San Felipe Orizatlán, uno de los municipios más emblemáticos de la Huasteca hidalguense, está sumido en una crisis política y judicial sin precedentes que devasta la tranquilidad de su sociedad. Carlos César Pérez Escamilla, presidente municipal por el Partido del Trabajo (PT), fue vinculado a proceso por su presunta participación en el asesinato de Francisco Javier, sobrino de la exalcaldesa Erika Saab Lara, ocurrido el 30 de octubre de 2021 en la unidad deportiva municipal. Además de Carlos César, su madre, Soravelia Escamilla, está también implicada, mientras que su hermano Víctor, señalado como autor material del crimen, sigue prófugo de la justicia.
Este caso ha sacudido no solo los círculos políticos, sino también a toda la población, que observa con incertidumbre cómo se desarrolla uno de los procesos judiciales más delicados en la historia reciente de la región.
La crisis en San Felipe Orizatlán tiene raíces profundas en la traición de Erika Saab Lara, única figura repudiada por la militancia histórica del PRI local tras su decisión de abandonar al partido en 2022.
Lejos de una mera ruptura política, Saab planeó y ejecutó su apoyo a Morena siguiendo instrucciones directas del entonces gobernador Omar Fayad. Esta traición fue percibida como una auténtica traición dentro del partido que durante décadas dominó el municipio y la mantuvo en cargos privilegiados, motivo por el cual el priismo local la repugna y desacreditó públicamente. Fue la principal enemiga de Oscar Andrade para ganar la alcaldía con las siglas del PRI.
Esta maniobra política no solo fracturó el orden electoral tradicional, sino que también marcó el fin del dominio histórico del PRI en la cabecera municipal, dejando el camino abierto para la llegada de Carlos César y su administración encabezada por el PT.
Además, se sospecha que Erika Saab instigó la golpiza que recibió Luis Becerra Viggiano en plena campaña a la gubernatura, un acto que refleja la brutalidad y la violencia con la que ha manejado su aparato de poder, mostrando poco respeto por las reglas democráticas y la convivencia civil.
Desde que asumió la alcaldía en 2024, Carlos César ha presentado formalmente una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo contra Erika Saab por presunto desvío de recursos públicos por casi 58 millones de pesos. Esta acusación deriva de una auditoría y una investigación interna que evidencian una grave administración irregular durante el mandato de Saab.
Este choque político convertido en pelea judicial ha dejado una profunda marca en el municipio, que ve cómo sus recursos y su destino son objeto de disputas personales que afectan el bienestar comunitario.
Francisco Javier, sobrino directo de Erika Saab, fue asesinado en circunstancias que involucran directamente a la familia Pérez Escamilla. Víctor, hermano del alcalde, es señalado como el presunto pistolero en el homicidio que sacudió a toda la región y profundizó la crisis social y política local.
Contrario a lo que algunos han pretendido señalar, este proceso judicial no está marcado por persecución ni sesgos políticos. Tras un amparo federal que obligó a reabrir el caso, la vinculación a proceso fue ratificada con todas las garantías legales. Se corrigió oportunamente un error humano en la notificación judicial, sin que esto afectara la validez del procedimiento.
La justicia en Hidalgo ha actuado con transparencia, refrendando la vigencia del Estado de derecho y dejando claro que no excepciona a nadie, sin importar cargos o influencias políticas.
Este municipio ha vivido durante años en un contexto de violencia política crónica, enfrentamientos partidistas y disputas territoriales. La traición de Erika Saab y la confrontación con Carlos César solo han exacerbado esta realidad.
La población, cansada de esta inestabilidad, sueña con un futuro en el que la gobernabilidad no se vea trastocada por intereses personales o conflictos políticos letales.
Con un alcalde procesado por un grave delito, familiares involucrados y la ausencia del presunto autor material, la estabilidad municipal está al borde del colapso.
La sociedad exige justicia pronta, procesos imparciales y transparencia total para dejar atrás décadas de impunidad, corrupción y violencia, y para construir un San Felipe Orizatlán más justo, pacífico y próspero.
