Gobierno del Estado se hace de la vista gorda, del municipal mejor ni hablar.
Tula de Allende, Hidalgo. El asesinato de Julio César P., conocido como “El Buitre”, el pasado 17 de septiembre en la colonia 16 de Enero, ha dejado claro que la violencia en Tula de Allende sigue descontrolada y sin señales de esclarecimiento. Un grupo armado irrumpió en su domicilio y con balas puso fin a su vida, sumando un capítulo más en una espiral de inseguridad que las autoridades estatales y locales parecen incapaces de contener.
La escena fue brutal: sujetos encapuchados ingresaron a la vivienda en la calle Tres Culturas y dispararon sin piedad contra “El Buitre”. A pesar del despliegue de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que abrió una carpeta de investigación, no se registra ningún detenido hasta el momento, ni avances palpables en la pesquisa. La muerte de este hombre de 39 años se convierte en un símbolo de la impunidad que permea en Tula.
El municipio, que suma ya 23 homicidios en 2025, concentrando casi el 19% de los crímenes con arma de fuego del estado, vive una escalada alarmante de violencia relacionada con la lucha entre cárteles y células criminales internas del grupo “El H”, negocio que se disputa el territorio con una violencia despiadada desde la detención de su líder principal. Esta pugna ha convertido a Tula en un territorio dominado por el miedo y la ley del más fuerte.
Los ataques no se limitan a la población civil. Recientemente, un atentado protagonizado contra el juez de control Víctor Hugo Matadamas pone en evidencia la vulnerabilidad no sólo de los ciudadanos, sino de las mismas instituciones. El funcionario resultó herido tras un ataque armado que terminó con su vehículo impactado contra un poste, mientras comandos armados siguen operando libremente bajo la mirada indiferente del gobierno.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo insiste en que trabaja para reducir la violencia, pero la realidad es otra: operativos llenos de promesas quedan en el olvido y la inseguridad escala mes a mes. Las estrategias fragmentadas y la corrupción que permea en las fuerzas policiales impiden hacerle frente a grupos fuertemente armados, que no respetan la ley ni la vida humana.
Habitantes de colonias como la 16 de Enero y Xochitlán de las Flores viven atrapados en un círculo de terror, donde el crimen organizado cobra piso, extorsiona y amenaza a diario sin que exista una respuesta efectiva de las autoridades. Vecinos reportan la ausencia de patrullajes, la connivencia de algunos cuerpos policiales y la indiferencia política que desgasta la poca esperanza que tenían.
El gobierno estatal y municipal, gobernado por las mismas fuerzas políticas de siempre, se ha convertido en un espectador pasivo que prefiere jugar con cifras maquilladas y discursos vacíos, a enfrentar la violencia con un plan integral y contundente. La sola mención de estrategias de seguridad termina en anuncios mediáticos y promesas incumplidas que no logran nada más que la frustración.
La población exige resultados y no discursos. La nueva ola de violencia golpea con fuerza y muestra cómo Tula se ha convertido en un foco rojo nacional donde la violencia cotidiana mantiene a la gente bajo amenaza constante. Mientras la sangre corre en las calles y “El Buitre” se suma a la lista de víctimas olvidadas, el gobierno estatal sigue con la cabeza enterrada, sin asumir responsabilidades ni ejecutar acciones que frenen esta sangría.
Es urgente que los partidos políticos rindan cuentas por la crisis de seguridad que viven y que se terminen las simulaciones. La ciudadanía ya no tiene tiempo para escuchar promesas que no se cumplen. Tula exige seguridad, justicia y paz, demandas básicas que han sido ignoradas durante demasiado tiempo.
El asesinato de “El Buitre” no es un hecho aislado. Es la expresión más tangible de un fracaso político y de seguridad que tiene una sola consecuencia: la pérdida de vidas que bien podrían haberse evitado si existiera voluntad real para combatir a los criminales y proteger a la población.
La sociedad debe levantar la voz y exigir a las autoridades que actúen con seriedad y no sigan fingiendo. Si no, Tula seguirá marcada por la violencia y la impunidad, mientras sus gobernantes permanecen mudos, indiferentes, y cómodos en la ineficacia.
