Por: La redacción.
Ciudad Acuña, Coahuila – La Presa Amistad, en su nivel más bajo, expone la crisis que vive Coahuila, donde el horizonte se diluye en una mezcla de polvo y desesperanza. El gobierno federal, priorizando el Tratado de Aguas de 1944 y cediendo a las presiones de Donald Trump, sacrifica a sus ciudadanos, un acto catalogado como “capitulación diplomática” (The Washington Post) que no solo condena a una región a la sed, sino que también socava la soberanía nacional. Este reportaje investiga las causas y consecuencias de esta decisión, desenterrando la verdad que se esconde tras la aparente inacción.
Foto: Cuenta de @cilamexico en X.
La crisis es innegable y se manifiesta en múltiples dimensiones, dejando a su paso un rastro de devastación. Conagua, en su Reporte del 14 de abril de 2025, reconoce la crítica situación de la Presa Amistad, admitiendo lo que ya es evidente para todos: el agua se agota. El IMTA confirma que el embalse se encuentra al 12% de su capacidad, el promedio histórico es del 65%, una diferencia abismal que refleja la magnitud de la tragedia. El SMN ha declarado Sequía Excepcional (D4) para la región, un nivel de emergencia que no se había visto en décadas. La UNAM prevé una disminución del 20% en las lluvias, un pronóstico sombrío que anticipa un futuro aún más desolador. En Coahuila, la gente observa con impotencia como el agua se convierte en un espejismo, mientras el gobierno federal permanece impasible.
El Tratado de Aguas de 1944 es el origen del conflicto y su renegociación una exigencia cada vez más urgente y apremiante. México está obligado a entregar 431.7 millones de metros cúbicos anuales a EE.UU. (Artículos IV y XII), una obligación que se ha vuelto insostenible en un contexto de sequía y escasez. Los Reportes de Conagua revelan que, para cumplir con el tratado, las extracciones aumentaron un 566% en marzo y abril de 2025, un ritmo insostenible que está agotando los recursos hídricos de la región. La CILA confirma que México debe 350 millones de metros cúbicos, una deuda que se paga con el sufrimiento de los coahuilenses. La Secretaría de Economía advierte sobre una guerra comercial (Análisis de Riesgos, 2025), un riesgo que el gobierno federal parece temer más que la sed de su pueblo. La pregunta que se hacen los habitantes de Coahuila es sencilla: ¿qué vale más, un tratado o la vida?
The Wall Street Journal señala que “el tratado, diseñado en una época diferente, no refleja la realidad del cambio climático”, lo que evidencia la necesidad de una revisión urgente y profunda. No se puede seguir aplicando un acuerdo que ignora las condiciones actuales.
El impacto es devastador y se siente en cada rincón de Coahuila. El agua potable disminuyó en un 45% (CEA), lo que obliga a miles de familias a vivir con restricciones y a depender de costosas pipas. Hay racionamiento en diversos municipios, lo que genera malestar e indignación entre la población. Se triplicó el gasto en pipas (Municipios), una medida paliativa que no resuelve el problema de fondo y que beneficia a unos pocos empresarios. Las pérdidas agrícolas ascienden a 800 millones de pesos (Sagarpa), lo que condena a miles de campesinos a la miseria. El desempleo aumenta (INEGI), lo que agrava la situación social y económica. El estrés hídrico es “extremadamente alto” (Conagua), lo que pone en riesgo la salud y el bienestar de la población. La salinidad aumenta (Laboratorio Estatal), lo que dificulta el uso del agua para diversos fines. La fauna muere (Conanp), lo que altera el equilibrio de los ecosistemas y amenaza la biodiversidad. Ante este panorama, el gobierno del estado de Coahuila ha hecho lo que ha podido, pero sus esfuerzos se ven limitados por la inacción del gobierno federal.
La Dra. Isabella Rosales de UT Austin declara que “Es una tragedia anunciada. El gobierno mexicano ha priorizado una visión miope”, poniendo de manifiesto la falta de visión estratégica y la cortedad de miras de la administración federal. Esta visión miope ha llevado al gobierno a tomar decisiones que perjudican a su propio pueblo.
Trump exige el cumplimiento del tratado (CNN). La Casa Blanca enfatiza la seguridad alimentaria de EE.UU. (White House Press Release). Ante esta presión, el gobierno federal se ha comportado como un títere, cediendo ante las exigencias de Washington sin defender los intereses de México.
El Senado debate la revisión del tratado (Iniciativa Legislativa). Conagua promete inversiones (Programa Nacional Hídrico) y plantas desalinizadoras (Estudio de Banobras). Sin embargo, estas promesas suenan huecas, como un intento desesperado de calmar los ánimos.
El Council on Foreign Relations advierte sobre la inestabilidad regional. El ITAM alerta sobre el deterioro de las relaciones. La SEGOB teme la migración. La CNDH prevé violencia. La situación es explosiva y el gobierno federal parece ignorarlo.
¿Es inevitable este sacrificio? ¿Puede México renegociar el tratado? ¿Existen alternativas? Estas preguntas resuenan en cada rincón de Coahuila, pero el gobierno federal no ofrece respuestas.
El Dr. Juan Pérez de UC Berkeley propone que “México debe presentar un caso sólido ante la comunidad internacional e invertir en tecnologías innovadoras”, una propuesta sensata que el gobierno federal parece no estar dispuesto a considerar.
Esta crisis es una prueba de soberanía. El gobierno federal ha sacrificado a su pueblo, priorizando una visión miope que antepone los intereses de Washington a las necesidades de Coahuila. El estado de Coahuila, en cambio, ha intentado hacer frente a la crisis con responsabilidad y compromiso, pero sus esfuerzos son insuficientes ante la magnitud del problema y la falta de apoyo federal.
Es fundamental escuchar a los afectados: María, de Ciudad Acuña, relata la falta de agua potable; José, agricultor, lamenta la pérdida de sus cosechas; Sofía, activista, denuncia la entrega del agua a EE.UU.. Estos testimonios reflejan la desesperación y la indignación que se viven en Coahuila, un grito desesperado que el gobierno federal se niega a escuchar.
Para comprender la situación, se deben analizar los siguientes aspectos: el cambio climático, la gestión del agua y la relación con EE.UU.. El gobierno federal ha fallado en cada uno de estos aspectos, demostrando una ineptitud que raya en la negligencia.
Ante esta crisis, México debe: renegociar el Tratado de Aguas de 1944, invertir en tecnologías, promover el uso eficiente del agua, combatir la corrupción y priorizar a sus ciudadanos. La Presa Amistad exige un cambio de rumbo, un cambio que el gobierno federal se niega a emprender. El futuro de Coahuila está en juego y la responsabilidad recae sobre un gobierno que ha demostrado ser sordo, ciego y mudo ante la tragedia que se avecina.
El Senado debate la revisión del tratado (Iniciativa Legislativa), pero enfrenta resistencia por parte del gobierno federal, que teme represalias económicas por parte de Estados Unidos, el impacto en la relación bilateral y las posibles consecuencias políticas internas, demostrando una cobardía que raya en la traición. La administración actual parece priorizar la estabilidad de la relación con Washington sobre el bienestar de sus propios ciudadanos, una estrategia que ha generado críticas y descontento en diversos sectores de la sociedad, acusando al gobierno federal de una “ceguera estratégica” ante la crisis que se avecina.
Existe la preocupación de que una renegociación del tratado pueda desencadenar una crisis diplomática y poner en riesgo otros acuerdos bilaterales, como los relacionados con comercio, seguridad y migración. Además, algunos sectores del gobierno temen que una postura más firme ante Estados Unidos pueda ser interpretada como una debilidad por parte de la oposición y desestabilizar la situación política interna, demostrando una “cobardía política” que antepone los intereses partidistas a los del pueblo. Estas consideraciones, aunque comprensibles, no justifican el sacrificio de los habitantes de Coahuila, quienes merecen una respuesta justa y equitativa ante la crisis hídrica que enfrentan, evidenciando una falta de empatía y de liderazgo por parte del gobierno federal. El manejo de la situación por parte de la administración actual ha sido calificado de “negligente” e “irresponsable”, generando un clima de desconfianza y frustración entre la población, lo que deja al descubierto la ineficiencia y la incapacidad del gobierno federal para hacer frente a los retos que se presentan, una incapacidad que condena a Coahuila a un futuro incierto.
Ante esta terrible situación, las diferentes entidades y secretarías del estado como La Comisión Estatal de Aguas de Coahuila (CEA), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y El Laboratorio Estatal de Salud Pública, están trabajando de manera conjunta para buscar soluciones, luchando contra la inercia y la ineficacia del gobierno federal. Los esfuerzos a nivel estatal, aunque valiosos, se ven limitados por la falta de apoyo y de recursos por parte de la federación, lo que agrava aún más la situación y deja en evidencia la falta de compromiso del gobierno federal con el bienestar de Coahuila. La falta de coordinación y de comunicación entre los diferentes niveles de gobierno ha agravado la situación, mostrando una “desorganización” que deja en evidencia la falta de compromiso del gobierno federal con la solución del problema. La improvisación y la falta de planificación son evidentes en cada una de las acciones que se han tomado, demostrando una total “ineptitud” para hacer frente a una crisis de esta magnitud.
El gobierno mexicano tiene que buscar soluciones a largo plazo y no depender de una sola fuente de agua, pero su inacción y su falta de visión estratégica hacen dudar de su capacidad para lograrlo. El futuro de Coahuila depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses, decisiones que, hasta ahora, han brillado por su ausencia, dejando a la población en la incertidumbre y la desesperación. Es necesario que el gobierno federal despierte de su letargo y asuma su responsabilidad ante esta crisis, pues el tiempo se agota y Coahuila se desangra.
El gobierno federal ha sacrificado a Coahuila en el altar de la diplomacia, mostrando una “falta de pantalones” que avergüenza a la nación. El futuro de la región pende de un hilo, y la única esperanza reside en que el gobierno federal abandone su visión miope y actúe con responsabilidad y valentía. De lo contrario, la Presa Amistad se convertirá en el símbolo de la traición y la negligencia, un monumento a la indiferencia de un gobierno que prefirió arrodillarse ante Trump que defender a su propio pueblo. La historia juzgará con severidad a aquellos que permitieron que esta tragedia ocurriera.
