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PACHUCA, Hgo. — Morena le quitó el candado a los alcaldes de Hidalgo. El Congreso del estado aprobó el 6 de octubre una reforma que permite a los presidentes municipales firmar contratos y convenios de interés público sin pedir permiso al Cabildo, es decir, sin el visto bueno de regidores y síndicos. La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Miguel Ángel Moreno Zamora, y aún necesita que la aprueben al menos 43 de los 84 ayuntamientos de Hidalgo.
Piénsalo así: antes, si un alcalde quería firmar un contrato para una obra, comprar algo o celebrar un convenio, tenía que llevarlo al Cabildo. Ahí regidores y síndicos podían preguntar, objetar o rechazar el trato. Ahora, con esta reforma, el alcalde podrá decidir por sí solo.
El Cabildo es como la junta directiva de un municipio. Está formado por el alcalde, regidores y síndicos. Su función es revisar y aprobar decisiones importantes sobre el dinero público: obras, compras, convenios y deudas.
La reforma elimina esa revisión previa para la mayoría de los contratos. Sólo se mantienen dos casos donde el Cabildo sigue teniendo que aprobar con dos terceras partes: cuando el municipio vende un terreno o edificio, y cuando contrae una deuda que va a durar más tiempo que el periodo del alcalde.
Moreno Zamora y el secretario de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, dicen que la reforma sirve para “agilizar” las cosas. Su débil argumento es que hay obras que ya pasaron todos los trámites, pero se quedan atoradas porque el Cabildo tiene que dar una autorización extra para firmar el contrato.
Bardales asegura que no desaparece la transparencia porque siguen existiendo las leyes de obra pública y adquisiciones, los comités que revisan las licitaciones y la fiscalización posterior. Al más puro estilo de Morena, Bardales ninguneó a los regidores y dijo que en algunos municipios hay regidores que piden prebendas —favores o dinero— para dejar pasar contratos.
El problema es que la revisión del Cabildo no era un trámite de adorno: era el momento en que alguien podía decir “espera, este contrato está raro” antes de que se firmara. Con la reforma, esa revisión se elimina y el alcalde queda solo frente al contrato.
Si algo sale mal —un sobreprecio, un proveedor amiguete, una obra mal hecha— el dinero ya estará comprometido. La fiscalización llegaría después, cuando corregir el daño cuesta más o ya es imposible.
El primer ayuntamiento en aprobar la reforma fue Pachuca, el 15 de octubre, con 14 votos a favor y cinco en contra. El alcalde Jorge Alberto Reyes Hernández la defendió y pidió que no se “desinforme” sobre lo que hace.
Las cinco regidoras que votaron en contra advirtieron que la medida concentra el poder en el alcalde y debilita los contrapesos. Es decir: una sola persona tendrá más capacidad para decidir cómo se gasta el dinero de todos.
No todos están de acuerdo. El mismo día en que Pachuca aprobó la reforma, 128 regidoras, regidores y síndicos de al menos 50 municipios firmaron un documento en contra. Después, la oposición creció hasta representar a más de 60 ayuntamientos.
Algunos cabildos ya votaron en contra. Alfajayucan lo rechazó por unanimidad y San Salvador lo rechazó el 17 de octubre con 12 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención. Morena necesita 43 votos a favor para que la reforma entre en vigor, así que todavía hay pelea.
Morena y la Contraloría dicen que la reforma arregla los retrasos, pero no han presentado cifras: ¿cuántos contratos se han atorado por falta de aval del Cabildo? ¿En qué municipios? ¿Por cuánto dinero? ¿En qué obras?
Sin esos datos, “agilizar” suena más a excusa que a solución. Lo que sí está claro es el efecto: menos regidores revisando antes de la firma, y más el alcalde decidiendo solo. Y cuando una sola persona tiene más poder sobre el dinero público sin que nadie la frene, se abre el camino al abuso.
El PRI, con su voto en contra, quedó como el partido que intentó frenar esa puerta antes de que se abriera.
