

Pachuca, Hidalgo, 10 de febrero de 2026. A este mexicano en Estados Unidos no lo detiene ni el ICE ni la Interpol, César Mora sigue profugo gracias a un laberinto de complicidades. En un giro que deja en ridículo al aparato judicial y a las autoridades estatales, César Román Mora Velázquez, excontralor durante el gobierno de Omar Fayad (2016-2022), se ha cubierto las espaldas con un amparo federal que lo hace intocable por ahora. Se trata del juicio 1091/2025, tramitado en el Juzgado Primero de Distrito de Pachuca, que paraliza cualquier detención inmediata o acción penal directa por la llamada “Estafa Siniestra”. Este mecanismo legal, admitido a trámite en junio de 2025, ha frustrado todos los esfuerzos –o la falta de ellos– de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para ponerlo tras las rejas. Mientras, el gobernador Julio Menchaca promete justicia, pero su equipo no logra ni traerlo de regreso de Estados Unidos.
Vamos por partes, con los hechos sobre la mesa, porque esto no da para más rodeos. Mora fue arrestado el 28 de mayo de 2025 en Miami por agentes de Interpol, gracias a una ficha roja solicitada por la PGJEH. En los cateos a sus propiedades en Hidalgo y Florida, se incautaron cajas fuertes, documentos sensibles y cerca de medio millón de pesos en cuentas bancarias. Estuvo cinco meses detenido hasta que un habeas corpus estadounidense lo liberó el 5 de febrero de este año. Hoy vive en libertad condicional en territorio norteamericano, con tres órdenes de aprehensión pendientes por peculado agravado y tráfico de influencias. ¿La extradición? Un sueño lejano.
Menchaca insiste en que las investigaciones “no prescriben” dada la magnitud del desfalco, pero ni la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) ni la presión diplomática en Washington han dado frutos. El resultado es patético: Mora se ríe desde lejos. Carolina tenía razón, el trabajo de la fiscalía deja mucho que desear. El gobierno estatal opera sin diplomáticos; el diplomático resultó ser el que dice que no vio la estafa pasarle en frente de la cara, Omar Fayad, quien improvisa como embajador mientras es piloto de carreras.
El 11 de enero pasado, a través de un comunicado en Effeta.info, Mora lanzó su dardo: “No existe ningún proceso legal en mi contra; todo es persecución política”. Y, en cierto modo, tiene razón: sin sentencia firme, su defensa ha armado un arsenal de amparos auxiliares, como el 1831/2022 contra la PGJEH y la FGR, o el 2324/2025, que frena publicaciones periodísticas. Menchaca pidió ayuda federal en octubre de 2025, pero ¿qué ha pasado desde entonces? Nada concreto.
Esta parálisis no es casualidad; revela un sistema burocrático que audita con fanfarria, pero falla en lo esencial: cerrar casos y recuperar el dinero público. Este hecho marca un antes y un después en la historia de la libertad de expresión en el estado, el aparato se volca contra los medios y los ordena callar por la vía judicial, es decir, los aliados de Fayad, Morena, controlan el sistema judicial después de la cuestionada reforma judicial.
El remate llegó el 8 de febrero de este año, cuando la jueza Bertha Patricia Orozco ordenó a Criterio Hidalgo eliminar artículos que lo señalaban como el “artífice de la Estafa Siniestra”. El argumento: violación a la presunción de inocencia del artículo 20 constitucional. La orden se propagó como reguero de pólvora. La Silla Rota Hidalgo retiró crónicas sobre los flujos iniciales de 522 millones de pesos desviados en contratos ficticios para obra pública y compras de pandemia. La Jornada Hidalgo borró columnas y tuits de su cuenta @JornadaHidalgo. Effeta.info hizo lo propio con sus archivos digitales. Todo bajo amenaza de multas crecientes.
Organizaciones como Artículo 19 han contabilizado al menos 15 casos parecidos en Hidalgo desde 2025, pero ¿dónde está la respuesta de las autoridades? En lugar de desmentir con pruebas contundentes –transferencias bancarias rastreadas, correos intervenidos, testigos protegidos–, la PGJEH entrega expedientes a medio cocer cuando los jueces exigen “bajar información” completa: datos fiscales, digitales y contractuales. El vacío informativo beneficia al sospechoso, mientras Menchaca se limita a declaraciones genéricas en rodeado de sus aplaudidores locales.
Omar Fayad no solo gobernó Hidalgo; lo vació. Ni hablar de pactos de impunidad, ahora se rie de los hidalguenses desde una embajada en los nórdicos. Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Contraloría estatal –a cargo de Álvaro Bardales Ramírez– y la PGJEH suman 5.200 millones de pesos en irregularidades entre 2016 y 2022. No son cifras infladas: provienen de cuentas públicas revisadas, con un 92% de adjudicaciones directas ilegales y empresas pantalla que funcionaban como lavadoras de dinero. Aquí va el desglose, paso a paso, para que quede claro el tamaño del desastre que las autoridades actuales no han remediado:
| Concepto del Desvío | Monto (millones de pesos) | Detalle Específico y Razón de la Impunidad |
|---|---|---|
| Estafa Siniestra | 2.400 | Fondos extras de 13 ayuntamientos y dos secretarías a compras falsas en pandemia; 95 denuncias, 25 procesados (como Fidel Arce de Epazoyucan), pero el cerebro principal sigue libre. |
| Seguros tras Grace (2021) | 116 | Pólizas del Grupo Mexicano de Seguros desviadas por Martiniano Vega a cuentas como Logcom Trading; daños reales por 1.200 millones sin cubrir. |
| Venta de Helicópteros | 116 | Aeronaves estatales enajenadas sin avalúo ni aprobación legislativa; subvaloradas al 50%. |
| Subastas de Maquinaria | 1.500 | 94 equipos comprados en 2021-2022 con sobreprecios del 40%; solo siete funcionan hoy. |
| Observaciones ASF (2021-2022) | 2.000+ | Fondos sin justificar en Oficialía Mayor (600 millones), Finanzas (800 millones) y Banco Accendo (807 millones atrapados por quiebra). |
| Total Verificado | 5.200+ | Daños patrimoniales confirmados; 81 empresas expulsadas del padrón, pero cero devolución. |
Martiniano Vega, el oficial mayor de Fayad, cumple 12 años por peculado en gel inflado y aeronaves, pero el botín mayor permanece intacto. Fayad, convertido en embajador en Noruega, esquiva cualquier citación porque el contralor considera “ilegal” llamarlo sin denuncia expresa del Congreso local. Menchaca reparte 56 máquinas nuevas por 200 millones como gesto simbólico, pero los 5.200 millones siguen en paraísos fiscales, sin embargos ni congelaciones internacionales. Mientras el ciudadano común batalla, Fayad se divierte en una cede diplomática con la licencia de Morena.
En febrero de 2026, Mora disfruta de libertad condicional en Estados Unidos. Sus bienes –valorados en 15 millones de pesos entre propiedades en Hidalgo y Florida– esperan una extinción de dominio que no llega. No hay sentencia ejecutoria a la vista; las carpetas siguen “abiertas”, como repite Menchaca desde octubre de 2025. Desde su puesto como contralor en 2018, Mora supervisaba licitaciones que lavaban fondos de Fayad hacia proyectos fallidos como las remediaciones del Río Tula. Los cateos lo desnudaron todo, pero la PGJEH no ha triangulado con la FGR para rastrear extensiones offshore. ¿Un tratado bilateral México-EU para extradiciones? Puro papel.
Aunque el foco está en Mora, sus redes con Fayad financiaron constructoras que hoy generan problemas graves, como las 500 viviendas irregulares en Tepeji del Río sobre terrenos SEDATU destinados a equipamiento público. Permisos express de Erik Valdez y Julio Román Tello –este último, priísta reciclado en el equipo de Menchaca–, con mordidas estimadas del 20%.
Más de 200 familias pagan créditos Infonavit por unidades precarias, sin agua estable ni escuelas cercanas. Delincuencia al alza un 18%, heladas del Frente Frío 33 exponiendo vulnerabilidades. Un amparo vecinal duerme en el Tribunal Agrario; el artículo 115 constitucional, ignorado.
La Contraloría depuró 81 empresas del padrón estatal –una de ellas ilegal desde su registro–, pero no hay demoliciones ni moratoria crediticia. Hidalgo suma 13 municipios en líos similares; auditorías de 2025 detectan 45 millones mal gastados solo en obras locales.
Menchaca tiene el control de PGJEH, Contraloría y Congreso local, pero tropieza en extradiciones, embargos y presión judicial. Los jueces piden datos exhaustivos con plazos de seis meses, y reciben versiones incompletas. La FGR federal observa desde lejos; SEDATU convalida programas dudosos. Recomendaciones obvias que nadie aplica: crear un grupo diplomático para Mora, implementar auditorías en tiempo real con inteligencia artificial, recuperar fondos vía Interpol, suspender créditos en zonas irregulares.
Con el nearshoring galopante y elecciones en 2027, esta torpeza cuesta caro: confianza pública erosionada, dinero esfumado, familias en vilo. Datos actualizados al 10 de febrero de 2026 lo dejan claro: el amparo de Mora no es solo un triunfo legal; es el espejo de un sistema que protege a los suyos y falla al pueblo. Hidalgo merece más que promesas.
Referente a Omar:
En México, su caso es uno de los más citados como ejemplo clásico de embajada como “pago político” o recompensa:
Oposición y analistas lo ven como premio por traicionar al PRI y alinear con la 4T/Morena indirectamente.
Gana alrededor de 417 mil pesos mensuales (reportado en 2023-2025), lo que se critica como “retiro dorado”.
Se suma a otros exgobernadores priistas “premiados” con embajadas por AMLO (ej. Quirino Ordaz en España, Claudia Pavlovich en Barcelona como cónsul).
En 2026 sigue en el cargo: recientemente (enero 2026) reapareció en Palacio Nacional reuniéndose con Claudia Sheinbaum
