El periodico que vela por el pueblo y la verdad
El miedo no anda en burro, y así es como Carolina genera ardor en Morena. La senadora Viggiano exhibió de manera contundente el robo de 218 millones de pesos en la reconstrucción del bulevar Las Torres mediante sobrecostos y puso al gobierno de Julio Menchaca frente a una pregunta incómoda: ¿cómo se explica una discrepancia de 218 millones de pesos en una obra pública que supera los 578 millones? La desesperación que generó esta revelación provocó gran preocupación en el 4to piso, y así, mientras la senadora exige aclaraciones sobre el gasto, una comitiva creada para amortiguar la crisis en la que ponía a la administración de Morena acudió ante la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia en su contra, que parece más un acto desesperado de los morenistas.
La coincidencia entre ambos episodios abrió un nuevo frente de confrontación política en Hidalgo. La actuación de Morena es claramente una ofensiva contra la senadora tricolor, ya que su popularidad sigue en aumento y está a nivel nacional por encima de la de Julio Menchaca, quien esta vez coordinó personalmente una represalia contra Carolina. Lo que queda claro es que sí puede investigarse lo que ocurre con los contratos de Boulevard Las Torres.
Para dimensionar el costo, Carolina Viggiano comparó el bulevar Las Torres con otra obra contratada por el mismo gobierno de Hidalgo, también de concreto hidráulico: en Las Torres se están pagando 44.5 millones de pesos por kilómetro, frente a menos de 24 millones en el bulevar Río de las Avenidas. Es decir, más de 20 millones de pesos adicionales por cada kilómetro, un costo aproximadamente 86% superior, pese a utilizar el mismo tipo de material. La comparación plantea una pregunta inevitable: ¿qué justifica semejante diferencia de precio?
Los dos contratos de Las Torres suman 578 millones 517 mil 388 pesos: la primera etapa, por 288 millones 998 mil 314 pesos, y la segunda, por 289 millones 519 mil 74 pesos. En un video del 12 de octubre, la senadora señaló que la reconstrucción contempla 578 millones de pesos, mientras que existen estimaciones de alrededor de 360 millones, y que la diferencia de 218 millones “exige una explicación”. Preguntó directamente: “¿De verdad creen que los hidalguenses somos tontos?”.Viggiano le habló claro al gobernador: “¿Cómo justifica esa diferencia? ¿Quién autorizó los contratos y con qué criterios? Usted prometió no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Cumplir esa promesa exige transparencia, no propaganda”. Reconoció que la obra es necesaria, pero advirtió que “lo inaceptable es que una necesidad se convierta en costos sin explicación y en retrasos, mientras en Hidalgo faltan medicamentos y médicos”.
La cifra de 218 millones es el resultado de comparar el monto contratado con las estimaciones de referencia presentadas por Viggiano. Para determinar si existe un sobreprecio real, se requieren los proyectos ejecutivos, los volúmenes de obra, los precios unitarios y las modificaciones contractuales. Hasta ahora no existe resolución ni auditoría que acredite un desvío, pero tampoco hay documentos públicos que cierren la brecha.
El gobierno estatal debe explicar cómo se integró el presupuesto, qué empresas ejecutan los trabajos y si los 44,5 millones por kilómetro se justifican frente a los menos de 24 millones del Río de las Avenidas o las estimaciones de 360 millones. La pregunta sigue sin respuesta: ¿publicará la administración de Menchaca los documentos para que cualquier ciudadano pueda comprobar si esa diferencia de 218 millones tiene justificación o no?
El 12 de octubre, una comitiva de Morena en Hidalgo acudió ante la Fiscalía General de la República para denunciar presuntas irregularidades justificadas pobremente relacionadas con un inmueble ubicado en de la Senadora en la Ciudad de México. Los promoventes también anunciaron gestiones ante las autoridades fiscales.
En el grupo participaron Ricardo Crespo Arroyo, los senadores Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Simey Olvera Bautista —conocida como «La Paloma»—, el dirigente estatal Marco Antonio Rico Mercado y los diputados federales Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, Astrit Viridiana Cornejo Gómez, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Daniel Andrade Zurutuza y Eunice Abigail Mendoza Ramírez.
La actuación colectiva plantea preguntas legítimas: ¿qué pruebas documentales entregaron?, ¿qué información verificó cada participante?, ¿qué elementos adicionales aportaron y qué resultados esperan de las autoridades? ¿O se limitaron a firmar una denuncia basada en reportajes periodísticos mientras dejaban sin respuesta las diferencias de cientos de millones en una obra que se ejecuta bajo el gobierno de su partido?
La denuncia constituye una solicitud de investigación, no una sentencia. Del mismo modo, la coincidencia temporal con las críticas de Viggiano a Las Torres indica una operación coordinada por el gobernador. Esa hipótesis debe examinarse a partir de documentos, comunicaciones o testimonios verificables. Está a la vista el contraste: el mismo día en que se exige explicar 218 millones en Las Torres, diez representantes de Morena salen a señalar a quien formula la pregunta.
El diputado federal tiene un antecedente de interés público relacionado con AGICRESA, empresa cuyos socios son sus hermanos Arturo y Gibrán Crespo Arroyo.
La compañía obtuvo un contrato del Infonavit por aproximadamente 993.9 millones de pesos para construir 1,808 viviendas en Zempoala. El caso generó cuestionamientos públicos y llevó a Claudia Sheinbaum a anunciar que se revisaría el procedimiento. Crespo negó haber intervenido en la adjudicación y aseguró no ser accionista ni tener relación alguna con el Infonavit.
Posteriormente, se informó sobre una actuación de fiscalización relacionada con otra adjudicación a la empresa por aproximadamente 11,9 millones de pesos.
Son procedimientos distintos y deben revisarse por separado. La investigación periodística debe establecer qué concluyeron las autoridades, si las observaciones fueron solventadas y si existe alguna resolución definitiva. El parentesco de los socios con el diputado no demuestra por sí solo una conducta ilegal, pero sí obliga a preguntar por qué un legislador que participa en denuncias de enriquecimiento ilícito no ha presentado hasta ahora el resultado de la revisión que la propia presidenta ordenó sobre el contrato de casi mil millones de pesos vinculado a su familia.
En agosto de 2026, Olvera presentó su segundo informe de labores acompañada por la actriz Tamara Henaine, caracterizada como Claudia Sheinbaum. La presencia de la imitadora generó críticas en los medios y en redes sociales.
El 8 de septiembre se informó que Olvera había sido sustituida como secretaria de la Mesa Directiva del Senado. La cobertura relacionó el cambio con la polémica posterior a su informe, aunque no debe afirmarse que esa fuera la causa oficial de la decisión sin documentación que lo respalde.
El episodio ofrece un antecedente de controversia política, no una prueba de corrupción. Una investigación adicional podría examinar los gastos del evento y las fuentes de financiamiento, siempre que estén disponibles los documentos. Mientras tanto, la senadora que ahora denuncia posibles simulaciones fiscales sigue sin aclarar con precisión el costo y la justificación de un acto que terminó con su relevo de la Mesa Directiva.
Como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hidalgo, Rico participó en la presentación pública de la denuncia contra Viggiano.
Su responsabilidad política consiste en explicar los fundamentos de la actuación partidista, la documentación aportada y los resultados que Morena espera de las autoridades. También corresponde examinar sus declaraciones públicas sobre transparencia y rendición de cuentas y contrastarlas con las decisiones de la propia dirigencia.
No hay base suficiente en la información revisada para atribuirle un delito específico. Cualquier acusación adicional requeriría expedientes o documentos independientes. Lo que sí se puede exigir es que explique por qué la dirigencia estatal priorizó una denuncia basada en reportajes ajenos el mismo día en que se cuestionaba públicamente una diferencia de 218 millones en una obra del gobierno de su partido, y si va a exigir con el mismo énfasis la publicación de los expedientes de Las Torres.
En marzo de 2024, el PRI presentó una denuncia electoral contra Ochoa por presunto uso indebido de recursos públicos y de programas sociales, promoción personalizada y coacción del voto. Con el apoyo de su compinche Adán Augusto, el 11 de febrero de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió declarar inexistentes las infracciones denunciadas. Este desenlace debe quedar claro: aquel procedimiento no acredita irregularidades por parte del senador.
Su participación en la denuncia contra Viggiano puede documentarse como un hecho político, pero no permite atribuirle automáticamente responsabilidades por los asuntos de otros integrantes de Morena. Sí, permite preguntar si el mismo rigor que ahora se aplica a un inmueble ajeno también se aplica a sus propias campañas y al uso de recursos públicos.
Por indicación del gobernador, personajes que no se pueden ver ni en pintura entre ellos, se juntaron: perfiles como Tatiana Tonantzin P., Ángeles Moreno, Astrit Viridiana Cornejo Gómez, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Daniel Andrade Zurutuza y Eunice Abigail Mendoza Ramírez, participaron, junto con Ricardo Crespo, en el show de la denuncia para quedar bien con su jefe, puesto que tienen en mente su propia re-elección.
La revisión debe precisar qué papel desempeñó cada uno, qué documentos firmó y qué información aportó. También pueden examinarse sus votaciones, declaraciones patrimoniales públicas, decisiones legislativas y actuaciones administrativas cuando exista una línea de investigación concreta.
Parece que las cúpulas morenistas no entienden que le están haciendo campaña a Viggiano, mientras ella sigue escalando posiciones en la estima de la población. Ellos se enfrascan en repetir su nombre, porque el 2022 está en el pasado y hoy el presente luce muy diferente. Recuerde la reputación de Andy López Beltrán en 2022: simplemente no es la misma en esta segunda mitad de 2026. Los guindas deben recordar que, hasta ahora, la única política de Hidalgo que aparece en encuestas para presidenciables es precisamente Carolina; promover un desafuero sería simplemente disparar su popularidad, como en otros casos lo hemos visto.
La participación en una denuncia no constituye, por sí misma, un escándalo ni prueba corrupción. Si se pretende documentar cuestionamientos contra alguno de ellos, deben identificarse hechos específicos y consultarse las resoluciones correspondientes, sin trasladarles los antecedentes de sus compañeros. Lo que sí se les puede preguntar de manera individual es si van a exigir al gobierno de Hidalgo la misma transparencia que reclaman en la denuncia contra Viggiano cuando se trata de los 578 millones del Boulevard Las Torres.
La confrontación entre Carolina Viggiano y Morena no resuelve la pregunta central sobre el dinero público. El gobierno de Hidalgo debe explicar el presupuesto de Las Torres, junto con los contratos completos, los anexos técnicos, las estimaciones de obra, las facturas, los convenios modificatorios y los resultados de la supervisión.
Si una revisión independiente confirma diferencias injustificadas, las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes. Si el cálculo denunciado por Viggiano no se sostiene, también deben presentar información verificable que lo demuestre.
La ciudadanía merece conocer qué ocurrió con el dinero, qué pruebas existen y qué concluyen las autoridades. La transparencia no puede depender del partido al que pertenezca quien formule las preguntas o quien aparezca señalado. Mientras los diez morenistas exigen cuentas sobre un inmueble en la Ciudad de México, el gobierno de Menchaca sigue sin publicar los documentos que permitan verificar si la diferencia de 218 millones en Las Torres tiene explicación o no.
