El Puente Atirantado de Pachuca, inaugurado como una obra emblemática del gobierno de Omar Fayad, se ha convertido en un símbolo del despilfarro y la ineptitud administrativa. Ahora, tres años después, el puente requiere una remodelación urgente para corregir las fallas que han generado caos vial y críticas constantes. Sin embargo, el exgobernador ha intentado deslindarse de las responsabilidades, dejando una obra problemática que podría derivar en nuevos riesgos financieros.
En una entrevista con AM Hidalgo, Omar Fayad respondió a las críticas sobre el puente atirantado diciendo: “Yo no puso los ladrillos. Tampoco soy el ingeniero que puso los ladrillos”, deslindándose de las deficiencias detectadas en la obra. Con esta frase, Fayad buscó evadir su responsabilidad directa sobre los problemas estructurales y operativos del proyecto. Sin embargo, como impulsor y aprobador de la obra, Fayad no puede desligarse completamente del fracaso que representa este puente para la movilidad en Pachuca.
A pesar de sus intentos por justificar la inversión millonaria y defender el impacto visual del puente, los hechos hablan por sí mismos: embotellamientos persistentes, diseño deficiente y una estructura que no cumple con los principios técnicos de un verdadero puente atirantado. Los cables decorativos son meramente ornamentales y no tienen ninguna función estructural, lo que refuerza las críticas hacia su utilidad.
El puente fue construido con un presupuesto inicial de 402 millones de pesos, pero terminó costando 502 millones, un sobrecosto de 100 millones que nunca fue claramente justificado. Además, su inauguración se retrasó un año, lo que pone en evidencia la falta de planeación y supervisión adecuada durante su construcción. Estos sobrecostos y retrasos son indicios claros de mala administración, lo que podría llevar a Fayad a enfrentar procesos legales por daño patrimonial al estado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Contraloría estatal han señalado irregularidades en el manejo financiero del puente. Si se demuestra que hubo negligencia o desvío de recursos durante su gestión, Fayad podría enfrentar procesos legales. Aunque Fayad ha afirmado que no hay observaciones directas hacia él, las investigaciones continúan, y la ciudadanía espera respuestas claras sobre cómo se gestionaron los recursos públicos en este proyecto.
El gobierno actual, encabezado por Julio Menchaca, ha anunciado un proyecto para remodelar el puente con el objetivo de utilizar sus seis carriles y mejorar la movilidad vial. Sin embargo, esta remodelación plantea serias preocupaciones sobre posibles sobrecostos y corrupción. Hidalgo tiene un historial preocupante en obras públicas donde los costos se inflan y los contratos se asignan sin transparencia. Si no se implementan medidas estrictas para supervisar este proyecto, existe el riesgo real de que personas ajenas al interés público aprovechen esta oportunidad para enriquecerse a costa del presupuesto estatal.
En resumen, el Puente Atirantado es un legado problemático del gobierno de Omar Fayad que representa todo lo que está mal con las obras públicas mal planeadas: sobrecostos injustificados, diseño deficiente y funcionalidad cuestionable. Aunque Fayad intente deslindarse con frases como “yo no puse los ladrillos”, su responsabilidad como promotor del proyecto es ineludible. Por otro lado, la remodelación anunciada por Julio Menchaca podría convertirse en otra oportunidad para el enriquecimiento ilícito si no se toman medidas claras para evitar abusos. La ciudadanía merece respuestas contundentes sobre cómo se gestionará este proceso para garantizar que finalmente esta obra cumpla con su propósito original sin repetir los errores del pasado.
