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Obras que no terminan, servicios que no llegan y cientos de millones de pesos pendientes de aclaración ante la Auditoría Superior de la Federación.
Hidalgo | Actualizado al 1 de octubre de 2026
Más de 3 mil millones de pesos están relacionados con contratos, proyectos y compromisos vinculados con el gobierno de Omar Fayad. Parte de esos recursos fue ejercida durante su administración; otra quedó en obras inconclusas, obligaciones pendientes o contratos que Julio Menchaca heredó, continuó o modificó.
El resultado está a la vista: obras que no terminan, servicios que no llegan y cientos de millones de pesos pendientes de aclaración ante la Auditoría Superior de la Federación.
Por eso la pregunta es directa: si Fayad se robó más de 3 mil millones de pesos, ¿por qué Menchaca lo sigue tapando?
Omar Fayad gobernó Hidalgo entre 2016 y 2022. Durante su administración se originaron contratos y proyectos que después fueron cuestionados por sus costos, retrasos, inconsistencias documentales o falta de resultados visibles. La información disponible permite reconstruir un expediente de recursos comprometidos, obras inconclusas y operaciones cuya justificación sigue sin convencer.
Julio Menchaca llegó al gobierno con la promesa de revisar las cuentas del pasado. Su discurso fue claro: no habría protección para quienes hubieran utilizado el presupuesto en beneficio propio. Sin embargo, después de varios años, su administración no ha presentado una explicación completa sobre cuánto se pagó, quién recibió el dinero, qué obras se terminaron y qué funcionarios o empresas fueron sancionados.
Menchaca puede decir que heredó los problemas. Lo que ya no puede decir es que no tiene responsabilidad sobre ellos. Recibió los expedientes, asumió el control de los recursos y decidió qué contratos continuaban, cuáles se modificaban y cuáles se pagaban.
Si encontró irregularidades, debió denunciarlas. Si los contratos eran legales, debía demostrar que fueron cumplidos. Si había responsables, debía sancionarlos.
En lugar de eso, el caso permanece atrapado entre auditorías, aclaraciones y explicaciones técnicas que no responden la pregunta fundamental: ¿dónde quedó el dinero?
Uno de los contratos más llamativos fue asignado en 2024 a Ingenia AG, S.A. de C.V., por 252 millones 107 mil 906 pesos, para adquirir equipo médico, insumos y material de laboratorio destinados a los Servicios de Salud de Hidalgo.
Un contrato de esa magnitud debería poder seguirse hasta el último insumo: qué se compró, en qué cantidades, cuándo se recibió, a qué centros de salud se distribuyó y qué controles se utilizaron para comprobar que los productos llegaron a los pacientes.
Pero la realidad volvió a contradecir al discurso oficial.
En abril de 2026, habitantes de Tenango de Doria reclamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum la falta de medicamentos y personal médico durante una visita oficial. Los pobladores no hablaron de trámites ni de expedientes: denunciaron que acudían a los servicios de salud sin encontrar los medicamentos necesarios.
Sheinbaum acudió al centro de salud y reconoció que había aproximadamente 80 por ciento de abasto. El 20 por ciento restante, explicó, estaba relacionado con problemas de suministro. Después se ordenó enviar medicamentos y se pusieron en marcha las Rutas de la Salud.
La escena fue contundente: mientras el gobierno reportaba contratos por cientos de millones de pesos, los ciudadanos tenían que detener a la presidenta para pedir medicinas.
Menchaca debe explicar qué se compró, cuándo llegó, dónde se distribuyó y si se sancionó a la empresa proveedora. También debe informar si hubo pagos por productos que no fueron entregados a tiempo o que no llegaron a las unidades médicas.
Porque una cosa es firmar un contrato y otra muy distinta es que el medicamento llegue a la farmacia de un centro de salud.
Otro caso es el Hospital General de Actopan, cuya terminación recibió un contrato por 176 millones 276 mil 13 pesos. La obra llevaba años detenida y, pese a los recursos destinados, continúa sin cumplir plenamente el servicio prometido.
La construcción permaneció abandonada durante aproximadamente seis años. En 2023, el gobierno anunció que sería reanudada. La Secretaría de Salud ha estimado que la inversión total alcanza 718 millones de pesos y que el proyecto beneficiaría a más de 123 mil habitantes.
Pero para la población no importa cuánto se anunció. Importa cuándo podrá utilizar las instalaciones.
Un hospital no se convierte en solución porque exista un contrato o porque se anuncie su terminación. Tiene que estar terminado, equipado y en condiciones de prestar atención médica. Debe contar con personal, medicamentos y servicios funcionando.
Mientras eso no ocurra, los millones invertidos no se reflejan en una mejor atención para la región.
Menchaca debe informar cuánto se ha pagado, cuánto falta para concluir la obra, por qué continúa sin funcionar plenamente y quién debe responder por los retrasos. También debe aclarar si hubo modificaciones al contrato original, ampliaciones presupuestales o pagos adicionales.
El Hospital General de Actopan es una prueba sencilla para el gobierno: si la obra está terminada, que muestre el acta de entrega, el equipamiento, el personal y la fecha de operación. Si no lo está, que explique dónde quedó el dinero.
A los contratos se suma la revisión de la Auditoría Superior de la Federación. El gobierno de Hidalgo tiene pendientes por aclarar 603.8 millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2024.
Las observaciones incluyen recursos federales, contratos relacionados con agua, falta de comprobantes, inconsistencias en firmas, reportes de obra, estimaciones, actas de terminación y finiquitos.
También se han reportado cifras de 582.9 millones de pesos sujetas a aclaración en otros cortes de fiscalización. Las cantidades corresponden a distintas entregas y revisiones, por lo que el gobierno debe publicar una relación consolidada que indique qué observaciones son nuevas, cuáles fueron solventadas y cuáles continúan pendientes.
La revisión incluye más de 530 millones de pesos asociados con contratos del organismo estatal de agua. En los expedientes aparecen problemas con la documentación justificativa y comprobatoria, así como inconsistencias en las firmas de responsables de obra y en los documentos utilizados para demostrar la conclusión de los trabajos.
Dicho en palabras sencillas: en algunos casos, el gobierno no ha presentado documentos suficientes para demostrar que el dinero se gastó correctamente y que las obras se hicieron como estaban previstas.
También se identificó un posible perjuicio por más de 1.2 millones de pesos porque no se acreditó la propiedad del inmueble donde se ejecutó una obra.
Una observación de la ASF no equivale automáticamente a una sentencia, pero tampoco es una absolución. Significa que la autoridad fiscalizadora encontró elementos que deben ser explicados. Mientras las aclaraciones no sean aceptadas, los recursos permanecen bajo escrutinio.
Menchaca no puede esconderse detrás de la palabra “observación”. Debe decir qué se aclaró, qué sigue pendiente, qué funcionarios fueron llamados a responder, qué proveedores fueron sancionados y cuánto dinero se recuperó.
El expediente tampoco se limita a contratos y obras. Durante el gobierno de Fayad surgió el caso conocido como la Estafa Siniestra, una red de presuntos desvíos mediante la cual se habrían dispersado al menos 522 millones de pesos a empresas y municipios.
La investigación alcanzó a exfuncionarios, alcaldes y otros operadores. Sin embargo, el exgobernador no ha enfrentado públicamente una acusación penal equivalente a la dimensión de los señalamientos políticos que pesan sobre su administración.
A esto se suma el caso de Accendo Banco. Reportes periodísticos documentaron que durante el gobierno de Fayad se depositaron cientos de millones de pesos en esa institución financiera, que posteriormente quebró. Una de las cifras citadas señala que alrededor de 807 millones de pesos quedaron atrapados, mientras otros reportes posteriores hablan de 864 millones relacionados con fondos de inversión que Hidalgo no pudo recuperar plenamente.[iecm][reporteindigo]
La Fiscalía General de la República abrió una carpeta para investigar la operación, pero posteriormente se informó que la indagatoria concluyó sin consecuencias penales para Fayad.[reporteindigo]
Ahí aparece una de las contradicciones más graves: mientras el gobierno de Menchaca afirma que las investigaciones contra funcionarios de Fayad continúan, los casos que podrían comprometer directamente al exgobernador no han producido una sanción pública proporcional a la magnitud del daño señalado.
Menchaca ha dicho que el nombramiento de Fayad como embajador no era un pase de impunidad y que las investigaciones continuarían. Pero una investigación que no llega a responsables, sanciones ni recuperación de recursos termina pareciendo una promesa diseñada para ganar tiempo.[wradio.com][debate.com]
Mientras en Hidalgo seguían abiertas las preguntas sobre los recursos públicos, Omar Fayad fue nombrado embajador de México en Noruega. Presentó sus cartas credenciales y asumió el cargo diplomático en diciembre de 2023.[informe.asf.gob][am.com]
El nombramiento provocó críticas porque fue interpretado como una recompensa política después de que Fayad se distanciara del PRI y se acercara al proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Organizaciones y legisladores lo calificaron como un premio al entreguismo y al amiguismo.[congresohidalgo.gob]
La imagen es difícil de ignorar: en Hidalgo, la población espera medicamentos, obras y explicaciones; en el extranjero, el exgobernador representa a México con rango diplomático.
Y mientras el gobierno estatal habla de investigaciones, Fayad conserva una posición política privilegiada. No enfrenta una condena. No ha sido obligado públicamente a devolver los recursos cuestionados. Tampoco ha respondido ante los ciudadanos por el conjunto de contratos, depósitos y decisiones que dejaron a Hidalgo con pérdidas y expedientes abiertos.
Para la gente, el mensaje es brutal: cuando un ciudadano común enfrenta una acusación, enfrenta el peso de la ley; cuando un político poderoso queda bajo sospecha, puede terminar premiado con una embajada.
La respuesta podría estar en los contratos, en las empresas beneficiadas, en los funcionarios que permanecen en el servicio público y en las decisiones tomadas después de 2022.
Investigar a Fayad a fondo podría revelar que la red no terminó con su gobierno. Podría mostrar quién recibió los recursos, quién autorizó los pagos, quién validó los avances y qué funcionarios actuales decidieron continuar o modificar los contratos.
Por eso la investigación no puede limitarse al exgobernador. También debe alcanzar a quienes, bajo el gobierno de Menchaca, recibieron, pagaron, modificaron o dejaron sin aclarar esas operaciones.
La ciudadanía no votó para que cambiaran los nombres mientras permanecían las mismas prácticas. Votó para que se investigara. Votó para saber dónde estaba el dinero. Votó por sanciones, no por discursos.
Hasta ahora, lo que aparece es una cadena de silencios: Fayad no explica; Menchaca no transparenta; las dependencias responden con tecnicismos; las empresas siguen operando y la población continúa esperando servicios.
Más de 3 mil millones de pesos debieron traducirse en medicamentos disponibles, infraestructura hospitalaria terminada, obras hidráulicas funcionales y servicios públicos eficaces. En cambio, dejaron obras que no terminan, servicios que no llegan y cientos de millones de pesos pendientes de aclaración.
Eso no es transformación. Es continuidad con otro discurso.
Fayad se robó más de 3 mil millones y Menchaca lo sigue tapando porque abrir completamente el expediente podría exhibir no sólo al exgobernador, sino también a quienes hoy tienen la obligación de investigar.
Y a pesar de que Omar Fayad está vinculado políticamente con el escándalo de la Estafa Siniestra y con operaciones financieras que dejaron cientos de millones de pesos en riesgo, Claudia Sheinbaum no lo puso bajo investigación pública ni exigió cuentas antes de premiarlo con una embajada.
Lo mandó a Noruega.
Mientras los hidalguenses enfrentan obras inconclusas, desabasto y servicios deficientes, el exgobernador señalado recibió un cargo diplomático. La recompensa llegó antes que la rendición de cuentas.
Si Fayad es responsable, que lo procesen. Si los contratos fueron legales, que lo demuestren. Si Menchaca no tiene nada que ocultar, que publique todo.
Porque cuando un gobierno se niega a explicar dónde quedó el dinero y, además, permite que los señalados sean premiados en lugar de investigados, el silencio deja de ser una omisión.
Se convierte en parte de la complicidad.
