En octubre de 2025, Hidalgo se encuentra sumido en una de las crisis humanitarias y sanitarias más graves que México haya enfrentado en décadas. Las lluvias torrenciales y las inundaciones devastadoras que azotaron este estado han provocado un impacto comparable a un tsunami, aunque sin mar. En apenas unos días, comunidades enteras quedaron arrasadas, la infraestructura crítica colapsó y hospitales, que ya enfrentaban un severo desabasto de medicamentos, se vieron desbordados ante la emergencia.
Hasta el momento, las autoridades federales reportan que al menos 64 personas han fallecido en seis estados afectados por las lluvias extremas, de las cuales 21 muertes han sido confirmadas en Hidalgo. Además, 43 personas permanecen desaparecidas en distintas regiones del estado. Más de 100 mil viviendas han resultado afectadas, varias completamente destruidas, y más de 150 comunidades permanecen incomunicadas por los daños severos a la red vial. Estas cifras son probablemente un subregistro, dada la inaccesibilidad de muchas zonas montañosas y rurales que siguen aisladas por derrumbes y el colapso de carreteras.
El gobierno estatal no ha medido la magnitud de esta catástrofe, tampoco el federal, pero esta es una tragedia humana que debería tener los ojos de la comunidad internacional y pedir ayuda a través de sus embajadas.
La combinación atmosférica de este octubre generó lluvias intensísimas, con acumulados que superaron los 147 milímetros en pocos días en varias regiones de Hidalgo, lo que equivale a un porcentaje significativo de la lluvia anual promedio. La Sierra Madre Oriental y sus zonas aledañas sufrieron desbordamientos y deslaves masivos, desplazando el lodo y las rocas como verdaderas olas de tsunami sobre territorio firme.
El estado reportó al menos 234 caminos afectados, 130 de ellos cerrado al tránsito vehicular, y la destrucción de 24 puentes esenciales para la conexión regional. Las comunidades de la Sierra Otomí-Tepehua y el Valle del Mezquital fueron de las más golpeadas, con pueblos aislados y sin acceso a servicios básicos por largos días.
El sistema de salud hidalguense ya enfrentaba un problema crónico de desabasto de medicamentos antes de la catástrofe climática. Ahora, la emergencia ha profundizado esta crisis hasta niveles dramáticos. Varios centros de salud y hospitales regionales, como los ubicados en Tula, Actopan y Zimapán, sufrieron daños estructurales y logísticos que paralizaron sus operaciones en momentos en que la demanda de atención médica aumentó exponencialmente.
La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriseh) constató irregularidades preocupantes en el manejo de medicamentos durante operativos recientes: aproximadamente mil fármacos fueron decomisados por presentar caducidad vencida o almacenamiento inadecuado, situación agravada por la humedad y las filtraciones provocadas por las lluvias. Medicamentos fundamentales como insulina, antibióticos, anticonvulsivos y psicotrópicos están en niveles críticos o completamente agotados.
Médicos y enfermeros en los hospitales afectados reportan que más de la mitad de las recetas emitidas no pudieron surtirse, lo que obliga a pacientes con enfermedades crónicas, cáncer, VIH y trastornos psiquiátricos a suspender o modificar tratamientos que podrían comprometer gravemente su salud e incluso la vida.
En centros de salud comunitarios, como en Actopan, madres de familia han denunciado la desaparición de medicamentos pediátricos esenciales, mientras en Zimapán y Huautla clínicas básicas carecen de antibióticos y productos imprescindibles para la atención diaria. La población afectada ha debido recurrir a comprar medicamentos en farmacias privadas a precios elevados o simplemente resignarse a la falta de tratamientos.
El gobierno federal informa de una cobertura superior al 90% en el abasto de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE a nivel nacional, pero estas cifras son promedios que no reflejan la cruda realidad de Hidalgo y otros estados severamente afectados. Las discrepancias entre las estadísticas oficiales y los testimonios de médicos, pacientes y organizaciones civiles evidencian un sistema fragmentado que funciona parcialmente en áreas urbanas pero que falla críticamente en zonas marginadas y montañosas, donde la emergencia climática ha amplificado la vulnerabilidad de la población.
Detrás de la catástrofe se esconden problemas profundos y estructurales que han impedido una respuesta eficaz:
La magnitud del desastre ha provocado un desplazamiento masivo de familias y comunidades que han perdido no sólo su patrimonio material sino también el acceso a servicios básicos de salud. Organizaciones sociales y comunitarias denuncian la ausencia de atención adecuada, lo que eleva el riesgo de brotes de enfermedades infectocontagiosas, desnutrición y muerte prematura.
Se ha evidenciado un incremento en la venta de medicamentos en el mercado informal, sin controles sanitarios, con consecuencias desconcertantes para la salud pública regional.
A pesar de la magnitud de la catástrofe, las autoridades federales mexicanas no han activado mecanismos para solicitar ayuda internacional ni han elaborado campañas de emergencia efectivas para enfrentar el desastre humanitario en Hidalgo. La falta de comunicación clara y oportuna ha generado desconfianza y frustración en la población afectada, que teme ser abandonada a su suerte.
La ausencia de un plan coordinado entre autoridades estatales, federales y organizaciones civiles limita la capacidad de respuesta y exacerba el sufrimiento de miles de hidalguenses.
