Sergio Baños en Pachuca e Israel Félix en Mineral de la Reforma encabezaron una de las mayores estafas públicas en la historia reciente de Hidalgo. Bajo su mando, más de doscientos millones de pesos desaparecieron entre facturas falsas, obras fantasma y contratos amañados, mientras ambos alcaldes se refugiaban en el blindaje político que ofrece el poder. No fue un descuido administrativo, fue una estafa siniestra ejecutada con precisión, sostenida por la red de corrupción que Omar Fayad edificó durante años y que hoy sigue protegida bajo el amparo de Morena.
Hidalgo se volvió un laboratorio del saqueo institucionalizado. Los informes de la Auditoría Superior del Estado son una autopsia del fraude: comprobantes inexistentes, pagos duplicados, empresas fantasma, gastos sin evidencia. En cada línea del reporte, los nombres de Pachuca y Mineral de la Reforma se repiten como sinónimo de podredumbre. El dinero público fue pulverizado, mientras sus responsables sonríen, intocables, entre cargos y alianzas políticas que les garantizan impunidad.
En Pachuca, donde reinó Baños Rubio, el desfalco alcanzó casi cien millones de pesos. Una danza de contratos duplicados, pagos sin soporte legal y obras iniciadas solo en papel. Las partidas de limpieza urbana, comunicación social y combustible se transformaron en un agujero negro contable. Los auditores encontraron empresas que no existen, firmas clonadas y facturas emitidas a nombre de supuestos proveedores ligados a funcionarios locales.
La postal más grotesca: cinco millones de pesos destinados a roscas de Reyes que jamás aparecieron. Ni una fotografía, ni una lista de beneficiarios, ni una entrega documentada. Fue el símbolo perfecto de un gobierno que convirtió lo festivo en farsa, lo público en botín.
En Mineral de la Reforma, Israel Félix dejó un rastro paralelo de corrupción. Bitácoras de combustible desaparecidas, seguros de vehículos inexistentes, gastos sociales para nombres inventados. La Auditoría documentó al menos quince millones de pesos sin justificar en gasolina, treinta millones en ayudas sociales que nunca existieron y varios millones más en materiales para obras que jamás se construyeron. Cada peso fue parte de una maquinaria de robo institucional.
Detrás de estos saqueos palpita el mismo ADN político. Porque ni Baños ni Félix actuaron solos: son herederos directos del sistema construido por Omar Fayad. Gobernó Hidalgo con una mezcla de impunidad, cinismo y cálculo. Sus operadores poblaron los ayuntamientos como extensiones de su poder, su grupo mantuvo el control de contratos, presupuestos y auditorías. Fayad no desapareció al dejar el cargo: se disfrazó de diplomático y se fue, con sus cómplices aún firmando cheques.
Nombrado embajador en Europa, Fayad convirtió su nombramiento en muralla. Desde allá observa cómo su legado de corrupción prospera bajo el nuevo color de moda: el guinda.
La Cuarta Transformación en Hidalgo se fundió con el priismo que decía combatir. Los mismos funcionarios que alguna vez respondieron a Fayad ahora presumen credenciales morenistas. En los hechos, la justicia fue reemplazada por el pacto político: la vieja red fayadista encontró en Morena su nuevo refugio.
La relación es visible en cada omisión. Ninguna denuncia penal contra Baños o Félix ha prosperado. Las auditorías, aunque contundentes, se archivan. Los legisladores guardan silencio. Morena no los persigue, los absorbe. Los anteriores corruptos se transforman en aliados.
El caso de César Mora, operador financiero del fayadismo, es el espejo final. Investigado por desvíos millonarios, desapareció del radar justo antes de ser llamado a declarar. Hoy vive protegido en el extranjero, bajo el resguardo de la red diplomática tejida por Fayad. El dinero público, triangulado desde Hidalgo, circula libremente, intocable en cuentas fuera del país.
Morena, mientras tanto, mantiene la boca cerrada. No hay procesos, no hay sanciones. El discurso anticorrupción se diluye en complicidades prácticas. Fayad y sus hombres siguen identificados como “actores de experiencia”. El cinismo es política pública.
El robo en Pachuca y Mineral de la Reforma no fue un accidente local. Fue parte de una maquinaria estatal. Contratar, desviar, borrar pruebas. Los informes de la Auditoría son idénticos año tras año: los municipios cambian de manos, pero el patrón persiste. Los auditores registran la fuga y los políticos esperan a que el escándalo se consuma. Después, todo se repite.
Hidalgo vive atrapado en un modelo de saqueo sin interrupción. Fayad lo perfeccionó; Morena lo heredó. Ningún intento de renovación ha podido (ni querido) romper el ciclo.
Mientras las irregularidades se multiplicaban, los alcaldes usaban los recursos públicos para campañas de imagen. Baños duplicó el gasto en comunicación, pagó informes con datos maquillados y contrató a consultores ligados a viejos aliados del PRI. Félix hizo lo mismo: destinó millones a “riesgo político” y “posicionamiento institucional”. En los hechos, las auditorías confirman que ambos usaron dinero municipal para limpiar su imagen y preparar futuras carreras políticas.
Todo esto bajo la complacencia del nuevo gobierno estatal, que presume transparencia con una mano mientras oculta carpetas de investigación con la otra.
Morena en Hidalgo no se enfrentó al fayadismo: lo adoptó. Pactó con sus remanentes, permitió la supervivencia de sus redes financieras y ofreció cargos a sus operadores. El PRI se extinguió en forma, pero no en fondo. La estructura de Fayad hoy opera en otra tonalidad ideológica.
El precio de esa alianza es alto. Los municipios están hundidos en deudas, los servicios públicos son miserables, y el ciudadano paga dos veces: con sus impuestos y con su silencio. Porque en Hidalgo denunciar es hablarle al vacío.
Desde su posición fuera del país, Fayad goza del privilegio más refinado: la impunidad globalizada. Mientras los auditores se desgastan documentando el saqueo de sus discípulos, él posa ante embajadores hablando de cooperación y progreso. En su andar europeo, la justicia mexicana no lo alcanza.
Pero su sombra sigue aquí. Pachuca y Mineral de la Reforma son su herencia viva: municipios arrodillados, presupuestos saqueados, gobiernos encapsulados en la misma cultura de robo.
Los ciudadanos de Hidalgo soportan la carga del desfalco sin justicia ni esperanza. Las auditorías ya no denuncian, solo documentan. Los políticos señalados no renuncian, son promovidos. Las instituciones no castigan, negocian.
Sergio Baños e Israel Félix se convirtieron en símbolos del saqueo moderno; Fayad, su arquitecto, en embajador de la impunidad; Morena, en su nuevo cómplice.
Y al final, la frase ya no es ironía sino epitafio:
Al amparo de Fayad, todo fue posible.
Y bajo el amparo de Morena, toda opacidad es posible.
El colmo: los abusos de los amigos de Fayad
La periodista Carlos Camacho reveló en su columna “Balcón Político” un capítulo que completa el retrato del saqueo. La regidora priista Nadia Reyna Camacho denunció ante la Auditoría Superior del Estado que, durante el gobierno de Baños, existía una nómina paralela de “aviadores”. Personas que cobraban sin trabajar, con un costo al erario de casi veinte millones de pesos sólo en 2024.
La auditoría confirmó que no se trataba de casos aislados: los daños superan los 37 millones en Pachuca y unos 24 millones en Mineral de la Reforma. Un patrón idéntico, una red compartida. Ambos políticos, señala Camacho, fueron protegidos directos del entonces gobernador Fayad, quien colocó a sus incondicionales en los ayuntamientos más importantes y luego los blindó con poder y silencio.
El texto también expone el trasfondo político: Fayad intentó imponer a Félix como su sucesor, y al fracasar, se negó a respaldar la candidatura de Carolina Viggiano. Ese quiebre fracturó al PRI hidalguense y abrió las puertas a Morena, que hoy protege a los mismos actores que juró enfrentar.
Según Camacho, Israel Félix busca acercarse a Morena para asegurar impunidad y Sergio Baños se escuda en negocios privados. Ambos confían en el manto de su viejo jefe y en la parálisis del nuevo gobierno.
La única voz disidente desde dentro del sistema es la de la regidora Reyna Camacho, quien insiste en que el robo debe castigarse y los recursos deben devolverse. Pero en un estado donde los grandes corruptos se reciclan y los partidos se confunden, la justicia parece una utopía.
