Hidalgo, el mantenimiento en los últimos años no ha respondido a los ciudadanos y las inundaciones dañan su patrimonio.
En Hidalgo, las lluvias recientes han expuesto con crudeza la ineficacia de la administración estatal y municipal para proteger a la población. Las inundaciones que han devastado colonias enteras y paralizado la movilidad no son solo consecuencia de fenómenos naturales, sino resultado directo de omisiones y negligencias de los gobiernos en funciones.
Durante los últimos ciclos de lluvias, cientos de familias han perdido su patrimonio por la falta de mantenimiento en la infraestructura hidráulica y la ausencia de acciones preventivas. Los registros oficiales y testimonios de vecinos coinciden: los sistemas de drenaje colapsan por la acumulación de basura y la falta de limpieza, mientras que los proyectos de modernización prometidos siguen sin concretarse.
Especialistas y legisladores han documentado que la administración actual ha incumplido su obligación legal de garantizar el mantenimiento y la operación eficiente de los sistemas de desagüe. La Ley de Protección Civil del estado establece responsabilidades claras para las autoridades, pero la respuesta institucional ha sido tardía, insuficiente y, en muchos casos, reactiva.
El impacto social es innegable: familias desplazadas, pérdidas económicas y una creciente desconfianza hacia las autoridades. La evidencia demuestra que la crisis de inundaciones en Hidalgo no es una fatalidad inevitable, sino la consecuencia de decisiones administrativas que han relegado la prevención y el bienestar ciudadano.
Este escenario exige una revisión urgente de las políticas públicas y la rendición de cuentas de quienes, por omisión o indiferencia, han permitido que la vulnerabilidad de la población aumente año tras año. La administración actual debe responder ante la ciudadanía y asumir las consecuencias de una gestión que, lejos de mitigar el riesgo, lo ha profundizado
