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Durante la administración de Omar Fayad Meneses, la Secretaría de Salud de Hidalgo adjudicó contratos millonarios a estructuras empresariales vinculadas a Justo Aurelio Rivera Parrazales, señalado por autoridades federales como presunto operador financiero del narco, especificamente el Cártel del Noreste y del grupo criminal La Barredora; entre 2019 y 2020, la dependencia otorgó convenios que suman más de 23 millones de pesos para la compra de equipo médico y de laboratorio que terminaron bajo control del hoy imputado por lavado de dinero, según ha quedado asentado en una investigación publicada por La Silla Rota Hidalgo y firmada por la periodista Susana Jiménez.
Además de La Silla Rota, periódicos y portales como El Universal, Reporte Índigo, Yucatán.com, Latinus, La Jornada Hidalgo y distintos espacios informativos han ventilado y confirmado esta misma trama de contratos y relaciones empresariales, convirtiendo el caso Rivera Parrazales en un escándalo nacional que liga directamente al gobierno de Fayad con el operador financiero del Cártel del Noreste. Estas publicaciones han detallado los montos, las licitaciones, los hospitales beneficiados y la ruta empresarial que va desde el predio adquirido en Tulancingo hasta las adjudicaciones de la Secretaría de Salud.
De acuerdo con la información ya divulgada, el presunto operador adquirió un terreno en Tulancingo, Hidalgo, que posteriormente entregó en comodato para la construcción de un almacén vinculado a sus negocios en el sector salud. Ese predio se convirtió en una pieza clave de la infraestructura utilizada por las empresas que vendieron al gobierno estatal, al conectar el patrimonio inmobiliario del operador con la ruta de suministro de la Secretaría de Salud. Documentos oficiales lo acreditan como fundador, administrador y apoderado legal de las razones sociales beneficiadas, lo que refuerza la relación directa entre su estructura empresarial y el flujo de fondos públicos.
En febrero de 2019, la Secretaría de Salud de Hidalgo adjudicó a una de estas empresas un contrato para equipar el Hospital Integral de Zimapán con equipo médico y de laboratorio. Meses después, en diciembre de ese mismo año, se firmó el principal convenio por poco más de 21 millones de pesos para suministrar equipo a hospitales ubicados en Tula, Ixmiquilpan, Huichapan, la región Otomí‑Tepehua, Atlapexco, Pachuca, Actopan y Huehuetla, entre otros. En plena emergencia sanitaria por Covid‑19, en 2020, se añadieron adjudicaciones directas para el Hospital Montable de Respuesta Inmediata de Actopan, bajo el argumento de la urgencia, lo que completó un paquete que supera los 23 millones de pesos. Las investigaciones periodísticas coinciden en señalar estos contratos como parte de un patrón de favorecimiento a proveedores con vínculos políticos y financieros opacos.
Los registros mercantiles muestran que Rivera Parrazales constituyó su empresa matriz en 2015, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que inicialmente concentró la mitad de las acciones, además de ocupar la administración única. Aunque existe un acta en la que se consigna su renuncia a cargos y facultades dentro de la compañía en 2019, al menos uno de los contratos posteriores lo sigue señalando como representante legal, lo que abre dudas sobre si esa separación fue real o una maniobra formal para disimular su presencia en los negocios con el gobierno. La trayectoria de estas empresas, alimentadas por contratos públicos en Hidalgo y con vínculos con dependencias de Chiapas, ha sido retomada por diversas redacciones que han puesto la lupa sobre la red empresarial asociada al operador del cártel.
La detención de Rivera Parrazales, ocurrida el 19 de julio en Mérida, Yucatán, expone el alcance de esa red. En los cateos practicados por fuerzas federales se aseguraron vehículos de lujo, armas, drogas, joyas y equipos tecnológicos, por un valor superior a 145 millones de pesos, lo que evidencia una acumulación patrimonial que difícilmente puede explicarse sin considerar la inyección de recursos provenientes de contratos gubernamentales. Las autoridades lo describen como operador logístico y financiero de un grupo delictivo vinculado al Cártel del Noreste y a La Barredora, lo que sitúa los convenios con la Secretaría de Salud de Hidalgo en el ámbito de posibles esquemas de lavado de dinero. La cobertura de medios nacionales ha reforzado esta lectura al mostrar cómo la captura de Rivera reactiva la revisión de los contratos firmados durante el sexenio de Fayad.
El conjunto de trabajos publicados por La Silla Rota Hidalgo, El Universal, Reporte Índigo, Yucatán.com, Latinus, La Jornada Hidalgo y otros medios coincide en que estos hechos contradicen de manera frontal el discurso oficial que, sexenio tras sexenio, ha insistido en negar la presencia de cárteles en el estado. Mientras las declaraciones sostienen que Hidalgo está libre de organizaciones criminales, los documentos exhiben contratos millonarios del gobierno de Fayad con el operador financiero de un cártel que disputa territorios clave del país. La existencia de un predio, un comodato y una cadena de adjudicaciones en el ámbito de la salud revela que la operación del Cártel del Noreste no sólo pasó por Hidalgo, sino que se alimentó directamente del presupuesto público.
La nota abre varias preguntas: quién recomendó a estas empresas como proveedoras, quién firmó y autorizó cada uno de los contratos, qué mecanismos de supervisión fallaron y por qué no se han abierto investigaciones profundas sobre posibles responsabilidades administrativas y penales. También obliga a revisar el uso de las emergencias sanitarias como justificación para adjudicar de manera directa, lo que relaja los controles y abre la puerta a compañías que hoy aparecen vinculadas al crimen organizado. Mientras el actual discurso político intenta marcar distancia con el sexenio anterior, la huella de estos contratos millonarios al operador del Cártel del Noreste, revelados por La Silla Rota Hidalgo y ratificados por otros medios, sigue siendo una deuda pendiente de explicación y de justicia para Hidalgo.
