El periodico que vela por el pueblo y la verdad
Planeación, Gobierno e Infraestructura tienen un problema serio: los números que presentan como avances no siempre demuestran que están resolviendo los problemas de la gente. Hay inconsistencias en los indicadores, metas que pierden fuerza de un año a otro y observaciones de auditoría que plantean una pregunta incómoda: ¿qué tan confiables son los resultados con los que el gobierno presume de su gestión?
El gobierno utiliza el TECI, un tablero con 482 indicadores de 83 instituciones, para medir y presentar sus avances. Pero cumplir un indicador no significa necesariamente que un problema esté resuelto. También importa qué se mide, cómo se calcula y qué tan exigente es la meta.
Con objetivos poco ambiciosos, una dependencia puede alcanzar el porcentaje previsto sin que eso represente una mejora importante para la población. El reporte sale bien, el indicador aparece cumplido y la necesidad que originó el programa puede seguir ahí. Hacer un trámite no es lo mismo que solucionar un problema.
La Unidad de Planeación y Prospectiva tiene la responsabilidad de evaluar las políticas públicas y vigilar que los resultados del gobierno se midan correctamente. Por eso, las inconsistencias en sus propios indicadores no son un asunto menor.
Al medir la publicación de planes y programas, asigna el mismo valor a un Plan Estatal que a 65 programas institucionales. La forma de contabilizarlos puede distorsionar el resultado si no contempla las diferencias entre los documentos. Para saber si el porcentaje refleja el avance real, hace falta conocer la fórmula utilizada y comprobar cómo se aplicó.
También hay indicadores registrados como trimestrales en el sistema que aparecen como anuales en sus fichas técnicas. ¿Cuál de las dos periodicidades se utiliza para evaluar el cumplimiento? La discrepancia necesita una explicación, especialmente en una dependencia cuya tarea consiste precisamente en ordenar y evaluar la información del gobierno.
Los antecedentes de auditoría tampoco ayudan. En 2024, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo señaló un caso en el que un proveedor comenzó a trabajar en un estudio antes de que existiera el contrato correspondiente. Aunque posteriormente se entregó documentación adicional, el señalamiento permaneció.
La dependencia encargada de vigilar la planeación tiene, por tanto, asuntos propios que aclarar: cómo calcula sus indicadores, por qué sus registros no coinciden y cómo garantiza que los procedimientos relacionados con el gasto público se cumplan. No puede exigir que las demás dependencias rindan cuentas mientras sus propios números y expedientes dejan preguntas abiertas.
La Secretaría de Gobierno atiende asuntos en los que un procedimiento administrativo está muy lejos de ser suficiente: víctimas, personas desaparecidas, protección civil y derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otros.
Sin embargo, algunos indicadores se concentran en contabilizar actuaciones. Canalizar a un menor cuyo derecho fue vulnerado permite registrar una intervención, pero no demuestra que haya recibido protección efectiva. Aceptar una recomendación de derechos humanos acredita una respuesta administrativa, pero no prueba que se haya corregido la violación.
La pregunta es qué sucede después de marcar la casilla de cumplimiento. ¿La persona recibió atención? ¿Se resolvió su situación? ¿Se corrigió el problema que originó la recomendación?
Si el indicador no permite conocer esos resultados, la dependencia puede presumir que cumplió sin demostrar qué cambió para las personas afectadas. En asuntos de derechos humanos, esa diferencia importa mucho más que el porcentaje de un reporte.
El gobierno tiene que explicar qué resultados obtiene con sus intervenciones, no solamente cuántas realizó. De lo contrario, el expediente puede quedar completo mientras la persona sigue esperando una solución.
En Infraestructura, las propias metas plantean dudas sobre el alcance de los compromisos del gobierno.
En el rescate de espacios públicos, el porcentaje de población que se pretende beneficiar pasa de 20.06% en 2026 a 19.42% en 2027 y a 15.17% en 2028. La meta disminuye año tras año. Si el objetivo es ampliar los beneficios, la dependencia tiene que explicar por qué prevé llegar a una proporción menor de la población.
En agua y saneamiento, el porcentaje pasa de 9.44% a 9.49%, un aumento de apenas 0.05 puntos porcentuales. El indicador registra una mejora, sí, pero la magnitud del incremento obliga a preguntar qué alcance tiene el compromiso frente a las necesidades de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
En ordenamiento territorial, la programación contempla actualizar cerca del 17% anual de los instrumentos correspondientes. Es una cifra que merece examinarse frente al rezago acumulado y las necesidades de planeación urbana.
El problema no es que estos porcentajes demuestren automáticamente que no se está trabajando. Es que el gobierno debe explicar por qué considera suficientes esas metas y qué resultados concretos espera conseguir con ellas. Cumplir un objetivo poco exigente puede servir para presentar un buen reporte, pero no necesariamente para responder a las necesidades de la población.
Los indicadores deberían permitir saber qué hizo cada dependencia, cuánto gastó y qué resultados obtuvo. Cuando las mediciones tienen inconsistencias, las metas son poco exigentes o los trámites se presentan como resultados, esa información pierde buena parte de su utilidad.
En Planeación hay cuentas y procedimientos que aclarar. En Gobierno, falta saber si las actuaciones administrativas se traducen en soluciones para las personas. En Infraestructura, las metas planteadas dejan dudas sobre el alcance de los compromisos.
Son tres problemas distintos, pero todos afectan la rendición de cuentas. El gobierno puede presentar porcentajes de cumplimiento y llenar sus informes de cifras favorables. Lo que no puede hacer es esperar que esos números basten para demostrar que está haciendo bien su trabajo.
Porque al final, a la persona que necesita agua le da igual que un indicador haya subido unas centésimas si su problema sigue sin resolverse. A una víctima no le sirve que el expediente esté completo si no recibe protección. Y a la población no le basta con que una dependencia declare cumplida su meta si los resultados no corresponden a lo que necesita.
El gobierno presume sus números. Ahora le toca demostrar qué ha hecho realmente con ellos y, sobre todo, qué ha conseguido para la gente.
Precisa las áreas y dependencias responsablesDistingue mejor datos de interpretaciones
