El periodico que vela por el pueblo y la verdad
En México, Jorge Amílcar Olán Aparicio es el nombre que concentra una red de negocios públicos, relaciones políticas y acusaciones fiscales que atraviesan medicamentos, trenes, combustible, sociedades en Estados Unidos y propiedades de lujo en México y Suiza. El empresario tabasqueño es cercano a Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y su expansión empresarial coincidió con el gobierno que se presentó como la Cuarta Transformación: un proyecto que prometió combatir la corrupción y acabar con los privilegios políticos.
Los montos reportados alrededor de las empresas vinculadas con Jorge Amílcar Olán Aparicio se acercan a 220 millones de dólares, casi un cuarto de billón. La cifra reúne contratos de medicamentos, negocios de balasto, cotizaciones de transporte, utilidades mencionadas en audios y un posible perjuicio fiscal calculado por el Servicio de Administración Tributaria. El dinero aparece distribuido en distintos contratos y sociedades, pero los nombres se repiten y las conexiones vuelven a aparecer en cada etapa de la historia.
El caso no comenzó en Suiza. Comenzó antes, en Tabasco, cuando Jorge Amílcar Olán Aparicio dejó de moverse únicamente en el negocio de materiales para construcción y sus empresas comenzaron a participar en operaciones públicas de mayor escala. La relación personal con los hijos de López Obrador adquirió relevancia cuando Romedic entró al mercado de medicamentos, mientras otras compañías de su entorno comenzaban a participar en negocios de infraestructura y combustibles.
Entre 2020 y 2022, Romedic recibió aproximadamente 27.1 millones de dólares por la venta de medicamentos y material de curación. En 2023 obtuvo otro contrato de Quintana Roo por unos 16.3 millones de dólares. A esas operaciones se suman cerca de 19 millones de dólares adjudicados por el IMSS a empresas relacionadas con Juan Carlos de la Cruz Murillo, vinculado con Romedic, Poyago y Portacelis Gas and Oil. En conjunto, los negocios médicos reportados superan los 62 millones de dólares.
La cifra no es una anécdota administrativa: se trata de recursos públicos destinados a la salud. Para saber cómo se obtuvieron esos contratos habría que revisar los precios, las facturas, las entregas, las empresas proveedoras y las transferencias posteriores. También habría que determinar si los productos se compraron a valores de mercado o si hubo intermediarios que encarecieron las operaciones.
La siguiente conexión aparece en el balasto de los trenes. El material es la piedra triturada que se coloca debajo de los rieles para sostener las vías y distribuir el peso de los convoyes. En el Tren Maya y el Tren Interoceánico, dos de las obras más importantes del gobierno de López Obrador, la extracción, producción y transportación del balasto se convirtieron en negocios de gran escala.
En audios difundidos por Latinus, una voz atribuida a Jorge Amílcar Olán Aparicio menciona una utilidad de aproximadamente 13.8 millones de dólares en seis meses por la producción de balasto. En esas conversaciones también se menciona a Gonzalo “Bobby” López Beltrán en relación con la apertura del negocio. La grabación no resuelve por sí sola qué papel desempeñó el hijo del expresidente, pero sí coloca su nombre dentro de una conversación sobre contratos, precios y ganancias.
Otros reportes mencionan cotizaciones de hasta 110.7 millones de dólares para transportar el material hasta Cancún. Una cotización no equivale a un pago, pero permite observar la dimensión económica del negocio. La operación no consistía únicamente en vender piedra: incluía permisos mineros, extracción, trituración, transporte, entrega y cobro. En las investigaciones aparecen Construcsol, Grupo Minero Alicante y otras empresas relacionadas con el suministro de balasto.
El capítulo más delicado está en Portacelis Gas and Oil. La empresa, administrada por Juan Carlos de la Cruz Murillo, habría importado diésel por ferrocarril en 2025. Según documentos del SAT difundidos por MCCI, Portacelis declaró un volumen de combustible muy inferior al que realmente habría ingresado a México. La diferencia sería de más de 83 millones de litros de diésel, y el posible perjuicio fiscal se calcula en aproximadamente 46.2 millones de dólares.
El mecanismo señalado se conoce como “huachicol fiscal”: importar más combustible del declarado, emplear documentación incorrecta o pagar impuestos sobre una cantidad menor. Entre los proveedores mencionados aparece Ikon Midstream, una empresa con domicilio en Houston. El diésel habría ingresado por ferrotanques a través de las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros.
El SAT llevó el caso ante la Fiscalía General de la República. Después, un reporte periodístico informó que la FGR habría obtenido una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán Aparicio por delincuencia organizada y posibles delitos fiscales vinculados con Portacelis. Días después, la fiscal general Ernestina Godoy negó públicamente que existiera esa orden y también descartó una orden contra Andy López Beltrán.
La contradicción dejó una pregunta abierta: ¿había o no una orden judicial contra el empresario? Mientras la Fiscalía negaba su existencia, un equipo de Azteca Noticias localizó a Jorge Amílcar Olán Aparicio en Lugano, Suiza, dentro de una residencia de lujo. Después de la difusión del reportaje, medios informaron que habría abandonado el inmueble, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su salida.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Fiscalía debe actuar si existen pruebas. El gobierno trasladó así la responsabilidad a la institución que ya había negado la existencia de una orden de aprehensión. Para muchos mexicanos, la respuesta resulta insuficiente: el SAT señala un posible perjuicio de decenas de millones de dólares, las investigaciones periodísticas acumulan contratos y sociedades, y el principal empresario señalado permanece fuera del país sin que exista una explicación oficial completa.
Mientras el caso avanzaba, Jorge Amílcar Olán Aparicio extendió su estructura empresarial a Texas. El 25 de junio de 2026 constituyó Stone Basaltico LLC, donde aparece como único accionista. Poco después se creó Basalt Group LLC, relacionada con Stone Basaltico y Quincar. Las sociedades comparten un domicilio en Bay City.
Crear una empresa en Estados Unidos no constituye un delito, pero los nombres y las fechas resultan relevantes porque remiten directamente al negocio del balasto, el mismo sector en el que Jorge Amílcar Olán Aparicio aparece relacionado con audios, contratos y operaciones ferroviarias. Para saber qué función cumplieron esas compañías habría que revisar sus cuentas bancarias, contratos, clientes, declaraciones fiscales y beneficiarios finales.
El caso también llegó a Estados Unidos por la situación de Andy López Beltrán. The New York Times informó que dos agencias estadounidenses revisaban acusaciones relacionadas con posibles vínculos de Andy con el contrabando de combustible y el crimen organizado. Hasta ahora no se han informado cargos formales contra él ni se ha explicado públicamente qué agencias participan. Andy confirmó que Estados Unidos revocó su visa y calificó la decisión como política. La cancelación de una visa no equivale a una condena, pero ocurrió mientras aumentaban los señalamientos sobre los negocios de su círculo.
El patrimonio de Jorge Amílcar Olán Aparicio también quedó bajo escrutinio. Se le relaciona con un predio en Polanco, con dos departamentos en Puerto Cancún valuados en aproximadamente 1.7 millones de dólares y con la residencia de lujo en Lugano. Ninguna propiedad demuestra por sí sola la existencia de un delito, pero todas forman parte de una pregunta central: cómo creció su patrimonio, quién pagó los inmuebles y qué relación existe entre esos activos y las empresas que obtuvieron contratos públicos.
Al convertir los principales montos reportados al tipo de cambio de referencia, la suma se acerca a 220 millones de dólares, casi un cuarto de billón. La cantidad reúne contratos médicos, operaciones ferroviarias, cotizaciones de transporte, utilidades mencionadas en audios y un posible daño fiscal. No es correcto afirmar que Jorge Amílcar Olán Aparicio se embolsó todo ese dinero, pero sí que las operaciones vinculadas con su red empresarial alcanzan una escala extraordinaria.
El caso no demuestra por sí solo que Jorge Amílcar Olán Aparicio, Andy López Beltrán o Gonzalo López Beltrán hayan cometido un delito. Pero sí reúne suficientes elementos para exigir una investigación formal, transparente y capaz de seguir el dinero desde los contratos hasta los beneficiarios finales.
Si todo fue legal, deben publicarse los contratos, las facturas, los precios, los permisos mineros, los registros aduanales, las transferencias y los nombres de quienes controlan las empresas. Si hubo sobreprecios, tráfico de influencias o fraude fiscal, la Fiscalía debe actuar con la misma rapidez con la que suele actuar contra cualquier ciudadano sin conexiones políticas.
Jorge Amílcar Olán Aparicio es hoy el empresario que muchos mexicanos quieren ver investigado. No sólo por los contratos, los audios, el combustible o las propiedades, sino por la respuesta institucional: la Fiscalía niega la orden, el gobierno pide pruebas y el empresario permanece fuera de México mientras la ruta del dinero sigue sin una explicación completa.
El caso ya no se sostiene únicamente en reportajes. Está respaldado por contratos, registros corporativos, documentos fiscales, audios y una secuencia de negocios que vuelve a los mismos nombres. La pregunta ya no es quién es Jorge Amílcar Olán Aparicio, sino por qué el gobierno todavía no lo toca y por qué parece más interesado en negar que lo protege que en demostrar que está dispuesto a investigarlo.
