El informe “Varieties of Democracy” (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, considerado referente global para medir la calidad democrática, coloca a México en el centro de una tendencia alarmante: el paso acelerado de la democracia electoral a un modelo de autocracia moderna. Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la erosión institucional, la concentración de poder y el debilitamiento de los contrapesos han dejado de ser señales aisladas para convertirse en una anatomía de la autocratización.
Desde el inicio del sexenio, el entorno político se ha inclinado a favor de un Ejecutivo cada vez más potente, capaz de transformar con rapidez leyes, instituciones y políticas públicas. El Congreso, ampliamente dominado por Morena y sus aliados, ha aprobado reformas trascendentales en tiempo récord, sin diálogo con minorías ni consultas amplias.
La conferencia “mañanera” presidencial ha dejado de ser solo un espacio mediático: día a día, la voz del presidente marca la agenda, descalifica opositores, amonesta a medios y dicta línea a su gabinete y bancada.
Ejemplo palpable fue la aprobación en pocas horas de la ley que otorga al Ejército el control de la Guardia Nacional, pese a los cuestionamientos de especialistas y las advertencias de organismos internacionales sobre los riesgos de militarizar la seguridad pública.
Uno de los ejes de la ofensiva autoritaria es el asedio a las instituciones autónomas. Organismos como el INE, INAI, CNDH y COFECE, que surgieron para garantizar derechos y control ciudadano fuera del alcance gubernamental, han sido objeto de:
En 2023, el INAI no pudo sesionar por falta de comisionados, lo que paralizó miles de recursos de transparencia y cerró la puerta a investigaciones sobre uso de recursos públicos.
El INE, incluso con reconocimiento internacional por su labor organizando elecciones, ha sufrido recortes de personal, presupuesto y atribuciones, mientras su dirección es impugnada y su futuro, incierto ante las reformas pendientes.
La expansión sin precedentes del ejército en asuntos civiles es un rasgo singular de la autocratización mexicana. La Secretaría de la Defensa Nacional hoy no solo coordina la seguridad pública con la Guardia Nacional bajo su mando, sino que administra aeropuertos, aduanas, trenes, obras públicas y hasta bancos.
El presupuesto de la Sedena es el más alto en décadas, superando los 150 mil millones de pesos anuales.
Diversas organizaciones han documentado cómo en zonas militarizadas el acceso a la justicia es menor, las desapariciones y abusos aumentan y la transparencia disminuye, pues la información de las Fuerzas Armadas está protegida por secreto de Estado.
El traslado de la Guardia Nacional a la Sedena contradijo sentencias judiciales y generó advertencias de organismos como la ONU y Human Rights Watch, que señalan riesgos directos para derechos humanos y el equilibrio democrático.
México figura desde hace años entre los peores países para ejercer el periodismo: en 2022 y 2023 encabezó la lista mundial de periodistas asesinados fuera de una zona de guerra. Pero la violencia física es solo parte del problema.
El uso de la “mañanera” para exhibir, ridiculizar y atacar a periodistas críticos ha normalizado una política de hostigamiento público. Reporteros que investigan corrupción, opacidad o abuso de autoridad sufren campañas de desprestigio, auditorías fiscales, amenazas y bloqueos a la información.
Medios independientes enfrentan la asfixia económica por la cancelación de contratos oficiales, presión indirecta sobre anunciantes privados y el uso discrecional de la publicidad gubernamental como premio o castigo.
Ejemplo notable fue el caso Latinus, cuyas investigaciones sobre casos de corrupción en el entorno presidencial derivaron en investigaciones fiscales contra directivos y familiares, cruzando la línea del acoso institucional.
Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras subrayan que la autocensura y la renuncia a cubrir temas sensibles han aumentado, mientras la polarización orquestada desde el poder crea un clima de hostilidad para toda voz disidente.
El cierre de espacios de participación y control ciudadano es otra marca del actual proceso. ONG, colectivos y asociaciones civiles críticas hacia el gobierno encuentran cada vez más trabas para obtener financiamiento nacional e internacional.
Campañas desde el poder acusan a las organizaciones sociales de ser “agentes extranjeros” o golpistas, exponiéndolas a investigaciones, desprestigio y restricciones legales.
Colectivos ambientalistas, feministas y de defensa de derechos humanos han enfrentado obstáculos para dialogar con autoridades, participar en procesos legislativos o ser tomados en cuenta en decisiones de alto impacto.
En paralelo, la judicialización de la protesta y la persecución a activistas se incrementa, como muestra la criminalización de quienes se oponen a megaproyectos o denuncian abusos militares.
El poder judicial, uno de los últimos diques ante el avance autoritario, enfrenta una embestida sin precedentes. El presidente ha señalado a jueces y ministros cuando fallan en contra de sus iniciativas, y promueve una reforma para que estos sean elegidos por voto popular.
Expertos alertan que esto abriría la puerta a la politización de la justicia, eliminaría la protección de minorías y debilitaría el contrapeso del Poder Judicial ante posibles abusos del Ejecutivo o el Legislativo.
En países como Polonia o Hungría, procesos similares resultaron en la captura del sistema judicial y el afianzamiento de gobiernos “iliberales”, con recorte de libertades y simulación electoral.
La Universidad de Gotemburgo observa que México comparte síntomas con países como India, El Salvador, Turquía y varios países del este europeo:
Discursos de polarización, reformas con apariencia popular, eliminación paulatina de contrapesos y el uso de la legalidad para vaciar de sentido la democracia electoral.
En América Latina —con la excepción de Uruguay, Chile y en menor medida Costa Rica— la mayoría de países ha visto deteriorarse sus garantías democráticas. Organismos internacionales advierten que cada año es más difícil revertir la pérdida de autonomía de las instituciones, una vez que las reformas han sido aprobadas y normalizadas.
La consolidación de una autocracia moderna tiene consecuencias directas para la sociedad:
“La militarización puede parecer una solución práctica a corto plazo, pero debilita la transparencia y eleva el riesgo de violaciones graves a derechos humanos.”
—Catalina Pérez Correa, académica del CIDE“Observamos un aumento en el uso de la fiscalización y la estigmatización como censura. El miedo se instala tanto en redacciones como en organizaciones civiles.”
—Leopoldo Maldonado, director regional en México de Artículo 19
El informe V-Dem es contundente: la democracia en México no se pierde de un golpe, sino mediante una acumulación de reformas legales y prácticas que, paso a paso, vacían de contenido los derechos y libertades que costó décadas construir.
La advertencia de Gotemburgo resuena fuerte: si no hay reacción y resistencia desde la sociedad, la prensa, la academia y el propio poder judicial, el país podría instalarse de manera definitiva en una autocracia, con elecciones y urnas, pero sin pluralidad, vigilancia ni justicia.
