La política hidalguense atraviesa uno de sus momentos más oscuros tras revelarse, a través de testimonios y documentos, que el exgobernador Omar Fayad Meneses pactó la entrega de la entidad a Morena, asegurando el ascenso y protección de operadores como Daniel Andrade Zurutuza, hoy diputado federal. La denuncia proviene de Felipe Juárez Ramírez, exalcalde de Huautla, actualmente preso por la llamada “estafa siniestra”, quien desde el penal de Pachuca ha documentado la red de complicidades, traiciones y corrupción que atraviesa los gobiernos recientes.
Pactos en la cúpula: la simulación de la “transformación”
En 2018, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y Morena en la presidencia de la República, Omar Fayad, entonces gobernador priista de Hidalgo, optó por una estrategia que marcaría el futuro político del estado. Lejos de defender al PRI y a su militancia, Fayad fue señalado por operar acuerdos en lo oscuro para facilitar la transición de poder hacia Morena. Con el respaldo de su secretario de Gobierno, Simón Vargas, y mediante la cooptación de legisladores y funcionarios, Fayad permitió el éxodo de cuadros priistas y operadores políticos hacia Morena, debilitando al tricolor en la entidad. Esta maniobra, ampliamente reportada y criticada por la dirigencia nacional del PRI, fue interpretada como una entrega del estado “de rodillas” a cambio de impunidad y protección para él al dejar el cargo. Así, mientras a nivel nacional Morena apenas comenzaba a consolidarse, en Hidalgo se gestaba un pacto que dejó al priismo fracturado y a la ciudadanía sin una verdadera oposición democrática.
La traición de Fayad se consumó en 2022, cuando, en medio del proceso electoral para la gubernatura, el PRI sufrió la peor derrota de su historia en el estado y perdió el último bastión priista del país. A pesar de sus negativas públicas, la dirigencia nacional y las bases del tricolor lo acusaron de entregar Hidalgo a Morena y de traicionarl al PRI y a su candidata Carolina Viggiano, mientras él aseguraba su futuro político y recibía, pocos meses después, el nombramiento como embajador de México en Noruega.
La negociación de Fayad no solo incluyó su salida negociada y una embajada, sino también el aseguramiento de posiciones clave para sus allegados en la administración de Julio Menchaca Salazar, quien asumió la gubernatura bajo la sombra de acuerdos políticos que excluyeron a la izquierda auténtica de Morena y blindaron a los viejos grupos de poder.
La “estafa siniestra”: corrupción institucionalizada
La “estafa siniestra” es el nombre del esquema de desvío de recursos públicos que, según la Fiscalía de Hidalgo, operó en al menos 13 municipios y dos secretarías estatales durante la administración de Fayad. El mecanismo era simple y brutal: contratos simulados con empresas fantasma para la compra de insumos médicos, maquinaria y servicios que nunca se entregaron, con montos que superan los 2 mil millones de pesos. Felipe Juárez Ramírez, exalcalde de Huautla, fue uno de los primeros en caer, acusado de peculado por más de 26 millones de pesos.
Desde su celda, Juárez ha denunciado que su detención fue una represalia directa por negarse a sumarse a la campaña de Menchaca y por resistirse a participar en el esquema de desvíos orquestado por altos funcionarios estatales, entre ellos Daniel Andrade Zurutuza, entonces alcalde de Huejutla. Juárez sostiene que Andrade controlaba 80 millones de pesos desviados para beneficiar a “el Patrón”, y que quienes no aceptaron el pacto fueron castigados con cárcel, tortura institucional y hostigamiento político.
En sus declaraciones, Juárez también señala que Andrade era el operador directo de las órdenes del “Patrón” y que, en reuniones clave, Andrade advertía a los alcaldes: “el Patrón no quiere que gane Caro”, en referencia a Carolina Viggiano, entonces candidata opositora. Esta frase, repetida en los círculos de poder, confirmaba que el desvío de recursos y la presión política tenían como objetivo asegurar el triunfo de la alianza pactada y bloquear cualquier posibilidad al PRI con apoyo nulo: operando en contra.
El drama humano: enfermedad, tortura y abandono institucional
Más allá de las cifras y los nombres, el caso de Felipe Juárez Ramírez expone el costo humano de la justicia selectiva en Hidalgo. Desde el penal de Pachuca, Juárez ha enviado cartas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a medios independientes, donde narra en detalle el deterioro de su salud física y mental bajo custodia estatal. Andrade mientras ha sido premiado con una diputación.
Juárez padece diabetes avanzada, condición que requiere atención médica constante, medicamentos y una dieta especial. Sin embargo, denuncia que las autoridades penitenciarias le niegan el acceso regular a insulina y otros tratamientos, obligándolo a depender de un sistema informal (“el taxi”) para conseguir medicamentos a sobreprecio y con riesgo de adulteración. La falta de atención ha provocado complicaciones graves, incluyendo una lesión en el pie que, según internos y médicos, podría evolucionar a pie diabético o incluso requerir amputación.
El exalcalde relata que permanece en una celda sin sanitario, lo que lo obliga a hacer sus necesidades en su ropa, agravando su situación de salud y vulnerabilidad. Los custodios, lejos de brindarle apoyo, lo someten a malos tratos, negándole permisos para ir al baño y sometiéndolo a humillaciones constantes. Juárez describe episodios de tortura psicológica, amenazas y aislamiento, todo ello como castigo por no haber aceptado sumarse a la red de corrupción y por atreverse a denunciar públicamente los desvíos.
En sus cartas, Juárez afirma que “la libertad fue el precio por no apoyar a Menchaca”, y que su caso es un ejemplo de cómo el aparato de justicia en Hidalgo se utiliza para castigar a los disidentes, mientras los verdaderos responsables de la “estafa siniestra” gozan de protección política y continúan en el poder.
Daniel Andrade: de señalado a blindado
El caso de Daniel Andrade Zurutuza es paradigmático. A pesar de las denuncias públicas, testimonios y señalamientos directos de exfuncionarios y actores políticos, Andrade no solo ha evitado cualquier investigación seria, sino que ha sido premiado con una diputación federal por Morena. Hoy, Andrade promueve iniciativas anticorrupción en el Congreso y se presenta como ejemplo de la “nueva política”, en una burla abierta a la sociedad hidalguense.
La Fiscalía de Hidalgo, el Congreso local y la administración de Menchaca han hecho oídos sordos a los señalamientos, evidenciando el blindaje político que dejó el pacto Fayad-Morena. Mientras tanto, otros exalcaldes implicados en la “estafa siniestra” han recuperado su libertad mediante acuerdos reparatorios, confirmando que la justicia en Hidalgo se negocia y se aplica según la cercanía al poder.
Justicia selectiva y simulación de cambio
El gobierno de Menchaca presume la recuperación de apenas una fracción de los recursos desviados, mientras la mayoría de los responsables de alto nivel siguen en la impunidad. La “transformación” prometida por Morena en Hidalgo se ha reducido a un relevo de élites, colores y pactos, sin que la ciudadanía vea un verdadero cambio en la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
La sociedad hidalguense observa con indignación cómo el aparato de justicia se utiliza para castigar a los disidentes y proteger a los aliados, perpetuando un sistema de simulación y complicidad que ha frenado el desarrollo y la democracia en el estado. Mientras los cercanos a Fayad siguen tomando los puestos que auténticos fundadores de Morena solo en sueños podrán tener en Hidalgo.
