No dan una.
Durante la gestión de Omar Fayad como gobernador de Hidalgo, se contrató un seguro catastrófico por 116 millones de pesos para proteger al estado de desastres naturales. Sin embargo, 100 millones de esos recursos desaparecieron, desviados a una empresa privada sin ningún registro o comprobación clara del uso de ese dinero. Esta grave irregularidad está siendo investigada por la Contraloría de Hidalgo y la Procuraduría General de Justicia estatal. Fayad, como máximo responsable del gobierno en ese momento, es señalado por este desvío millonario que dejó al estado vulnerable frente a emergencias.
Por si fuera poco, justo antes de la llegada del huracán Priscila, el gobernador actual, Julio Menchaca, tomó la decisión de cancelar la renovación de este seguro catastrófico, equivalente a cancelar el seguro de tu auto justo antes de un choque grave. En su lugar, Menchaca creó un fondo propio para emergencias al que destinó aproximadamente 600 millones de pesos en 2025, monto que parece alto, pero que no ofrece la misma cobertura ni rapidez que el seguro especializado ofrecía para desastres naturales de gran magnitud.
Cuando el huracán golpeó, Hidalgo enfrentó un desafío mayor sin la protección de la póliza, y aunque el fondo estatal se activó para atender la emergencia, la falta de un seguro específico para catástrofes dejó en evidencia la insuficiente protección para reparar daños graves y enfrentar pérdidas rápidas.
Esta doble falla —la desaparición de recursos bajo Fayad y la cancelación temeraria de Menchaca— dejó a Hidalgo sin la protección financiera y operativa adecuada en los momentos más críticos. La población fue la que perdió y continúa pagando las consecuencias de malas decisiones y presuntos actos de corrupción.
Esta historia es una advertencia clara de lo que sucede cuando la corrupción se une a la mala administración: un pueblo desprotegido y gobiernos incapaces de garantizar la seguridad y el bienestar ante lo inevitable. Fayad y Menchaca deben responder, cada uno por su parte, por el daño profundo que han causado en la gobernabilidad y la protección civil de Hidalgo.
Fayad se robó 100 millones del seguro catastrófico; Menchaca canceló la póliza justo antes del huracán
Durante la gestión de Omar Fayad como gobernador de Hidalgo, se contrató un seguro catastrófico por 116 millones de pesos para proteger al estado de desastres naturales. Sin embargo, 100 millones de esos recursos desaparecieron, desviados a una empresa privada sin ningún registro o comprobación clara del uso de ese dinero. Esta grave irregularidad está siendo investigada por la Contraloría de Hidalgo y la Procuraduría General de Justicia estatal. Fayad, como máximo responsable del gobierno en ese momento, es señalado por este desvío millonario que dejó al estado vulnerable frente a emergencias.
Por si fuera poco, justo antes de la llegada del huracán Priscila, el gobernador actual, Julio Menchaca, tomó la decisión de cancelar la renovación de este seguro catastrófico, equivalente a cancelar el seguro de tu auto justo antes de un choque grave. En su lugar, Menchaca creó un fondo propio para emergencias al que destinó aproximadamente 600 millones de pesos en 2025, monto que parece alto, pero que no ofrece la misma cobertura ni rapidez que el seguro especializado ofrecía para desastres naturales de gran magnitud.
Cuando el huracán golpeó, Hidalgo enfrentó un desafío mayor sin la protección de la póliza, y aunque el fondo estatal se activó para atender la emergencia, la falta de un seguro específico para catástrofes dejó en evidencia la insuficiente protección para reparar daños graves y enfrentar pérdidas rápidas.
Esta doble falla —la desaparición de recursos bajo Fayad y la cancelación temeraria de Menchaca— dejó a Hidalgo sin la protección financiera y operativa adecuada en los momentos más críticos. La población fue la que perdió y continúa pagando las consecuencias de malas decisiones y presuntos actos de corrupción.
Esta historia es una advertencia clara de lo que sucede cuando la corrupción se une a la mala administración: un pueblo desprotegido y gobiernos incapaces de garantizar la seguridad y el bienestar ante lo inevitable. Fayad y Menchaca deben responder, cada uno por su parte, por el daño profundo que han causado en la gobernabilidad y la protección civil de Hidalgo.
