El periodico que vela por el pueblo y la verdad
Autlán no llegó a la Sierra de Hidalgo como salvadora, sino como empresa que vino por la riqueza de la tierra, para llevarse el mineral y despojar a los lugareños de un mejor futuro. Se instaló en Molango, se extendió por la región y, con los años, se convirtió en parte del panorama económico y político de esa franja de Hidalgo. Primero vinieron la promesa de empleo, la derrama y el desarrollo; después, el paso de la maquinaria, los caminos rotos, el polvo en las comunidades y la vieja pregunta que sigue viva entre los pueblos: ¿por qué se llevan tanto de aquí y dejan tan poco?
Ese es el fondo del conflicto que hoy vuelve a situar a Molango, Tepehuacán de Guerrero y Tlanchinol en el centro de la discusión. La minería no se vive ahí como una promesa cumplida de progreso, sino como una fuerza que entró al territorio, se quedó durante décadas y terminó marcando la vida pública, la economía local y el desgaste ambiental de la región. Primero llegó el manganeso; después, la operación industrial; luego, la costumbre de convivir con el ruido, el tránsito pesado, la contaminación y la sensación de que la riqueza sale de los montes, pero no termina de quedarse en las casas.
La chispa más reciente se encendió en Molango. La alcaldesa Isabel Ramírez Mercado pidió más compromisos a Minera Autlán y recibió una respuesta que cayó mal: la empresa dijo que no tiene capacidad económica para asumir más obligaciones. En una región donde el reclamo por los efectos de la minería lleva décadas acumulándose, la frase sonó más a evasión que a explicación.
Autlán no nació en la Sierra de Hidalgo. La empresa surgió en Jalisco en los años cincuenta, pero hacia 1960 comenzó la exploración del Distrito Manganesífero de Molango y en 1968 quedó formalmente establecida la Unidad Molango. A partir de ahí, la operación dejó de ser una visita técnica y se convirtió en un actor permanente en el territorio.
Con el paso del tiempo, la empresa no solo se afianzó como explotadora de manganeso, sino que también se convirtió en parte del paisaje económico regional. Al comienzo, su presencia se hizo sentir en el empleo, en la circulación de mercancías, en la infraestructura asociada a la extracción y en la manera en que varios municipios empezaron a relacionarse con una actividad que ya no era eventual, sino estructural. En otras palabras: la mina dejó de ser una novedad y se volvió costumbre. Y cuando una empresa se vuelve costumbre, también se vuelve poder.
La propia narrativa empresarial insiste en que la llegada de Autlán trajo carretera, electricidad, empleo y cierta modernización a las comunidades vecinas. Ese relato forma parte de la memoria regional. Pero también existe el otro lado, el que domina hoy la conversación: la minería de manganeso se volvió sinónimo de polvo, humo, daño a la salud y de caminos castigados por el tránsito pesado.
La Sierra de Hidalgo no se entiende sin manganeso. Desde la segunda mitad del siglo XX, el distrito de Molango se convirtió en uno de los centros más importantes de extracción de ese mineral en México. Hoy, Hidalgo encabeza la producción nacional de manganeso, con más de 799 mil toneladas extraídas según el último registro citado por la prensa especializada. La magnitud del proyecto explica por qué la región quedó atada a la mina, pero no por qué el costo social ha sido tan alto.
La Unidad Molango ha sido descrita como uno de los yacimientos más importantes del mundo en manganeso de grado metalúrgico y cuenta con una infraestructura singular para procesar el mineral. Cuando una operación tiene esa escala, el impacto tampoco se queda chico. La riqueza que sale de ahí ayuda a alimentar cadenas industriales de gran valor, pero en los pueblos cercanos, lo que más se recuerda no es la escala del negocio, sino la del desgaste.
A pesar de los billones que genera Autlán, los empleos que ofrece a los habitantes de la zona son del peor nivel: personal de limpieza y choferes de camiones.
Los efectos no se quedaron en los libros. Pobladores de Naopa, Chiconcoac, Tolago y otras comunidades cercanas han denunciado durante años dolores de cabeza, irritación ocular, pérdida de memoria, problemas respiratorios y afectaciones estructurales en viviendas y en los caminos. A eso se suman los reportes sobre la contaminación del río Claro y la presencia de residuos tóxicos en las comunidades de Molango y Tepehuacán, en Guerrero.
El Instituto Nacional de Salud Pública detectó concentraciones elevadas de manganeso en sangre en la población cercana a la explotación, y reportes retomados por organizaciones y prensa señalaron que cerca del 50 por ciento de la población estudiada estaba por encima de los niveles recomendados internacionalmente. En adultos expuestos cerca de la zona minera, también se documentaron problemas neurológicos y temblores similares a los del Parkinson.
Esos datos son los que vuelven insuficiente cualquier discurso triunfalista. Porque una cosa es hablar de inversión y otra, muy distinta, es mirar de frente a una comunidad que asocia la presencia minera con problemas de salud, aire cargado de contaminantes y el deterioro del entorno.
Molango fue el detonante más reciente, pero no el único punto de presión. En ese municipio, encabezado por la alcaldesa María Isabel Ramírez Mercado, la discusión se reactivó cuando volvió a quedar claro que la minería ya no es sólo una actividad económica, sino un poder que condiciona la vida pública, el territorio y la relación entre el gobierno local y la empresa. Tepehuacán de Guerrero y Tlanchinol forman parte del mismo corredor de afectaciones, donde la presencia minera no se vive como tradición ni como identidad compartida, sino como una presión externa que ha ido modificando el entorno y dejando una sensación creciente de despojo.
En Tepehuacán de Guerrero se han documentado polvos negros, respiraderos y daños a la vegetación. En Molango y Tepehuacán, activistas han denunciado descargas de diésel, aceite y agua no tratada al río Claro, lo que ha encendido la alarma por el deterioro de la cuenca y los riesgos para las comunidades que dependen de ella. La afectación también alcanza localidades de Tlanchinol, que comparten el mismo corredor ambiental y el mismo reclamo por caminos, agua y suelo cada vez más castigados.
Lo importante es entender que estos municipios no están al margen del conflicto: son el lugar donde el costo se siente con mayor fuerza. Ahí, la minería no se reduce a una cifra de producción ni a un discurso sobre derrama económica, sino a una experiencia cotidiana de desgaste. Cambia el territorio, cambia la rutina y también cambia la relación entre la comunidad y el poder, porque una empresa que se vuelve parte del panorama regional termina influyendo no solo en la economía, sino también en la política local y en la forma en que se administra el conflicto.
La alcaldesa de Molango, Isabel Ramírez Mercado, intentó arrancar más compromisos de Autlán y se topó con un ‘no’. La respuesta de la empresa fue la que cualquier gerente da cuando quiere mantener el control: no hay capacidad económica para asumir más obligaciones. El problema es que esa frase, en una zona donde la mina lleva más de medio siglo y forma parte del panorama económico regional, no se recibe como explicación sino como desprecio.
Ese choque evidencia la fragilidad del poder municipal. Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de responder a la población, pero muchas veces no tienen la fuerza real para obligar a una empresa de esta escala a asumir costos equivalentes a los daños que genera. El resultado es una política de negociación asimétrica: el municipio pide, la empresa decide cuánto escucha y la comunidad espera.
Y ahí está uno de los nudos del problema. Cuando una empresa se integra en el panorama económico y político de una región, su peso deja de ser únicamente empresarial. También se vuelve una influencia, una interlocutora obligada y una capacidad para marcar el ritmo de la discusión pública. Autlán ha sido capaz incluso de imponer candidatos que luego vuelve alcalades con el apoyo de su poder económico.
Desde Pachuca, el tema suele presentarse como un asunto de coordinación o de desarrollo regional. Pero en las comunidades la lectura es otra. La capital administra el conflicto, pero no lo resuelve. Y cuando el Estado llega tarde, la población concluye que la mina opera con demasiada comodidad. Los alcaldes de la zona en su mayoria no se meten con la minera, no revisan que paguen los impustos que deben y encima de todo los tratan como intocables, dejando del lado los intereses del pueblo ya que prefieren quedarse en su zona de confort y evitar problemas.
Esa distancia ayuda a explicar por qué el conflicto vuelve una y otra vez. No se trata sólo de un pleito puntual. Se trata de una estructura en la que la riqueza mineral se mueve hacia arriba y el desgaste se queda abajo. Por eso la discusión en Molango, Tepehuacán y Tlanchinol no es sólo minera: es política, ambiental y social.
Lo que la gente percibe es simple: la empresa busca ganancias, pero los pueblos viven las consecuencias. Y cuando el lenguaje del gobierno se limita a la administración del conflicto, la sensación de abandono crece. En ese vacío, la empresa sigue operando y las comunidades siguen esperando.
La historia de Autlán en la Sierra de Hidalgo tiene dos versiones. La primera, la que suele aparecer en el discurso empresarial, habla de carreteras, electricidad, empleo y modernización. La segunda, la que domina hoy entre pobladores y organizaciones, habla de contaminación, de afectaciones a la salud y de una explotación que ha dejado una huella difícil de borrar.
La discusión no se cerrará con una respuesta administrativa ni con una mesa de diálogo más. Mientras Autlán siga operando en la Sierra de Hidalgo y las comunidades sigan cargando con los costos, la tensión seguirá viva. Molango, Tepehuacán de Guerrero y Tlanchinol ya no discuten sólo una compensación; discuten el modelo completo de relación entre la empresa, el territorio y el poder público.
La lección, por ahora, es dura: una mina puede permanecer durante décadas, volverse parte del panorama económico de una región y arraigarse en su vida política; lo que no logra instalarse con la misma facilidad es la justicia para quienes viven encima de ella.
