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Eduardo Iturbe Méndez, ex coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Hidalgo, es investigado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) por un presunto desvío de 117 millones de pesos mediante contratos de publicidad con sobrecosto millonario (investigación Nuevo Gráfico, enero 2025). El último caso: un contrato de 1.8 millones de pesos con El Universal Hidalgo donde pagó 452 mil pesos por publicación que vale 24 mil pesos según el Padrón Nacional de Medios Impresos (contrato DIG-279/2024, Portal de Transparencia Hidalgo).
El acuerdo, identificado bajo el número DIG-279/2024, autorizó el pago de 1 millón 809 mil 600 pesos a Grupo Editorial de Medios Creativos S.A. de C.V., editor de El Universal Hidalgo, por la publicación de cuatro contenidos institucionales en febrero de 2024 (Portal de Transparencia Hidalgo).
Según la documentación obtenida, el costo unitario pactado para cada publicación fue de 452 mil 400 pesos (contrato DIG-279/2024). Sin embargo, al contrastar esta cifra con el Padrón Nacional de Medios Impresos, la discrepancia es abismal (SEGOB 2023):
Con lo que Eduardo Iturbe Méndez pagó por UNA sola nota, alcanzaba para 18 publicaciones a tarifa oficial.
Este contrato no es un caso aislado. Forma parte de un patrón que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) investiga desde enero de 2025, cuando se reveló que Eduardo Iturbe Méndez operó un esquema de “moches” que inflaba facturas hasta en un 3,000%, obligando a los medios a devolver hasta el 80% del valor total en efectivo (Nuevo Gráfico, enero 2025).
La auditoría identifica un presunto desvío de 117 millones de pesos entre 2022 y 2024 (ASEH, reporte enero 2025). Tras el escándalo, Eduardo Iturbe Méndez fue removido del cargo por el gobernador Julio Menchaca en octubre de 2024 y permanece inubicable, enfrentando la posibilidad de una denuncia penal (Nuevo Gráfico, enero 2025).
Según las investigaciones, el esquema requería que los medios facturaran montos muy superiores a los reales y luego devolvieran el excedente en efectivo, dinero que se utilizaba para financiar campañas de guerra sucia contra medios críticos y para engrosar las bolsas de funcionarios y operadores políticos (Nuevo Gráfico, enero 2025).
Este episodio se suma a otros contratos cuestionados durante el gobierno de Omar Fayad Menéses y la administración de Julio Menchaca, donde la publicidad oficial se usó como mecanismo de control político y enriquecimiento ilícito en Hidalgo (Proceso, noviembre 2024).
En julio de 2026, El Universal reportó que el gobierno de Omar Fayad Menéses otorgó contratos por 23 millones de pesos a una empresa vinculada a un presunto operador financiero del Cártel del Noreste, lo que ilustra la gravedad de la opacidad en la contratación pública en Hidalgo (El Universal, julio 2026).
Durante la administración de Julio Menchaca, la opacidad en los contratos de comunicación social se mantuvo como práctica habitual, con adjudicaciones directas millonarias a medios afines y la creación de una red de páginas digitales fantasma que facturaban millones sin tener presencia real en internet (Proceso, noviembre 2024).
La ASEH continúa su investigación sobre el desvío de 117 millones de pesos en comunicación social (ASEH, reporte enero 2025). Las autoridades de la Contraloría de Hidalgo han sido llamadas a revisar el proceso de contratación del contrato DIG-279/2024 y determinar si el ejercicio de los recursos públicos se realizó conforme a la normatividad (Dulce Patria, agosto 2026).
Mientras tanto, Eduardo Iturbe Méndez permanece inubicable y enfrenta presión para una posible denuncia penal por corrupción y desvío de recursos públicos en el estado de Hidalgo (Nuevo Gráfico, enero 2025).
Un esquema de esta magnitud, que operó durante más de dos años y movió 117 millones de pesos en recursos públicos, no pudo haber funcionado sin la aprobación, cuando menos, del conocimiento de las máximas autoridades del estado.
En la estructura del gobierno de Hidalgo, cualquier contrato millonario de publicidad oficial requiere la revisión y validación de la Secretaría de Gobierno, además de la autorización final del gobernador en turno. Los contratos de comunicación social, especialmente aquellos que superan los umbrales de adjudicación directa, pasan por múltiples filtros administrativos y jurídicos antes de ser firmados.
Eduardo Iturbe Méndez no era un funcionario menor: era el coordinador de Comunicación Social del gobernador Julio Menchaca, un cargo de confianza que reporta directamente al ejecutivo estatal. Un esquema de “moches” del 80%, facturas infladas al 3,000% y contratos millonarios a medios fantasma no opera en las sombras de una oficina: requiere luz verde desde arriba.
La pregunta que queda en el aire es incómoda pero necesaria: ¿quién más autorizó, validó o simplemente miró para otro lado mientras se desviaban 117 millones de pesos del pueblo de Hidalgo?
Porque en la administración pública, especialmente en contratos de este calibre, este tipo de tranzas nunca se dan sin la aprobación del gobernador o, como mínimo, del secretario de Gobierno. Y eso es algo que la ASEH, la Contraloría y la Fiscalía de Hidalgo tendrán que aclarar si quieren que esta investigación no quede en otro expediente olvidado.
