El periodico que vela por el pueblo y la verdad
Por: Redacción de Periodismo Histórico
El análisis del México rural posrevolucionario exige desarmar las redes regionales en las que el mandato constitucional de 1917 fue sistemáticamente neutralizado por los señoríos locales. En la Huasteca hidalguense, concretamente en el antiguo distrito de Huejutla y el municipio de San Felipe Orizatlán, este fenómeno se consolidó a través de una sólida élite terrateniente. Entre 1920 y 1950, la tenencia de los potreros, el monopolio de las rutas de abasto ganadero y el ejercicio directo de la violencia privada estuvieron condicionados por el apellido De la Torre y la mitología señorial construida a su alrededor.
El mito genealógico como factor de dominación y el mosaico demográfico
Desde el Porfiriato tardío hasta mediados del siglo XX, la oligarquía de San Felipe Orizatlán recurrió a marcadores socioculturales de exclusión para legitimarse ante una base comunitaria mayoritariamente náhuatl. En la tradición oral y la memoria genealógica de la comarca, los De la Torre sostuvieron que su apellido era una castellanización directa del francés Latour o La Tour, atribuyéndose un linaje estrictamente francés derivado de los contingentes galos que penetraron por la vertiente del Golfo de México hacia las serranías nororientales.
Más allá de los asientos parroquiales y del registro civil, esta narrativa de distinción francesa operó como un dispositivo de superioridad de clase frente al común de los rancheros mestizos de la sierra y la masa de peones agrícolas. Respaldada en este abolengo, la familia expandió sus latifundios sobre las vegas aluviales más productivas de los ríos Tula y Candelaria, acelerando la introducción del cercado con alambre de púas. En términos estructurales, cercar los potreros clausuró las aguadas y los abrevaderos históricos, asfixiando las milpas comunales e incorporando a los campesinos desposeídos a esquemas forzados de aparcería.
De forma paralela, el cruce biológico y social de estos linajes de origen francés y de contingentes posteriores de inmigrantes con las familias criollas locales detonó un fenómeno demográfico muy particular en la cuenca baja orizatlense. Con las décadas, este mestizaje dio pie a un fenotipo de rasgos singulares que cimentó una fama extendida comarcal por la excepcional belleza física de las mujeres de San Felipe Orizatlán; un rasgo de orgullo local en las ferias patronales de la Huasteca que, según la crónica popular, despertaba recelos recurrentes en los círculos sociales de la capital pachuqueña.
El pacto de Huejutla: La alianza con el clan Azuara
La supervivencia de estas inmensas extensiones ganaderas frente a los reclamos del agrarismo cardenista no habría sido posible sin un esquema de blindaje político centralizado. Los De la Torre estructuraron un acuerdo pragmático con el clan hegemónico del norte hidalguense: la dinastía de los hermanos Amado y Jesús Azuara. Con Amado Azuara instalado en la gubernatura del estado a inicios de los años veinte y Jesús operando desde el Senado de la República, el grupo controlaba tanto el Tribunal Superior de Justicia en Pachuca como las comandancias del Ejército Mexicano destacadas en Huejutla.
El engranaje funcionaba bajo una estricta reciprocidad económica y territorial. Mientras la maquinaria burocrática de los Azuara empantanaba y desechaba las solicitudes de dotación ejidal tramitadas por los comités campesinos de Orizatlán, los De la Torre sufragaban las campañas de los candidatos oficiales, proveían cabezas de ganado para la red de abasto regional y fungían como movilizadores y garantes del orden territorial que requería el partido oficial.
Pistoleros de confianza y las guardias blancas del latifundio
En el terreno donde las maniobras legales de los Azuara no bastaban para disuadir la protesta social, los De la Torre operaban con fuerza paramilitar. Los cascos de sus ranchos sirvieron de cuarteles para cuadrillas de “pistoleros de confianza”, jinetes armados con carabinas Winchester 30-30 y revólveres Colt .44 y .38 Special que hacían las veces de guardias blancas privadas.
La encomienda central de estos gatilleros fue erradicar sistemáticamente cualquier intento de organización comunitaria. Los liderazgos agrarios que promovían la restitución de tierras eran emboscados en las veredas de herradura que conectaban con Tamazunchale y Huejutla. Dada la subordinación de los jueces locales y de los agentes del Ministerio Público, los homicidios perpetrados por las guardias blancas se consignaban en actas oficiales como “riñas en cantinas” o actos legítimos de “defensa de la propiedad privada”. Si ingenieros o comisiones de la Comisión Nacional Agraria pretendían deslindar polígonos ejidales, los hombres a caballo de la hacienda los expulsaban a tiros bajo la coartada de repeler a presuntos abigeos.
Transición institucional y la periferia del poder
Para la década de 1970, la irrupción de movimientos agrarios independientes y el despliegue del ejército federal desarticularon progresivamente los ejércitos caciquiles de la región. De manera muy somera y tangencial a este proceso de pacificación regional, comenzó a registrarse en la periferia institucional el apellido Viggiano. Este linaje, portador de una herencia italiana dispersa, se expandió discretamente a través de un tripié genealógico afincado entre San Juan Ahuehueco, el propio San Felipe Orizatlán y el municipio de Xilitla en San Luis Potosí, sirviendo apenas como una de las tantas transiciones hacia la burocracia civil.
Lejos de extinguirse, los De la Torre absorbieron la modernización productiva: el apellido fue abreviado administrativamente como Torres y sus descendientes asumieron representaciones en cabildos (como Gustavo Torres Sánchez al frente de la alcaldía entre 1979 y 1982), notarías públicas y la presidencia de la Asociación Ganadera Local.
Este nuevo pacto orizatlense amalgamó al viejo linaje de los Latour con los demás grupos dominantes que rigen el municipio hasta hoy: la dinastía de los Rivera, que consolidó una presencia casi ininterrumpida en la presidencia municipal; los clanes comerciales Saab, de origen libanés, que capitalizaron el mercado local; y la familia Andrade, terratenientes originarios de parajes históricos coloniales como Tepantitla que conservaron su vigencia mediante notarías, despachos jurídicos y candidaturas contemporáneas. La vieja ley de las guardias blancas dio paso a una red de parentesco y acuerdos corporativos, en la que el antiguo poder rural simplemente cambió el uniforme ecuestre por el escaño institucional.
