEH por empresas vinculadas al caso Taddei
El auditor estatal Jorge Valverde Islas señaló que la revisión de los recursos involucrados correspondería a la Auditoría Superior de la Federación. El pronunciamiento abre interrogantes sobre el seguimiento de las contrataciones realizadas por el organismo electoral de Hidalgo.
Pachuca, Hidalgo, 5 de noviembre de 2026. La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) descartó realizar una auditoría extraordinaria al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) por las contrataciones efectuadas con empresas que han sido relacionadas públicamente con los cuestionamientos sobre proveedores electorales vinculados a Guadalupe Taddei.
El titular del órgano fiscalizador estatal, Jorge Valverde Islas, explicó que la investigación sobre los recursos entregados a esas empresas durante procesos electorales anteriores correspondería, en su caso, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La declaración, difundida el 4 de noviembre, introduce un elemento importante en la controversia: determinar qué autoridad debe revisar las operaciones y bajo qué condiciones puede realizarse una fiscalización específica de los contratos señalados.
El asunto ha adquirido relevancia después de que se conocieran contrataciones realizadas por el IEEH desde 2020 para adquirir materiales y documentación electoral mediante empresas que posteriormente fueron relacionadas en la discusión pública con el caso Taddei.
Hasta ahora, la existencia de esos contratos no demuestra por sí misma actos de corrupción, favoritismo o incumplimientos legales. Para establecer responsabilidades sería necesario examinar los procedimientos de contratación, los vínculos empresariales documentados, las condiciones económicas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El IEEH afirma estar preparado para entregar documentación
Antes del pronunciamiento del auditor estatal, la presidenta del IEEH, María Magdalena González Escalona, había informado que el organismo preparaba los expedientes de contratación correspondientes para atender posibles requerimientos de las autoridades fiscalizadoras.
La funcionaria señaló que la documentación se encontraba bajo revisión de la Dirección Ejecutiva de Administración y que el instituto podría atender procedimientos de fiscalización federales, estatales o internos.
Esta disposición resulta relevante porque las contrataciones electorales deben contar con expedientes que permitan reconstruir las decisiones administrativas.
Entre los elementos que deben revisarse se encuentran las convocatorias o procedimientos de adjudicación, las propuestas presentadas, los dictámenes técnicos y económicos, los contratos suscritos, las modificaciones autorizadas y las constancias de entrega de bienes o servicios.
También es importante conocer las condiciones bajo las cuales fueron seleccionados los proveedores y determinar si existieron mecanismos efectivos para garantizar competencia y transparencia.
La revisión documental permitiría distinguir entre contratos legalmente adjudicados y posibles irregularidades que requieran procedimientos administrativos o investigaciones adicionales.
¿Quién debe fiscalizar los contratos?
La declaración de Jorge Valverde Islas coloca en el centro del debate la distribución de competencias entre las autoridades fiscalizadoras.
En México, la ASF tiene facultades para revisar recursos federales en los términos establecidos por la Constitución y las leyes aplicables.
Por su parte, las entidades de fiscalización superior de los estados tienen atribuciones respecto de los recursos y entes comprendidos en sus respectivos marcos jurídicos.
La competencia para revisar una contratación depende de factores como el origen del financiamiento, la naturaleza de los recursos utilizados y las disposiciones legales aplicables.
Por ello, la afirmación de que una auditoría corresponde a la Federación debe acompañarse de una explicación sobre el fundamento jurídico y presupuestal específico.
No basta con conocer qué institución firmó los contratos. También debe determinarse de dónde provinieron los recursos utilizados y qué autoridad tiene atribuciones para revisar su ejercicio.
La ausencia de una auditoría extraordinaria estatal tampoco significa necesariamente que las operaciones hayan sido declaradas regulares o que se encuentren exentas de fiscalización.
Los proveedores electorales y la necesidad de transparencia
Las contrataciones relacionadas con la organización de elecciones tienen una importancia particular porque involucran recursos públicos y materiales indispensables para el ejercicio del voto.
Documentación electoral, boletas, materiales de apoyo y otros suministros deben cumplir condiciones técnicas, de seguridad y de entrega que garanticen la operación de los procesos electorales.
Por ello, la selección de proveedores no puede evaluarse únicamente por el precio de los contratos.
También deben examinarse la capacidad de producción, la experiencia de las empresas, el cumplimiento de las especificaciones y los mecanismos establecidos para evitar conflictos de interés.
Cuando aparecen señalamientos públicos sobre posibles vínculos entre proveedores y funcionarios electorales, las instituciones tienen la oportunidad de aclarar esas relaciones mediante información verificable.
La transparencia exige identificar las personas morales contratadas, sus representantes legales cuando consten en los expedientes públicos, los montos adjudicados y los procedimientos utilizados.
Asimismo, resulta necesario diferenciar las relaciones societarias acreditadas de las asociaciones políticas o familiares que circulan sin respaldo documental suficiente.
La publicación de información completa permitiría determinar si las contrataciones cuestionadas presentan elementos objetivos que ameriten una revisión especial.
La fiscalización no debe quedar en una discusión de competencias
El pronunciamiento de la ASEH no cierra el debate sobre los contratos electorales de Hidalgo.
Por el contrario, hace necesario establecer si la ASF ha recibido alguna solicitud formal de revisión, si existen auditorías programadas o si los expedientes serán examinados mediante otros procedimientos institucionales.
También queda pendiente conocer si el IEEH hará públicos los contratos y sus documentos complementarios para facilitar la revisión ciudadana.
El acceso a la información contractual permitiría evaluar la legalidad y razonabilidad de las operaciones sin depender exclusivamente de declaraciones de funcionarios o señalamientos políticos.
La confianza en las instituciones electorales no se sostiene únicamente en la organización de elecciones. También depende de la forma en que administran sus presupuestos y explican sus decisiones de contratación.
La discusión sobre las empresas relacionadas públicamente con el caso Taddei ofrece una oportunidad para examinar esos mecanismos.
Por ahora, lo documentado es que el IEEH reconoce la existencia de contrataciones y ha manifestado disposición para entregar expedientes, mientras que la ASEH ha descartado una revisión extraordinaria bajo el planteamiento de que correspondería a la autoridad federal.
Lo que todavía falta es conocer el resultado de una fiscalización específica que permita determinar si las operaciones cumplieron plenamente con las disposiciones aplicables.
Hasta que exista esa revisión, las preguntas sobre la selección de proveedores, los vínculos empresariales y la utilización de recursos públicos permanecerán abiertas.
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