Ciudad de México, 13 de julio de 2026.
La Corte Penal Internacional se convirtió en un nuevo escenario de presión contra Andrés Manuel López Obrador. La oposición presentó el 7 de junio de 2026 una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad, acusándolo de haber permitido una política de tolerancia frente al crimen organizado durante su sexenio. El expediente no solo busca responsabilizar políticamente al expresidente, sino también elevar el caso a una instancia jurídica internacional de máximo nivel.
La acusación no es menor. El documento sostiene que entre 2018 y 2024 se consolidó una estrategia de seguridad que, lejos de contener la violencia, habría facilitado el avance territorial de los cárteles. La denuncia habla de más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desapariciones, reclutamiento forzado y regiones enteras del país dominadas por grupos criminales. Bajo esa lógica, la oposición sostiene que la política de “abrazos, no balazos” no fue una fórmula de pacificación, sino una renuncia del Estado a imponer límites efectivos al crimen organizado.
El golpe político se volvió todavía más fuerte cuando The Spectator, el 1 de junio de 2026, publicó un reportaje en el que coloca a AMLO y a Morena como parte de una supuesta alianza política que habría favorecido al narco. La pieza británica no se limita a criticar la estrategia de seguridad; plantea que el poder político en México terminó por tolerar, normalizar o incluso facilitar la expansión del crimen. Ese tipo de señalamiento, proveniente de fuera de México, amplifica la dimensión del escándalo y le da un peso internacional que la oposición difícilmente podría lograr por sí sola.
En términos políticos, el caso ya no es solo un ataque de adversarios internos. La combinación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional y una cobertura extranjera de tono acusatorio sitúa a Morena bajo una presión inédita. Para el oficialismo, el problema no es únicamente la defensa discursiva: es la imagen de que el conflicto escaló fuera del país y quedó instalado en la conversación internacional como una supuesta crisis de responsabilidad penal y política.
La denuncia sostiene que el gobierno de López Obrador habría optado por una estrategia de permisividad que terminó beneficiando al crimen organizado. En esa narrativa, el Estado no actuó con la firmeza necesaria para impedir que los cárteles ocuparan territorios, reclutaran jóvenes y extendieran sus redes de poder. La oposición afirma que el saldo de esa política se refleja en la magnitud de los homicidios y las desapariciones acumulados durante el sexenio.
También se plantea que la debilidad institucional permitió una forma de captura territorial en diversas regiones del país. Esa idea es clave, porque no acusa solamente errores de gestión, sino una falla estructural del Estado para defender a la población. Por eso el caso fue llevado a La Haya: no como una disputa partidista más, sino como una denuncia de alcance internacional.
El impacto de este caso no radica solo en el contenido de la acusación, sino también en el lugar donde fue presentada. Una denuncia ante la Corte Penal Internacional sitúa a AMLO en un terreno mucho más delicado que una rueda de prensa o una crítica de la oposición. Aunque no existe una orden de aprehensión ni una resolución que implique cárcel inmediata, el solo hecho de que el expediente haya sido formalizado en una instancia internacional ya representa un desgaste severo.
A eso se suma el efecto de la prensa extranjera. Cuando un medio británico publica que Morena aparece vinculado a una lógica de narco-régimen, el tema deja de ser una pelea doméstica y se convierte en una narrativa exportada al exterior. Eso le da combustible a quienes buscan presentar a la 4T como un proyecto político debilitado por la violencia, la impunidad y la sospecha.
Aunque jurídicamente la denuncia todavía está en fase política y de presión pública, su valor radica en el golpe reputacional. Morena queda obligado a responder no solo en el debate nacional, sino también frente a una conversación internacional que ya instaló una sospecha grave: si el Estado mexicano fue incapaz de contener al crimen organizado, ¿fue por ineficiencia o por tolerancia?
Ese es el centro del problema. La oposición intenta convertir la crisis de seguridad en un caso de responsabilidad histórica y, con el tiempo, penal. Si el expediente avanza o no, todavía está por verse. Pero el daño político ya está hecho: AMLO y Morena aparecen hoy asociados a una narrativa que los coloca bajo una lupa internacional y abre la puerta a una discusión mucho más seria sobre la rendición de cuentas.
