El gobierno de Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa un tema polémico: la despenalización de la hoja de coca. Durante una sesión de la Convención de Estupefacientes en Viena, Colombia solicitó que esta planta, considerada sagrada por comunidades indígenas andinas, sea retirada del listado de sustancias prohibidas. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que México y Bolivia respaldarían esta propuesta. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de estos países ha confirmado su apoyo. De acuerdo con análisis como el publicado por RFI, esta iniciativa podría ser tanto un intento audaz por replantear las políticas globales sobre drogas como una estrategia política para distraer a la opinión pública.
La hoja de coca: entre lo cultural y lo criminal.
La hoja de coca ha sido un símbolo cultural y medicinal para muchas comunidades indígenas durante siglos. Sin embargo, su asociación directa con la producción de cocaína la ha convertido en el centro de políticas antidrogas que criminalizan su cultivo y uso. Petro busca liderar un cambio global en el enfoque hacia las drogas, argumentando que la guerra contra el narcotráfico ha fracasado y que es hora de
Replantearla desde un enfoque más humano.
Desde el inicio de su mandato, Petro detuvo las erradicaciones forzadas de cultivos ilícitos, considerando que estas perjudican a los campesinos sin atacar las raíces del narcotráfico. En su lugar, propuso programas para sustituir los cultivos ilícitos por alternativas legales mediante incentivos económicos. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes: según datos recientes de la ONU, los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 10% en 2023 y la producción potencial de cocaína creció un alarmante 53%, alcanzando cifras récord.
¿Un cambio necesario o una estrategia política?
La propuesta colombiana busca replantear el enfoque global hacia las drogas desde una perspectiva pragmática. Según Buitrago, es crucial analizar qué estrategias han fracasado en la guerra contra las drogas y cuáles podrían ser más efectivas. Este discurso encuentra eco en países como Bolivia, donde la hoja de coca tiene un valor cultural y se permite su uso tradicional bajo ciertas regulaciones.
Sin embargo, críticos como Luis Felipe Vega, politólogo de la Universidad Javeriana, cuestionan las verdaderas intenciones detrás de esta iniciativa. Vega sostiene que el gobierno Petro atraviesa una crisis interna de legitimidad y que medidas como esta podrían ser interpretadas como “cortinas de humo” para distraer a la opinión pública. “Es una estrategia simbólica más que práctica. El presidencialismo personalista intenta mantener una conexión con unas bases sociales que ya no lo respaldan plenamente”, señala el académico.
Reacciones internacionales: ¿aliados o silencio?
Uno de los puntos más polémicos del anuncio fue la afirmación de que México y Bolivia apoyarían el pedido colombiano ante Naciones Unidas. Hasta ahora, ninguno de estos gobiernos ha emitido declaraciones oficiales al respecto. Esto pone en duda la capacidad del gobierno Petro para construir alianzas sólidas en torno a esta propuesta.
Además, cualquier cambio en el estatus legal de la hoja de coca requeriría un consenso internacional difícil de alcanzar. Países como Estados Unidos mantienen posturas rígidas sobre el tema y podrían bloquear cualquier intento por despenalizarla debido a sus intereses estratégicos en la lucha contra el narcotráfico.
Impacto interno: ¿solución o distracción?
Dentro del país, esta propuesta ha generado reacciones mixtas. Por un lado, sectores progresistas consideran que es hora de replantear las políticas antidrogas para priorizar los derechos humanos y el bienestar social sobre enfoques punitivos. Por otro lado, sectores conservadores critican duramente la iniciativa al considerarla un mensaje equivocado sobre el compromiso del país con la lucha contra las drogas.
Mientras tanto, las comunidades rurales afectadas por el narcotráfico siguen enfrentando violencia y pobreza extrema. En regiones como el Catatumbo y el Cauca, donde operan grupos armados como el ELN y facciones disidentes de las FARC, el control territorial está estrechamente ligado al comercio ilícito. La propuesta no parece ofrecer soluciones concretas para estos problemas estructurales.
¿Un paso hacia el cambio o una estrategia fallida?
La solicitud colombiana ante Naciones Unidas plantea preguntas fundamentales: ¿es posible separar la hoja de coca de su asociación con la cocaína? ¿Hasta qué punto las políticas actuales han perpetuado ciclos de violencia y pobreza? Aunque Petro busca abrir un debate necesario sobre estas cuestiones, su estrategia enfrenta obstáculos internos y externos.
Luis Felipe Vega advierte que este tipo de iniciativas pueden ser vistas como gestos simbólicos sin impacto real: “El gobierno está perdiendo legitimidad interna y busca proyectarse internacionalmente con propuestas disruptivas. Pero sin aliados sólidos ni resultados concretos dentro del país, estas medidas terminan siendo más retóricas que efectivas”.
En última instancia, el éxito o fracaso de esta propuesta dependerá no solo del respaldo internacional que logre obtener Colombia sino también del impacto real que tenga en las comunidades afectadas por décadas de conflicto y narcotráfico. Por ahora queda por ver si este intento será recordado como un avance histórico hacia un nuevo paradigma o simplemente otra cortina política lanzada por un gobierno bajo presión.
