La inminente aprobación de reformas a la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Inteligencia para la Seguridad Pública ha generado una fuerte polémica en México. Estas modificaciones permitirían que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceda sin autorización judicial a datos personales sensibles, como información biométrica, registros telefónicos y bases fiscales o patrimoniales de los ciudadanos. Legisladores federales han advertido que estas medidas representan un grave riesgo para la privacidad y los derechos fundamentales de los mexicanos.
De acuerdo con el dictamen presentado, las nuevas disposiciones otorgarían a la SSPC facultades sin precedentes para acceder a información privada de cualquier ciudadano sin necesidad de aprobación judicial. Entre los puntos más preocupantes se encuentran:
Además, estas reformas incluyen cambios que militarizarían aún más la Guardia Nacional, eliminando su carácter civil y consolidándola como una institución completamente militar.
Expertos en derechos digitales y legisladores han señalado que estas reformas podrían abrir la puerta a un sistema de vigilancia masiva en México. Según Mario Di Costanzo, economista y analista político, el acceso irrestricto a datos personales podría ser utilizado indebidamente para intervenir cuentas bancarias o realizar espionaje político. “Toda esa información estará concentrada en una entidad que no tiene los estándares de seguridad necesarios”, advirtió.
Por otro lado, organizaciones civiles como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han alertado que esta legislación contradice principios constitucionales básicos y podría ser utilizada para reprimir disidencias o vigilar a opositores políticos.
El Ejecutivo Federal ha defendido las reformas argumentando que son necesarias para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Según funcionarios cercanos al gobierno, el acceso rápido a datos personales permitirá combatir delitos como el secuestro y la extorsión con mayor eficacia.
Sin embargo, críticos señalan que estas medidas sacrifican derechos fundamentales bajo el pretexto de mejorar la seguridad pública. Además, advierten que México carece de las garantías institucionales necesarias para evitar abusos en el manejo de esta información.
Diputados federales han expresado su preocupación por los alcances de esta legislación. Señalan que actualmente es un juez quien autoriza el acceso a información privada tras valorar las razones presentadas por el Ministerio Público. Con las nuevas reformas, este control desaparecería, dejando todo en manos de la SSPC.
Un legislador federal calificó las reformas como “un retroceso democrático” y advirtió que podrían colocar al país en una peligrosa senda hacia el autoritarismo oficial. “Esto no es seguridad; es espionaje institucionalizado”, afirmó durante una reciente entrevista.
La aprobación definitiva de estas reformas podría redefinir el equilibrio entre seguridad pública y derechos individuales en México. Mientras algunos sectores argumentan que son necesarias para combatir al crimen organizado, otros advierten que podrían ser utilizadas como herramientas de control político.
La discusión ahora está en manos del pleno del Congreso, donde se espera una votación final en los próximos días. En un momento crítico para los derechos digitales y la privacidad en México, las decisiones tomadas podrían marcar un antes y un después en cómo se protege —o se vulnera— la información personal de los ciudadanos.
