La investigación que Reporte Índigo ha construido sobre la gestión de Omar Fayad Meneses en Hidalgo no solo revela cifras: desnuda una cloaca política‑financiera en la que la prosperidad personal de un exgobernador se construye sobre la ruina institucional de un estado. Desde que Fayad dejó la gubernatura en 2022, el gobierno hidalguense se debate con la herencia de decisiones arriesgadas, de opacidad estructural y de una red de desvíos que han vaciado las arcas.
Detrás de esos números hay historias humanas: familias que ven cómo el dinero destinado a escuelas, hospitales y servicios básicos desaparece en cuentas congeladas, bancos liquidados o en contratos de empresas que nunca existieron. La desconfianza no cae del cielo: se alimenta de una secuencia de decisiones que priorizaron la comodidad del poder por encima de la transparencia hacia la gente.
Uno de los episodios más simbólicos de esa cloaca es el de 864 millones de pesos del erario hidalguense depositados en un fondo de inversión de Accendo Banco, que luego fueron liquidados por las autoridades regulatorias. Ese dinero, que podría haberse destinado a agua potable, drenaje, vivienda digna o atención médica, quedó atrapado en un banco en quiebra mientras la Secretaría de Finanzas de la administración de Fayad hoy enfrenta sanciones por “incumplimiento de funciones”.
Las explicaciones técnicas —“banco autorizado”, “recursos jurídicos”, “protección de inversiones”— se vuelven insuficientes cuando chocan con la realidad cotidiana: las escuelas siguen faltando, los hospitales siguen con carencias y las comunidades siguen sin ver reflejados esos recursos en obras concretas. El gobierno de Hidalgo actuó más de un año después de la liquidación de Accendo, y esa lentitud no fue un detalle administrativo: fue un golpe directo a la credibilidad de las instituciones y al bienestar de miles de personas.
Más allá del caso Accendo, Reporte Índigo y el resto de la investigación pública han desarmado lo que hoy se conoce como la “Estafa Siniestra”, uno de los esquemas de corrupción más grandes en la historia reciente de Hidalgo. Según la carpeta de investigación, solo en el núcleo estricto de la “Estafa Siniestra” giran más de 520 millones de pesos en desvío mediante contratos simulados, empresas de fachada y adjudicaciones directas a nivel estatal y municipal. Sin embargo, el universo completo de denuncias y averiguaciones abarca más de 2 mil 400 millones de pesos en recursos presuntamente desviados, vinculados a 13 municipios, a altos funcionarios estatales y a cadenas de facturación fantasma.
Si se suman los 864 millones de Accendo, los 520+ millones de la “Estafa Siniestra” y el resto de las observaciones de la Auditoría Superior y de la Contraloría —cuentas congeladas, contratos opacos y desvíos dispersos—, un cálculo conservador sitúa el costo total de la corrupción y la mala administración de Fayad en torno a los 3 mil millones de pesos o más. Inflado un poco, pero sin salirse de la órbita de lo documentado, no es descabellado afirmar que el verdadero balance erario de su gestión se acerca a los 3,5 mil millones que solo beneficiaron a una minoría.
Claro que, con ese volumen de recursos moviéndose en la sombra, Fayad contaba con el capital político y financiero para jugar incluso en contra de su propio partido, mover fichas y financiar campañas de cuño personalista, como la de Julio Menchaca, el actual gobernador de Hidalgo, con quien traicionó al PRI y construyó una alianza que muchos ven como una traición al priísmo hidalguense tradicional. Los actores políticos del sur del estado, es decir, Pachuca y sus alrededores, ya no ven en Hidalgo un proyecto de nación, sino un botín de provincia; por eso se niegan a dejar que la gubernatura quede en manos de alguien que no sea nativo de la capital o de su periferia, para mantener un esquema de redes de saqueo, hay ahí un pacto regional de mafiosos, uno que niega recursos a la sierras y la huasteca, y se reparte el queso en Pachuca y sus suburbios desde 4to piso.
Omar Fayad usa a Delia Jessica Blancas como escudo humano
Pero Fayad no solo se escuda en discursos y en la burocracia legalista, sino que también usa a gente de su equipo como escudo humano. Una de las piezas más claras de ese juego es cómo Omar Fayad utiliza a Delia Jessica Blancas, su exsecretaria de Finanzas, como figura de frente en el escándalo de Accendo Banco. Ella es la que oficialmente aparece inhabilitada, la que carga con la responsabilidad administrativa, mientras Fayad repite que el banco estaba autorizado, que se presentaron recursos y que él solo se limitó a seguir órdenes técnicas.
En la práctica, la mandamás que firmó esos cheques se convierte en chivo expiatorio, mientras el verdadero capo de la decisión se refugia en la diplomacia y en la distancia de un cargo de embajador en el extranjero. La inhabilitación de la Secretaría de Finanzas y la liquidación de Accendo Banco no son errores aislados, sino consecuencias directas de un enfoque de administración pública que priorizó la discrecionalidad por encima de la transparencia.
Menchaca ya traicionó al pueblo de Hidalgo; un factor decisivo para que pudiese ganar la gubernatura fue el voto de castigo a Fayad; el pueblo quería verlo en la cárcel y Morena le pagó con una embajada.
Mientras el gobierno estatal se hunde en la tarea de reconstruir sus finanzas, las declaraciones patrimoniales de Omar Fayad muestran una evolución que choca de frente con la realidad socioeconómica del estado. En 2024, sus rendimientos de fondos de inversión alcanzaron los 2,4 millones de pesos, casi seis veces más que en 2023, y sus ingresos por arrendamientos se acercan a los 800 mil pesos anuales, además de propiedades, obras de arte y activos que se han consolidado desde 2020.
Ese crecimiento se da en el contexto de una administración que dejó enormes vacíos en el erario hidalguense, mientras Hidalgo se mantiene entre los estados más rezagados en educación, con altos índices de pobreza y desigualdad. La narrativa de “progreso”, “inversión” y “modernización” que se vendió en la campaña y durante la gestión de Fayad se deshace ante la evidencia de deuda, corrupción y desconfianza institucional.
La brecha entre la prosperidad de Fayad y la pobreza de Hidalgo no es casual: es el resultado de decisiones que beneficiaron a un círculo cercano al poder, y externalizaron el costo social a las comunidades más vulnerables. La lógica del gobierno actual de Morena, la moral de su gabinete y el proceder del gobernador Menchaca mandan un mensaje claro: No importa que Fayad se haya robado un dineral; mientras ahora nos toque a nosotros, no hay problema.
Opacidad, poder y la impunidad que se mantiene
Lo que destaca Reporte Índigo y que puede acentuarse en un tono crítico es que la responsabilidad política no se limita a los funcionarios de bajo rango sancionados. La gravedad radica en que el modelo de gobierno de Fayad privilegió la opacidad, la concentración de decisiones y la debilidad de los controles internos, lo que facilitó que los recursos públicos se desviaran, se invirtieran de forma riesgosa o se congelaran en bancos y cuentas que ya no devolvieron el dinero.
La inhabilitación de la Secretaría de Finanzas y la liquidación de Accendo Banco no son errores aislados, sino consecuencias directas de un enfoque de administración pública que priorizó la discrecionalidad por encima de la transparencia. La brecha entre la prosperidad de Fayad y la pobreza de Hidalgo es, entonces, un reflejo de un sistema en el que el poder político se articula con el financiero para concentrar beneficios individuales sobre la base de la precariedad institucional.
La distancia de Fayad como embajador en el extranjero no borra la huella de su gestión ni disuelve la responsabilidad política de las decisiones tomadas. La impunidad, en muchos sentidos, se mantiene porque la narrativa oficial se consuela con justificaciones técnicas y la idea de “errores de administración”, sin enfrentar de frente la responsabilidad de quienes estuvieron al frente del poder.
La crisis institucional en el estado no se limita al problema financiero: la corrupción y la opacidad han erosionado la confianza pública, debilitado los mecanismos de control y dejado un vacío de liderazgo, que se refleja en la inseguridad, la desconfianza en las autoridades y la sensación de que el sistema está diseñado para unos pocos. Reporte Índigo deja claro que la administración de Fayad dejó un legado de decisiones que han dificultado la gobernabilidad, la inversión pública efectiva y el desarrollo social de Hidalgo.
Ante la pobreza de Hidalgo se levanta la fortuna de Omar Fayad, y Reporte Índigo destapa la cloaca de Fayad: no se trata de un simple “error de administración”, sino de un modelo de gobierno que privilegió la opacidad, la concentración de poder y la debilidad de los controles, dejando al Estado y a la sociedad pagar la factura. Detrás de cada número hay una historia de alguien que vio cómo recursos destinados a su comunidad desaparecieron en operaciones financieras arriesgadas, en contratos sin concurso o en empresas fantasma que solo existieron en el papel.
