En México, la concentración de la riqueza es una realidad incontestable y alarmante: apenas el 0.3% de la población controla más de la mitad de la riqueza privada nacional. Esto significa que unas 378,000 personas, un grupo extremadamente reducido, poseen tanto como decenas de millones de mexicanos en la base social. Según el Global Wealth Report 2025 de UBS, México es el segundo país de América Latina con más millonarios y el décimo más desigual del mundo. Aunque la riqueza total del país ha aumentado, la riqueza por persona ha caído más de 18% desde el año 2000, lo que indica que el crecimiento económico no se traduce en mejoras reales para la mayoría de la población.
Cuando Morena llegó al poder, su discurso se centró en la promesa de transformar esta realidad, acabar con los privilegios y redistribuir la riqueza para que los pobres dejaran de serlo. Sin embargo, la práctica ha sido diametralmente opuesta. En lugar de implementar reformas fiscales profundas que toquen a los grandes capitales, el gobierno ha optado por recortes simbólicos y programas sociales que, aunque alivian la pobreza extrema, no modifican la estructura económica que permite esta concentración. El sistema fiscal mexicano sigue siendo regresivo: la clase media y los pequeños contribuyentes cargan con la mayor parte del peso tributario, mientras los grandes patrimonios evaden impuestos mediante paraísos fiscales y mecanismos legales. La falta de reformas fiscales profundas limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos de calidad y atacar la desigualdad de raíz.
La narrativa oficial se centra en programas sociales y en una supuesta lucha contra la corrupción, pero no en tocar los intereses reales que mantienen la concentración de la riqueza. Esto ha generado una especie de cortina de humo que desvía la atención pública de los problemas estructurales hacia temas mediáticos o figuras polémicas.
Un caso emblemático que ejemplifica esta contradicción es Ricardo Salinas Pliego. Morena lo utiliza como distractor mediático: lo señala en discursos y redes sociales, lo critica públicamente, pero no ha hecho nada para limitar su poder o riqueza. Por el contrario, su influencia política y mediática ha crecido durante este periodo, consolidándose como uno de los actores más influyentes del país. La estrategia oficial de exhibirlo sin tocar sus negocios solo le ha dado más presencia y capacidad de presión en los círculos de poder. En lugar de debilitarlo, Morena ha logrado que Salinas Pliego tenga más influencia política, lo que evidencia la incapacidad o falta de voluntad para enfrentar a los verdaderos poderosos.
Este fenómeno no es exclusivo de Salinas Pliego. Otros grandes empresarios y grupos económicos siguen operando con total libertad, sin que el gobierno muestre intención real de modificar el sistema que los protege. La falta de acciones concretas para limitar el poder económico y político de esta élite perpetúa la desigualdad y mantiene intactos los privilegios de unos pocos.
La concentración de la riqueza en México es brutal y está altamente concentrada en un grupo muy reducido. Apenas 14 ultrarricos concentran más del 8% de la riqueza privada nacional. Carlos Slim, el hombre más rico del país, posee una fortuna que equivale a la de la mitad más pobre de la población. Esta desigualdad extrema limita el desarrollo económico y social, mantiene a millones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y perpetúa un sistema donde la movilidad social es prácticamente imposible.
Esta concentración también tiene efectos políticos y sociales profundos. La élite económica tiene la capacidad de influir en las decisiones públicas, moldear políticas a su favor y preservar un sistema que les beneficia, mientras la mayoría de la población permanece excluida de los beneficios del crecimiento económico.
Morena ha implementado programas sociales masivos, como becas, apoyos directos y pensiones para adultos mayores, que han ayudado a reducir la pobreza extrema. Sin embargo, estos programas no atacan la raíz del problema: la concentración de la riqueza y la falta de una reforma fiscal progresiva. Sin que los grandes capitales paguen más impuestos, estos apoyos funcionan como parches temporales que no modifican la desigualdad estructural y pueden generar dependencia en la población beneficiaria. La política social se queda en paliativos que no transforman el sistema económico ni político.
Además, estos programas, aunque necesarios para aliviar la pobreza inmediata, no están acompañados de políticas que fomenten la creación de empleos bien remunerados, la mejora educativa o el desarrollo productivo, factores clave para romper el ciclo de pobreza y desigualdad.
El sistema fiscal mexicano es regresivo y poco eficiente. La mayor parte de los impuestos los pagan la clase media y los pequeños contribuyentes, mientras los grandes patrimonios evaden y eluden impuestos mediante paraísos fiscales y mecanismos legales. La evasión fiscal limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos de calidad, lo que afecta directamente a la educación, la salud y el desarrollo rural, sectores que siguen rezagados y que requieren inversión urgente para cerrar brechas históricas.
El gobierno no ha impulsado reformas fiscales que permitan una mayor recaudación progresiva ni que obliguen a los grandes capitales a contribuir en proporción a su riqueza. Esta omisión perpetúa la desigualdad y limita la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.
La desigualdad en México es un círculo vicioso: los ricos tienen el poder para evitar cambios que les afecten, y eso mantiene a los pobres en la pobreza. La pobreza afecta más a comunidades indígenas y zonas marginadas, la educación pública sigue siendo desigual y de baja calidad, y el sistema de salud enfrenta retos estructurales. El campo sigue abandonado, con falta de apoyos y migración hacia las ciudades que mantiene la pobreza y la desigualdad territorial.
Este ciclo se alimenta de la falta de oportunidades, la exclusión social y la concentración del poder económico y político. La desigualdad limita el desarrollo humano y económico, genera tensiones sociales y frena el progreso del país.
La movilidad social en México es limitada. La mayoría que nace en pobreza permanece en esa condición. La brecha digital y la falta de acceso a tecnología agravan la desigualdad, limitando oportunidades educativas y laborales. La pandemia evidenció estas diferencias y la urgencia de cerrar la brecha tecnológica para que más mexicanos puedan acceder a educación y empleo digno.
La falta de acceso a internet y tecnologías digitales en zonas rurales y marginadas es un obstáculo para la inclusión social y económica. Sin infraestructura y políticas que garanticen la conectividad, la desigualdad seguirá creciendo.
Morena ha promovido la paridad de género y leyes para proteger a las mujeres, pero la violencia política de género y la baja representación femenina en puestos clave siguen siendo retos importantes. La igualdad de género, como la económica, requiere acciones concretas y sostenidas para lograr cambios reales.
Las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a empleos bien remunerados y puestos de liderazgo, además de la violencia y discriminación que limita su participación plena en la vida pública y económica.
En las próximas dos décadas, México vivirá una de las mayores transferencias de riqueza intergeneracional del mundo, estimada en más de 4 billones de dólares. Sin reformas fiscales y sociales adecuadas, esta transferencia podría perpetuar la concentración de la riqueza y profundizar la desigualdad, haciendo que la brecha entre ricos y pobres se amplíe aún más.
Este fenómeno plantea un desafío urgente para las políticas públicas, que deben anticipar y regular estas transferencias para evitar que la riqueza se concentre aún más en pocas manos.
El gobierno utiliza figuras como Salinas Pliego como distractores mediáticos para aparentar que enfrenta a los poderosos. Sin embargo, la falta de acciones concretas para limitar su poder o riqueza permite que estos actores consoliden su influencia política y económica. Esta estrategia desvía la atención pública y mantiene intacta la estructura que genera desigualdad.
La opinión pública se concentra en escándalos y personajes polémicos, mientras los problemas estructurales que afectan a la mayoría permanecen sin resolver.
Expertos coinciden en que para reducir la desigualdad se necesitan reformas fiscales progresivas, mayor transparencia, inversión en servicios públicos, aumento del salario mínimo y protección de derechos laborales. Sin voluntad política para enfrentar a los poderosos, la desigualdad seguirá creciendo y el 0.3% continuará dominando México mientras la mayoría sigue esperando una igualdad que no llega.
La transformación real requiere tocar el poder económico y político, implementar políticas integrales y sostenidas que permitan un desarrollo equitativo y justo para todos los mexicanos.
