La desaparición de Areli Zitlali Arista Hernández, una joven de 24 años vista por última vez el pasado 30 de marzo en Zempoala, Hidalgo, ha desatado una ola de indignación y desesperación entre sus familiares y amigos. Sin embargo, lo que debería ser una búsqueda urgente y coordinada se ha convertido en un enfrentamiento entre ciudadanos y autoridades, dejando al descubierto una mezcla de negligencia institucional y violencia estatal.
Un bloqueo que terminó en agresión
La mañana del domingo 6 de abril, familiares y allegados de Areli bloquearon la carretera México-Pachuca, a la altura de la estación Gabriel Mancera del Tuzobús, en Matilde. Su objetivo era claro: exigir avances en la investigación sobre su paradero. La protesta, que comenzó como un acto pacífico, se tornó violenta cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo intervinieron para desalojar a los manifestantes.
El operativo incluyó empujones, uso de agentes químicos y hasta agresiones físicas. Un policía roció un químico irritante a un joven tras un intercambio de empujones y posteriormente otro agente abofeteó a un hombre frente a los presentes. Los manifestantes respondieron con agua y reclamos airados, pero finalmente fueron replegados. La escena dejó más preguntas que respuestas: ¿por qué la violencia contra quienes solo buscan justicia? ¿Por qué las autoridades parecen más preocupadas por despejar una carretera que por encontrar a una persona desaparecida?
La desaparición: preguntas sin respuesta
Areli desapareció el 30 de marzo en el fraccionamiento Santa Matilde. Según la ficha emitida por la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, fue su esposo quien reportó su desaparición días después, el miércoles 2 de abril. Este retraso ha generado sospechas entre los familiares, quienes también señalan posibles antecedentes de violencia intrafamiliar en la relación.
Al momento de su desaparición, Areli vestía una playera rosa pastel y pantalón de mezclilla. Desde entonces no se tiene rastro alguno sobre su paradero. La madre de Areli ha intentado ingresar a la casa donde vivía su hija con su esposo para buscar pistas como su celular o pertenencias personales, pero no se le ha permitido el acceso.
La indiferencia institucional
Aunque las autoridades aseguran haber activado los protocolos de búsqueda tras recibir la denuncia —incluyendo inspecciones en hospitales locales, revisión del Registro Nacional de Detenciones y solicitud de grabaciones al sistema C5i— los familiares consideran insuficientes estas acciones. Para ellos, cada día perdido representa un riesgo mayor para la integridad física y emocional de Areli.
“Se desapareció desde el sábado y el señor no avisó hasta apenas el miércoles; ¿qué quieren que hagamos? A mí si se me desaparece una hija empiezo a mover cielo, mar y tierra desde el primer día”, expresó una manifestante durante el bloqueo. La frustración es palpable: sienten que las autoridades han actuado con displicencia mientras ellos enfrentan obstáculos para obtener respuestas concretas.
Violencia estatal contra el dolor ciudadano
El enfrentamiento entre los manifestantes y la policía estatal no solo refleja la tensión entre ciudadanos desesperados y un gobierno incapaz de responder eficazmente; también evidencia cómo las instituciones recurren a la fuerza para silenciar reclamos legítimos. Las imágenes del operativo —con agentes químicos y agresiones físicas— son un recordatorio brutal del desequilibrio entre quienes exigen justicia y quienes deberían garantizarla.
Tras el desalojo violento, los cerca de 30 personas presentes se retiraron del lugar sin obtener avances ni compromisos claros por parte de las autoridades. Mientras tanto, la madre de Areli permanecía en el C5i esperando ser atendida, pero no se informó si logró ingresar a alguna reunión.
Una búsqueda que se enfría
Aunque el gobierno estatal asegura que continuará con las labores hasta agotar todas las líneas de investigación, los familiares temen que el caso pierda prioridad con el paso del tiempo. La ausencia prolongada aumenta las posibilidades de que Areli sea víctima de violencia extrema o trata; cada minuto cuenta en casos como este.
La protesta silenciada en Matilde no es solo un acto desesperado; es un grito colectivo por justicia en un país donde las desapariciones son moneda corriente y las respuestas oficiales suelen ser tardías o insuficientes. Mientras tanto, Areli sigue desaparecida y su familia enfrenta no solo el dolor desgarrador sino también la indiferencia institucional y la represión estatal.
