La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel del 25% sobre las importaciones de automóviles y autopartes ha sacudido los cimientos del comercio internacional y amenaza con alterar profundamente las cadenas de suministro en América del Norte. Este movimiento, promovido bajo la premisa de proteger la seguridad nacional y revitalizar la manufactura estadounidense, plantea retos económicos significativos para México, que se encuentra en el centro de esta controversia.
México es el cuarto mayor exportador de vehículos a nivel mundial y el principal proveedor de autos y autopartes para Estados Unidos. En 2024, exportó más de 3.9 millones de vehículos, con el 80% destinados al mercado estadounidense. Según datos del Mexican Automotive Industry Association (AMIA), la industria automotriz representa cerca del 3.5% del PIB nacional y emplea a más de 900,000 personas directamente. Sin embargo, los nuevos aranceles podrían encarecer los costos de producción, reducir la competitividad frente a otros mercados y provocar pérdidas masivas de empleos en regiones clave como Bajío, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila.
Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ofrece ciertas exenciones para vehículos que cumplen con las reglas de contenido regional (75% de componentes originarios de América del Norte), estas medidas no eliminan completamente el impacto negativo. Por ejemplo, el sistema tarifario propuesto permite que los importadores certifiquen el contenido estadounidense en sus productos para reducir la base gravable del arancel. Aun así, este proceso incrementa la burocracia y los costos administrativos para las empresas mexicanas.
La estructura altamente integrada entre México, Canadá y Estados Unidos hace que los aranceles tengan un efecto acumulativo devastador. Según el análisis del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), cada vez que una pieza cruza la frontera antes del ensamblaje final, se enfrenta a un arancel adicional. Esto no solo eleva los costos para fabricantes internacionales como Toyota o BMW, sino también para empresas estadounidenses como General Motors y Ford, que dependen en gran medida de componentes mexicanos.
Las consecuencias no se limitan al comercio tradicional; la transición hacia vehículos eléctricos también está en riesgo. México aún depende de baterías importadas, principalmente desde China, lo que aumenta los costos y reduce su competitividad frente a mercados más avanzados como Estados Unidos o Europa. La falta de infraestructura para vehículos eléctricos (EV) agrava la situación: mientras países como Estados Unidos invierten miles de millones en redes de carga y producción local de baterías, México sigue rezagado.
El anuncio ha generado críticas globales. Alemania calificó los aranceles como “desastrosos para el comercio libre”, mientras Canadá advirtió sobre posibles represalias comerciales. En Estados Unidos, expertos como Jonathan Smoke de Cox Automotive señalaron que estos aranceles podrían elevar los precios promedio por vehículo hasta $5,300 dólares, afectando directamente a los consumidores y reduciendo la demanda en el mercado.
Para México, las implicaciones económicas son alarmantes. Según Capital Economics, hasta el 1.6% del PIB mexicano está en riesgo debido a estos aranceles. Además, si las medidas persisten durante todo el año, se estima que podrían provocar una contracción económica del 1.2%, llevando al país a una posible recesión.
En respuesta a estos desafíos, México ha comenzado a diversificar sus relaciones comerciales. El nuevo acuerdo firmado con la Unión Europea en 2024 elimina tarifas sobre vehículos importados desde Europa y facilita la exportación de EVs con componentes mexicanos o europeos. Este tratado abre nuevos mercados para los fabricantes mexicanos y reduce su dependencia del mercado estadounidense.
Por otro lado, la creciente presencia de fabricantes chinos como BYD ofrece tanto oportunidades como riesgos. Mientras algunos ven esto como una amenaza competitiva directa, otros destacan el potencial para atraer inversiones chinas en manufactura local de EVs. Tesla también ha anunciado planes para expandir su producción en México, lo que podría impulsar la transición hacia tecnologías más limpias.
Sin embargo, expertos advierten que estas iniciativas no serán suficientes sin una estrategia integral. México debe desarrollar una cadena regional de suministro para baterías eléctricas e invertir en infraestructura nacional para EVs con incentivos gubernamentales y participación activa del sector privado. Además, es crucial fortalecer su posición negociadora dentro del T-MEC para garantizar un trato preferencial frente a futuras políticas proteccionistas.
El panorama es complejo y lleno de incertidumbre. Los aranceles automotrices representan un desafío monumental no solo para México sino también para toda la región norteamericana. La industria automotriz mexicana enfrenta una doble amenaza: por un lado, los impactos inmediatos derivados de las políticas proteccionistas estadounidenses; por otro lado, la necesidad urgente de adaptarse al cambio global hacia la electrificación.
