El periodico que vela por el pueblo y la verdad
El 15 de septiembre de 2013, mientras los huracanes Ingrid y Manuel golpeaban al país simultáneamente —uno por el Golfo y otro por el Pacífico—, México vivía una de las peores tragedias naturales de su historia reciente. En esos días, el hombre encargado de coordinar la respuesta del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, no estaba en una sala de crisis ni coordinando rescates. Estaba en Las Vegas. Su nombre: José María “Chema” Tapia Franco.
Chema fue visto entonces en un hotel de lujo en Nevada, bebiendo champagne y apostando, mientras el país enfrentaba una emergencia nacional que, como director general de Gestión de Riesgos del FONDEN, dejó devastado a México, no solo esa vez sino en reiteradas ocasiones durante su gestión de 2013 y como titular del cargo hasta 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Murieron más de 150 personas, hubo miles de damnificados, carreteras destruidas, comunidades aisladas y pueblos enteros bajo el agua. Era el momento en que el Estado debía responder con rapidez, recursos y presencia.
La Secretaría de Gobernación terminó por confirmar que se encontraba fuera del país durante los días más críticos de la tragedia. El 30 de septiembre de 2013, el escándalo estalló en los medios y el entonces senador Alejandro Encinas habló de “omisión y negligencia criminal”. Sin embargo, no hubo renuncia, destitución ni sanción política que marcara un antes y un después: Tapia siguió en el cargo hasta 2016.
Años después, Andrés Manuel López Obrador convirtió el FONDEN en el símbolo perfecto de la corrupción del régimen anterior. El 15 de octubre de 2020, su gobierno anunció la extinción de varios fideicomisos públicos, entre ellos el FONDEN, y lo presentó como una “caja chica” llena de tranzas, proveedores acomodados, sobreprecios y una red de empresas que movía miles de millones de pesos. Dijo que había una “constelación de empresas” alrededor del fondo y que el dinero no llegaba a los damnificados porque se perdía en la burocracia, la opacidad y los intereses creados.
Claudia Sheinbaum repitió la misma idea: defender el FONDEN, dijo, era defender la corrupción. El mensaje era claro: se acababa el fideicomiso en el que, según AMLO, “se robaba el dinero”. El problema es que el hombre que operaba ese fondo cuando estallaron los escándalos no desapareció, no terminó investigado con consecuencias reales ni se alejó del poder. Terminó en Morena. Ya desde que estaba en el PRI era repudiado por los mismos priístas.
Durante la gestión de Tapia, el FONDEN gestionó, en promedio, unos 7 mil millones de pesos al año. Entre 2012 y 2019, la Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades por 347.57 millones de pesos, de los cuales 286.78 millones —casi el 83 por ciento— no fueron debidamente justificados. Entre los casos señalados, hay más de 200 millones de pesos con inconsistencias en la reconstrucción de Oaxaca tras huracanes, lluvias y otros fenómenos climáticos, además de observaciones relacionadas con la reconstrucción posterior a los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, dos de las tragedias más graves del sexenio de Peña Nieto.
Tapia siempre ha defendido su gestión con el mismo argumento: él no administraba el dinero, eso correspondía a Hacienda y Banobras; él solo verificaba desastres, instalaba comités y daba seguimiento. Puede ser cierto en el papel, pero era el rostro operativo del FONDEN. Era el funcionario que aparecía cuando ocurría una tragedia y formaba parte de la estructura que AMLO después describió como podrida. No se puede celebrar la muerte del FONDEN y, al mismo tiempo, darle casa política a uno de sus principales operadores.
Tapia salió del FONDEN en 2016, pasó por el Senado como suplente y el 26 de noviembre de 2018 fundó una empresa llamada Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres. El nombre no podía ser más conveniente: un hombre que había dirigido la gestión de riesgos del FONDEN fundaba una empresa dedicada, precisamente, a la gestión de riesgos de desastres. El negocio no tardó en llegar.
El 14 de abril de 2020, en plena pandemia de COVID-19, la Secretaría de la Defensa Nacional le adjudicó de manera directa un contrato por 52.6 millones de euros —unos 1,350 millones de pesos— para comprar 1,330 ventiladores. Era un contrato de emergencia, en el que cada equipo podía significar una vida, pero el problema fue el precio. La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicada en septiembre de 2022, documentó que la Sedena pagó alrededor de 822 mil pesos por un ventilador, cuando el precio de importación rondaba los 368 mil pesos. Eso representa un sobrecosto de 123 por ciento, más del doble.
La empresa también se retrasó en las entregas. La Auditoría Superior de la Federación registró un retraso de dos meses y Sedena aplicó una pena convencional superior a 61 millones de pesos. Contrato de emergencia, adjudicación directa, sobreprecio documentado, retraso y multa: todo ello en medio de una pandemia.
El caso de los ventiladores no terminó en un sobreprecio. El 20 de noviembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunto lavado de dinero relacionado con el contrato. No hay condena pública, pero la denuncia existe y forma parte del expediente público del caso. Ahora su amigo Santiago Nieto lo proteje y ni se acuerda del tremendo atraco.
Después llegó el SAT. En septiembre de 2026 se hizo público que la autoridad fiscal determinó que la empresa de Tapia omitió más de 221 millones de pesos en IVA e ISR entre 2020 y 2021. Con actualizaciones, recargos y multas, el adeudo llegó a 695,2 millones de pesos, y la autoridad advirtió incluso con embargo de bienes, depósitos o seguros si el crédito no se liquidaba. Tapia respondió que “no se vende ni se raja” y que parte de los créditos ya fue aclarada o está en revisión. Puede ser, pero cuando el fisco te reclama casi 700 millones de pesos, no estás hablando de un error de formato ni de una factura perdida.
El patrimonio que se le ha atribuido a Tapia incluye una residencia en The Woodlands, Houston, comprada en 2019 y valuada en más de un millón de dólares; un departamento de ultralujo en Acqualina, Miami, adquirido en 2023 por alrededor de 6.5 millones de dólares, cerca de 100 millones de pesos; y propiedades en Querétaro, Acapulco y otros lugares. Tapia dice que todo tiene origen lícito, con créditos y declaraciones que lo respaldan.
Quizá. Pero el problema es el momento en que aparece esa fortuna: después del FONDEN, después del Senado y después del contrato pandémico con sobreprecios, sanciones, una denuncia por lavado y un reclamo fiscal por cientos de millones. Cuando alguien acumula propiedades de lujo tras pasar por un escándalo de corrupción y hacer negocios millonarios con el gobierno, no es exagerado pedir explicaciones. ¿De dónde salió el dinero?
Tapia no llegó a Morena por accidente. Vino del PRI de Enrique Peña Nieto, del entorno de Miguel Ángel Osorio Chong, y fue parte de la estructura del FONDEN durante los años en que el fondo se convirtió en sinónimo de opacidad y corrupción. Después pasó por el Verde, renunció al PRI en 2023 y se acercó a la Cuarta Transformación.
En 2024 fue candidato de Morena-PT-PVEM a la alcaldía de Querétaro y perdió frente a Felipe Fernando Macías por unos 47 mil votos. Durante esa campaña, Claudia Sheinbaum llegó a pedir el voto para él. Después, el 15 de octubre de 2025, cuando reaparecieron los señalamientos en la conferencia matutina, el tono cambió: Morena dijo que revisaría el historial de cada aspirante y que se buscaba deslindar del caso. Pero el respaldo ya había ocurrido y la contradicción sigue ahí.
Tapia tiene derecho a defenderse. Puede decir que nunca tocó un peso del FONDEN, que el contrato de los ventiladores fue legal y que el SAT se equivoca. Nadie debería condenarlo sin un proceso. Pero el país tampoco tiene la obligación de olvidar.
¿Por qué la Auditoría documentó 347 millones de pesos en anomalías durante su gestión? ¿Por qué la Sedena pagó ventiladores a más del doble de su precio a una empresa vinculada a ella? ¿Por qué la UIF presentó una denuncia por presunto lavado de dinero? ¿Por qué el SAT le reclama 695 millones de pesos? ¿Y por qué el partido que cerró el FONDEN —“porque se robaban el dinero”— ahora quiere hacerlo alcalde de Querétaro?
Mientras la gente esperaba ayuda tras los huracanes, el responsable de la gestión de riesgos estaba apostando en Las Vegas. Mientras AMLO enterraba el FONDEN como símbolo del saqueo, uno de sus operadores hacía negocios millonarios con la Sedena y acumulaba propiedades de lujo. Y ahora ese mismo hombre quiere gobernar Querétaro con los guindas.
En México, la corrupción solo cambia de partido.
