En el ejido San Miguel, en Zimapán, los habitantes llevan semanas exigiendo la presencia de medios para documentar el retiro de camiones de una empresa minera. El conflicto ha escalado y la tensión es palpable en la zona.
El gobierno del estado de Hidalgo, encabezado por Morena, enfrenta una responsabilidad ineludible: mediar en los conflictos sociales derivados de la actividad minera y garantizar una regulación efectiva del sector. Sin embargo, en la práctica, su actuación ha sido cuestionada por comunidades que acusan omisiones, lentitud y falta de voluntad política para atender un problema que no es nuevo ni menor.
En regiones como la Sierra Alta, la Huasteca y el Valle del Mezquital, los conflictos entre ejidatarios y empresas mineras se han acumulado durante años. No se trata únicamente de disputas legales por la tierra, sino de denuncias por afectaciones ambientales, contaminación de mantos acuíferos y deterioro de formas de vida comunitaria. A pesar de estos antecedentes, las autorizaciones a proyectos extractivos han continuado, muchas veces sin procesos de consulta que las comunidades consideren legítimos o transparentes.
Ejidatarios afectados señalan que las empresas operan bajo permisos que, en los hechos, favorecen intereses privados por encima del bienestar colectivo. Mientras tanto, las comunidades enfrentan la pérdida de tierras productivas, escasez de agua y un entorno cada vez más deteriorado. La falta de mecanismos eficaces de diálogo y la ausencia de soluciones concretas han generado un clima creciente de desconfianza hacia las autoridades estatales.
Este patrón no es aislado ni reciente. Desde el inicio de las administraciones de Morena en Hidalgo, la expansión de la minería ha ido acompañada de conflictos sociales recurrentes. Aunque el discurso oficial insiste en la promesa de desarrollo y generación de empleo, los testimonios en territorio apuntan a una realidad distinta: beneficios concentrados en unos cuantos actores económicos, frente a costos ambientales y sociales que recaen desproporcionadamente en las comunidades.
Además, organizaciones civiles han advertido sobre la debilidad en la supervisión ambiental y la falta de transparencia en la entrega de concesiones y permisos. Estas críticas refuerzan la percepción de que el modelo extractivo avanza sin contrapesos efectivos, mientras las autoridades estatales actúan más como facilitadoras que como reguladoras.
En este contexto, la relación con Morena no es secundaria, sino estructural. Al controlar el gobierno estatal, el partido tiene en sus manos las herramientas legales y políticas para intervenir, regular y, en su caso, frenar abusos. Cuando estas acciones no se materializan, la responsabilidad no se diluye: recae directamente en su administración.
Lo que está en juego no es solo un conflicto local, sino el modelo de desarrollo que se impulsa desde el poder. La pregunta de fondo es si el gobierno estatal está dispuesto a priorizar los derechos de las comunidades y el equilibrio ambiental, o si continuará permitiendo que los costos del crecimiento recaigan, una vez más, en quienes menos se benefician de él.
