La violencia en México no da tregua y, en las últimas horas, el estado de Guerrero volvió a colocarse en el centro de la indignación nacional. Mientras la gobernadora morenista Evelyn Salgado presume “acciones de seguridad reforzadas” en la Sierra de Chilpancingo, la realidad en el territorio es otra: desplazamientos forzados, comunidades sitiadas, desapariciones y un clima de miedo que ni los boletines oficiales ni las conferencias de prensa pueden ocultar. La crisis de seguridad en Guerrero es, hoy, el espejo más crudo de la incapacidad y la impunidad que han caracterizado a los gobiernos de Morena en regiones asoladas por el crimen organizado.
El gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado, difundió ayer un comunicado en el que asegura que “no hay desplazamientos en Jaleaca de Catalán y Yextla” y que la seguridad ha sido reforzada en la zona de la Sierra de Chilpancingo. Sin embargo, testimonios de habitantes y reportes de organizaciones civiles contradicen la versión oficial: familias enteras han abandonado sus hogares ante la presencia de grupos armados, y la vida cotidiana se ha visto interrumpida por bloqueos, extorsiones y enfrentamientos.
La narrativa del gobierno estatal, que insiste en que la situación está bajo control, se desmorona ante la evidencia de comunidades vacías, escuelas cerradas y caminos tomados por la delincuencia. La estrategia de “fortalecer acciones de seguridad” se ha traducido, en la práctica, en operativos esporádicos y patrullajes que no logran disuadir a los grupos criminales ni devolver la tranquilidad a la población.
El desplazamiento forzado es una de las caras más dolorosas de la crisis de seguridad en Guerrero. Aunque el gobierno estatal niega que existan desplazados en la Sierra, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos han documentado el éxodo de cientos de personas en los últimos meses. Las familias, muchas de ellas indígenas, huyen de la violencia dejando atrás sus casas, tierras y pertenencias, en busca de refugio en otras comunidades o en la capital del estado.
El fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado en los últimos años ante la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia. Los desplazados, además de perder su patrimonio, enfrentan condiciones precarias en los lugares de acogida, sin acceso a servicios básicos ni apoyo institucional. La respuesta del gobierno de Salgado ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente; en el peor, negacionista y revictimizante.
Guerrero es, desde hace décadas, un territorio disputado por cárteles y grupos armados que se disputan el control de rutas de trasiego de drogas, extorsión y cobro de piso. En la Sierra de Chilpancingo, la presencia de estos grupos ha impuesto un régimen de terror: secuestros, asesinatos, desapariciones y amenazas son parte de la vida cotidiana. Los pobladores denuncian que las autoridades estatales y federales han sido rebasadas, y que en muchos casos existe complicidad o colusión con los criminales.
La gobernadora Evelyn Salgado ha optado por una estrategia de comunicación que privilegia la imagen y la narrativa de “gobierno cercano al pueblo”, pero en los hechos, la administración morenista ha sido incapaz de articular una política de seguridad efectiva. Los operativos anunciados con bombo y platillo suelen ser temporales y poco coordinados, y la presencia de fuerzas federales no ha logrado revertir la tendencia al alza de los delitos de alto impacto.
Uno de los factores que agravan la crisis de seguridad en Guerrero es la impunidad. La mayoría de los crímenes quedan sin castigo, y las víctimas rara vez encuentran justicia. La desconfianza en las instituciones es generalizada: los habitantes de la Sierra y otras regiones violentas saben que denunciar puede ser peligroso, y que las autoridades suelen estar más interesadas en proteger su imagen que en proteger a la ciudadanía.
La Fiscalía estatal, por su parte, ha sido señalada por su ineficacia y su falta de autonomía. Los casos de desapariciones y asesinatos se acumulan sin avances significativos, y las familias de las víctimas se ven obligadas a buscar justicia por sus propios medios, organizando búsquedas y manifestaciones que rara vez son atendidas por el gobierno.
La crisis de seguridad en Guerrero representa un golpe directo a la narrativa de Morena como partido del “cambio verdadero”. Evelyn Salgado, hija del polémico Félix Salgado Macedonio, llegó al poder envuelta en la bandera de la Cuarta Transformación, prometiendo acabar con la corrupción y la violencia. Sin embargo, a casi tres años de su gobierno, la realidad es que Guerrero sigue siendo uno de los estados más peligrosos del país, y la percepción de inseguridad no ha disminuido.
El costo político para Morena es alto: la incapacidad para garantizar la seguridad y la justicia erosiona la legitimidad del gobierno estatal y alimenta el desencanto social. Las promesas de transformación se ven desmentidas por la persistencia de la violencia y la impunidad, y la figura de Salgado se asocia cada vez más con la ineficacia y la falta de resultados.
En medio de la crisis, las voces de las víctimas y sus familias resuenan con fuerza. Organizaciones de buscadoras, colectivos de desplazados y defensores de derechos humanos han denunciado la falta de atención y apoyo por parte del gobierno estatal. Las marchas y manifestaciones en Chilpancingo y otras ciudades de Guerrero son un recordatorio constante de que la violencia no es solo una estadística, sino una realidad que marca la vida de miles de personas.
Ayer mismo, colectivos de familiares de desaparecidos realizaron una protesta frente a la sede del gobierno estatal, exigiendo la aparición con vida de sus seres queridos y el cese de la violencia. Las pancartas y consignas apuntaban directamente a la gobernadora Salgado, a quien acusan de indiferencia y de priorizar la imagen sobre la acción.
Nosotras no queremos discursos, queremos a nuestros hijos de vuelta. La gobernadora solo sale a tomarse fotos, pero no nos escucha ni nos ayuda, denunció una madre buscadora durante la manifestación.
La crisis en Guerrero también pone en entredicho la estrategia de seguridad del gobierno federal. A pesar de los informes oficiales que presumen una reducción en los homicidios dolosos a nivel nacional, la realidad en estados como Guerrero desmiente el optimismo de las cifras. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno es deficiente, y la militarización de la seguridad pública no ha logrado frenar la expansión del crimen organizado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum han reiterado su respaldo a la gobernadora Salgado, pero la falta de resultados concretos y la persistencia de la violencia han generado críticas incluso dentro de Morena. La narrativa de “abrazos, no balazos” se percibe cada vez más lejana en regiones donde la ley la imponen los grupos armados.
Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis en Guerrero es la normalización de la violencia. Para muchas comunidades, vivir bajo amenaza, desplazarse por miedo o perder a un ser querido se ha convertido en parte de la cotidianidad. La falta de respuestas efectivas por parte del gobierno alimenta la resignación y el escepticismo, y la esperanza de un cambio real se desvanece ante la repetición de los mismos patrones de impunidad y abandono.
La cobertura mediática, por su parte, oscila entre el sensacionalismo y el olvido. Los casos de violencia en Guerrero suelen ocupar los titulares solo cuando alcanzan niveles extremos, pero la crisis de fondo rara vez es abordada con la profundidad y el rigor que merece. La sociedad mexicana, saturada de noticias de violencia, corre el riesgo de volverse insensible ante el sufrimiento de las víctimas.
La situación en Guerrero exige un cambio de rumbo urgente. La gobernadora Evelyn Salgado y su administración deben asumir la responsabilidad de la crisis y dejar de lado la negación y el triunfalismo. Es necesario reconocer la gravedad del problema, escuchar a las víctimas y articular una estrategia de seguridad y atención integral que vaya más allá de los operativos mediáticos.
La coordinación con el gobierno federal y los municipios debe fortalecerse, y la participación de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos es fundamental para diseñar políticas públicas efectivas. La transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción deben ser ejes centrales de cualquier intento de reconstruir la confianza ciudadana.
La crisis de seguridad en Guerrero es un recordatorio brutal de los límites del discurso y la propaganda. La gobernadora Evelyn Salgado y el gobierno de Morena enfrentan el reto de demostrar que la Cuarta Transformación puede traducirse en resultados concretos para las comunidades más vulnerables. Mientras tanto, la impunidad, el miedo y el dolor siguen marcando la vida de miles de guerrerenses.
La historia reciente de Guerrero es la historia de un estado abandonado a su suerte, donde la violencia se ha convertido en ley y la esperanza de justicia parece cada vez más lejana. La exigencia de las víctimas es clara: basta de discursos vacíos, basta de impunidad. Guerrero merece un gobierno que escuche, que actúe y que ponga la vida y la dignidad de su gente por encima de cualquier cálculo político.
