Imagina la escena con claridad: son las 8 de la noche en Pachuca, la capital hidalguense. Sales exhausto del trabajo, la lluvia azota las calles y solo anhelas llegar a casa de una pieza. Sacas el teléfono, abres la app de Uber con esperanza… y zas, nada. Cero disponibilidad. En su lugar, te topas con taxis amarillos mugrientos, con choferes que te clavan el doble de la tarifa, te hacen sudar una hora en fila interminable y mascullan maldiciones contra los «piratas» mientras manejan como locos. ¿La raíz de este infierno diario? Miguel Ángel Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo entre 2005 y 2011, quien con mano generosa repartió 3,827 permisos de taxi a sus fieles compadres del PRI. Ese «regalo» envenenado sembró el caos que padecemos hoy: 34,320 taxis circulando en total, el 64% operando en la ilegalidad absoluta, ni rastro de Uber u opciones modernas, y tarifas infladas que exprimen el bolsillo de la gente común. En Pachuca, cada taxi no solo huele feo a cigarro rancio y sudor viejo; apesta a corrupción enquistada, a un sistema podrido que beneficia a unos pocos a costa de todos.
Condena Pachuca al subdesarrollo Osorio Chong.
No es chisme de café: destapamos esta red de poder con datos oficiales irrefutables —Periódicos Oficiales del Estado de Hidalgo (POEH), informes de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), auditorías estatales y federales—. Paso a paso, hilamos cómo Chong encarna la voracidad priista: cuadruplicó los permisos otorgados por su predecesor, engordó a caciques locales como Pedro Solares Cuevas (líder de la FUTV con más de 60 placas en su clan familiar) y bloqueó de raíz cualquier innovación, como apps de movilidad que podrían haber modernizado el transporte y bajado precios. Todo esto lo nutrimos con unas 50 fuentes creíbles —periódicos, reportajes investigativos, testimonios implícitos de gremios taxistas y proyecciones precisas al 2026—, para que veas el rompecabezas completo. Lee con atención, comparte sin piedad y exige cambio de una maldita vez: Hidalgo merece movilidad digna, no este monopolio medieval.
Para entender el monstruo, hay que retroceder al origen. Miguel Ángel Osorio Chong nació el 5 de agosto de 1964 en Pachuca, el pulmón industrial de Hidalgo: un estado de unos 3.3 millones de habitantes en 2026, con rutas vitales que conectan a la CDMX y fábricas que mueven la economía diaria. Creció en un entorno modesto, estudió Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) —la alma máter de generaciones pachuqueñas—, se casó con Laura Vargas Carrillo y, desde joven, metió el turbo en el PRI, ese partido que lo catapultó sin piedad: regidor municipal en 1994, diputado local en 1997 y, boom, gobernador de 2005 a 2011. Su ascenso no fue casual; Hidalgo era un polvorín de oportunidades, y él las olió a leguas.
Justo en su sexenio explotó un boom económico en el estado: el huachicol llenaba bolsillos turbios, las maquiladoras atraían inversión y el transporte se volvía el eje de todo. Pero Chong no se conformó con lo obvio; apostó fuerte por controlar la movilidad. Ahí entra la Ley de Movilidad y Transporte de Hidalgo, promulgada en 2003 y reformada en 2008 bajo su mando directo: un marco legal que permite concesiones de taxi por 30 años, renovables indefinidamente si pagas cuota. Los POEH —esos documentos públicos que nadie lee pero que lo dicen todo— lo registran negro sobre blanco: de enero de 2005 a septiembre de 2011, se expidieron 3,827 permisos para taxis individuales. ¡Un récord histórico, sin parangón! Su predecesor, Jesús Murillo Karam, palidece con menos de un cuarto de esa cifra. ¿Coincidencia? Ni de broma.
¿Por qué esa lluvia torrencial de placas? La Silla Rota lo desnuda en 2021: puro «pago político», favores a la base priista para blindar lealtades electorales. Cada concesión no era gratis: costaba entre 196 y 950 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a unos 20 mil hasta 100 mil pesos por cabeza en valores de 2005. Multiplícalo por 3,827 y tienes ~76 millones de pesos recaudados en taquilla. ¿Hacia dónde volaron? Directo a campañas y arcas ocultas, según Proceso en abril de 2005: «Placas de taxis, la estrategia maestra de control territorial del PRI». Chong no solo repartía migajas; tejía una red que generaba ingresos perpetuos.
Y en el centro de esa telaraña familiar aparece Pedro Solares Cuevas, mandamás de la Federación Única de Taxistas de la Valle (FUTV) desde los albores de los 2000. Su página de Facebook oficial y reportes de Quadratín lo delatan: su familia acumuló más de 60 concesiones, convirtiéndose en reyes de paros, bloqueos y protestas callejeras. Lo denunciaron formalmente en 2023 por fraude en los otorgamientos, pero el daño ya estaba hecho. En Pachuca sola operan 68 empresas taxistas con 970 unidades en la zona metropolitana, según estudios de la UAEH de los 2010s. Solares no era un peón; era el ejecutor: testimonios indirectos en Criterio Hidalgo lo pintan enviando 100 taxistas furiosos a la Plaza Juárez para tumbar cualquier reforma que oliera a competencia.
El remate es el mercado negro que Chong legó: placas «heredadas» —ilegalmente transferidas— se rifan hoy en 300 mil a 500 mil pesos cada una, según los RUTs (Registros Únicos de Transporte) de Hidalgo. Es un negocio voraz sin freno, donde los caciques se enriquecen mientras tú, el usuario, pagas el pato con esperas eternas y cobros abusivos. Esta no es solo historia; es el andamiaje que explica por qué Pachuca sigue atrapada en el pasado. Sigue leyendo para ver cómo se expande el desastre.
Aquí los datos de POEH/Semot: 8,000 individuales Núñez a Fayad. Detalle:
Análisis cuantitativo de la desproporción de permisos bajo Chong:
Los 3,827 permisos otorgados por Miguel Ángel Osorio Chong representan un incremento brutal: 4.3 veces más que los emitidos durante el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005) y 2.6 veces superior a los de Francisco Olvera Ruiz (2011-2016). En un periodo de 20 años, el total acumulado de concesiones para taxis individuales y colectivas apenas alcanza las 8,541 unidades, según datos publicados por El Sol de Hidalgo en 2023.
Hoy, el 64% de los taxis en circulación carece de choferes con tarjetón oficial, lo que equivale a unos 22,000 vehículos piratas que operan con apariencia de legalidad, de acuerdo con el informe de la Red Hidalgo de Movilidad de 2024. Esta saturación genera un caos vial y de seguridad que afecta a todos los usuarios.
El mercado paralelo floreció con rentas de 5,000 a 10,000 pesos mensuales por placa antes de la llegada de apps; ahora, la competencia de Didi las ha deprimido a unos 3,000 pesos al mes. Así, los caciques mantienen su tajada mientras la ciudadanía paga tarifas infladas y un servicio deficiente.
En Pachuca, aproximadamente el 70% de los taxis están vinculados a redes locales conocidas como “osorianas”, lideradas por figuras como Pedro Solares Cuevas, quien dirigió la Federación Única de Taxistas de la Zona Metropolitana (FUTV) según su actividad en Facebook y múltiples reportes periodísticos. Milenio reveló intensas disputas por más de 200 concesiones otorgadas a “Servicios Generales Tercer Milenio” en 2005, lo que generó tensiones con autoridades como Julio Menchaca, mientras fuentes como Yahoo Noticias y Quadratín Hidalgo documentaron cómo políticos y líderes locales acapararon docenas de unidades cada uno, consolidando un control familiar y monopólico. Aunque la ley federal prohíbe explícitamente la venta o cesión de concesiones de transporte público, las renovaciones automáticas cada 30 años a través del Registro Único de Transporte (RUTs) de Hidalgo facilitan transferencias irregulares o “herencias” que perpetúan este dominio generacional. Finalmente, un estudio de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) detalla cómo solo 68 empresas controlan 970 unidades en la zona metropolitana de Pachuca, resultando en tarifas un 20-50% más altas que las de apps como Uber o Didi, lo que impacta directamente en los bolsillos de los usuarios diarios en un mercado poco competitivo.
Uber intentó irrumpir en Hidalgo desde 2016, prometiendo una revolución en la movilidad: precios justos, seguridad y eficiencia. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) lo frenó en seco. En 2021, admitió en Periódico Ruta que había «dos amparos en curso», pero argumentó que la ley solo permite operar a concesionarios tradicionales. La resistencia fue feroz: los taxistas tradicionales, blindados por décadas de favores políticos, no iban a ceder ni un centímetro.
El rechazo se endureció con el tiempo. En 2024, el gobernador Julio Menchaca lo sentenció públicamente en Milenio: nada de plataformas digitales hasta que se regularicen. Para 2025, videos virales en YouTube como «Crisis de Transporte en Hidalgo» documentaron el caos: paros masivos orquestados por la FUTV y Pedro Solares Cuevas, con bloqueos en la Plaza Juárez que paralizaron la ciudad. Uber logró un amparo parcial según reportes de OEM, pero la Semot lo ignoró; hasta hoy, no rueda ni un solo vehículo de la app en el estado.
El resultado es un infierno cotidiano. Los tiempos de traslado Pachuca-CDMX se han inflado un 30%, convirtiendo un viaje rutinario en una odisea. La Semot retuvo 338 taxis «irregulares» solo en 2025, pero eso es gota en el océano ante los 22,000 piratas circulando. Los usuarios, hartos, han migrado en masa: Didi e InDrive capturan ya el 40% del mercado informal, sorteando la ley con astucia. Mientras, los concesionarios priistas ven evaporarse sus rentas, pero el monopolio resiste a punta de paros y amparos, dejando a Hidalgo atrapado en el siglo XX. ¿Hasta cuándo?
En el proceso electoral de 2020, colaboradores cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong en Huichapan fueron señalados por nexos con grupos delictivos relacionados con el huachicol, según investigaciones locales. La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades por 2,500 millones de dólares en contratos de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante su gestión, mientras Infobae reportó que el casero de Chong obtuvo millonarios contratos con Odebrecht en proyectos opacos. Respecto a concesiones, se habla de derechos con valor total estimado en ~500 millones de pesos, de los cuales 76 millones ligados a Chong resultaron “perdidos” o no rastreados en auditorías. Pedro Solares Cuevas denunció fraude interno en la FUTV por irregularidades en la gestión de concesiones de taxis.
