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La revisión de la Cuenta Pública 2025 identificó 3,901 pagos realizados con recursos educativos. Aunque el gobierno estatal acreditó la mayor parte, permanecen pendientes de justificar más de 808 mil pesos.
Pachuca, Hidalgo, 5 de noviembre de 2026. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó pagos por 42 millones 983 mil 793.93 pesos realizados a 92 trabajadores del sector educativo de Hidalgo que también ocuparon cargos de elección popular, como parte de la fiscalización de los recursos federales destinados al pago de nómina educativa durante el ejercicio 2025.
La revisión identificó 3,901 pagos efectuados a personal cuya situación requería acreditar que efectivamente había desempeñado las funciones correspondientes durante los periodos remunerados o que contaba con las autorizaciones aplicables.
El hallazgo abrió cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados por las autoridades educativas para verificar la compatibilidad entre las responsabilidades políticas de los servidores públicos y las actividades laborales financiadas mediante recursos federales.
Sin embargo, el resultado definitivo de esta revisión requiere una precisión importante: los casi 43 millones de pesos examinados no constituyen, en su totalidad, recursos irregulares ni un daño patrimonial acreditado.
Durante el procedimiento de fiscalización, el gobierno de Hidalgo presentó documentación que permitió justificar 42 millones 174 mil 842.20 pesos correspondientes a 89 trabajadores. Permanecieron pendientes de aclaración 808 mil 951.73 pesos relacionados con otros tres servidores públicos.
Tres trabajadores concentran el monto pendiente
La diferencia entre el universo inicialmente observado y el importe que continúa sin justificarse resulta fundamental para comprender los alcances de la auditoría.
De los 92 trabajadores examinados, las autoridades lograron acreditar la situación de 89, lo que representa aproximadamente el 96.7 por ciento de las personas incluidas en la revisión.
En términos económicos, la documentación presentada permitió aclarar aproximadamente el 98.1 por ciento de los recursos inicialmente cuestionados.
El monto restante, aunque representa una proporción menor del total, conserva relevancia administrativa porque involucra recursos públicos destinados a servicios educativos cuya aplicación debe estar debidamente respaldada.
La falta de documentación suficiente no demuestra, por sí misma, que los trabajadores hayan recibido pagos ilegales o que exista responsabilidad penal. Para llegar a esa conclusión serían necesarios procedimientos adicionales, así como la valoración de las pruebas y aclaraciones correspondientes.
No obstante, el hecho de que tres casos permanezcan pendientes evidencia la importancia de verificar los controles administrativos sobre las nóminas financiadas con recursos federales.
El problema de los pagos a funcionarios con responsabilidades políticas
La participación de trabajadores del sector educativo en actividades políticas o cargos de representación popular no implica automáticamente una irregularidad.
El problema surge cuando las remuneraciones se realizan sin que pueda demostrarse la prestación efectiva de los servicios, la existencia de licencias, la compatibilidad de horarios o el cumplimiento de las autorizaciones establecidas por la normativa aplicable.
Por ello, la revisión no debe reducirse a determinar si los trabajadores también desempeñaban cargos públicos. La cuestión central consiste en comprobar si los recursos educativos se utilizaron para remunerar actividades efectivamente realizadas y legalmente autorizadas.
Los fondos destinados a la educación tienen objetivos específicos y están sujetos a mecanismos de fiscalización precisamente porque forman parte de los recursos que sostienen la operación de los servicios educativos.
Una administración adecuada requiere que cada pago cuente con respaldo documental, controles de asistencia cuando correspondan y evidencia suficiente sobre las funciones desempeñadas.
Cuando esa información no está disponible, las autoridades fiscalizadoras deben solicitar aclaraciones y, de persistir las inconsistencias, determinar las acciones procedentes.
La responsabilidad de los controles administrativos
La revisión también plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para detectar oportunamente situaciones laborales que podrían resultar incompatibles con otras responsabilidades públicas.
La existencia de trabajadores que simultáneamente ocupan cargos de elección popular obliga a las áreas administrativas a verificar que los pagos cumplan con las condiciones legales correspondientes.
Esa obligación no se limita a los trabajadores involucrados. También comprende a las unidades responsables de validar movimientos de personal, registrar licencias, autorizar remuneraciones y administrar los recursos presupuestales.
En este caso, la presentación posterior de documentación permitió aclarar la mayor parte del universo revisado, pero también muestra la importancia de contar con expedientes completos desde el momento en que se realizan los pagos.
Una administración pública que depende de aclaraciones durante una auditoría enfrenta el desafío de fortalecer sus mecanismos preventivos, independientemente de que finalmente consiga justificar los recursos examinados.
¿Qué falta por esclarecer?
El resultado de la fiscalización deja abiertas varias preguntas de interés público: quiénes son los tres trabajadores cuyos pagos permanecen pendientes de aclaración, qué cargos de elección popular desempeñaban, durante qué periodos recibieron las remuneraciones y qué documentación específica no fue presentada.
También resulta relevante conocer si las autoridades educativas iniciaron revisiones internas para determinar por qué esos pagos no contaban con la justificación requerida al momento de la fiscalización.
La información pública consultada no permite establecer la identidad de los tres trabajadores ni atribuirles responsabilidades individuales.
Por tanto, cualquier señalamiento específico requeriría obtener el expediente correspondiente y, en su caso, conocer la respuesta de los servidores públicos involucrados.
La ASF dispone de procedimientos para dar seguimiento a los resultados de sus auditorías. Las observaciones pendientes pueden ser objeto de aclaraciones posteriores y de las acciones que legalmente correspondan.
La fiscalización de los recursos educativos no debe medirse únicamente por el dinero que se logra recuperar o aclarar, sino también por la capacidad de las instituciones para evitar que se repitan situaciones que comprometan la transparencia de las nóminas públicas.
En Hidalgo, el resultado de esta revisión deja un monto específico pendiente y una cuestión administrativa más amplia: cómo garantizar que cada peso destinado al personal educativo corresponda a funciones efectivamente realizadas y debidamente documentadas.
