“Votar a favor es traicionar al pueblo” como facistas, dijo el legislador priísta a la bancada de Morena.
La reciente polémica reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena en México ha generado fuertes críticas, especialmente por parte de Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI, quien la ha calificado como un acto “criminal” que destruye el amparo, un instrumento legal fundamental para proteger a los ciudadanos contra abusos de autoridad. Este artículo explica en términos sencillos lo que significa esta reforma, por qué Moreira y otros sectores la rechazan, y qué implica para la justicia en México.
El juicio de amparo es una herramienta legal con más de 100 años de historia que permite a los ciudadanos defenderse cuando consideran que alguna autoridad ha cometido un acto injusto o ilegal en su contra. Es como un “escudo” legal que pone límites al poder estatal y protege los derechos humanos y constitucionales de las personas.
La reforma busca modificar la Ley de Amparo con objetivos que, según el gobierno, podrían ser la modernización o el control de procesos judiciales. Sin embargo, las principales críticas señalan que esta reforma:
Aunque el PRI tiene una historia compleja en la política mexicana, en este contexto se presenta como un defensor institucional del derecho ciudadano a la protección judicial. Rubén Moreira, como líder de esta bancada, sostiene que la reforma de Morena representa un retroceso en las garantías legales para la ciudadanía. Este partido ha sido históricamente parte de la construcción de las instituciones y la gobernabilidad democrática en México, con un papel relevante en la promoción de políticas públicas que buscan garantizar derechos y libertades. Moreira y su grupo parlamentario alertan que esta reforma pone en riesgo ese legado, castigando a los ciudadanos y reforzando excesivamente el poder del Estado sin contrapesos efectivos.
Moreira ha llamado a esta reforma un acto “criminal” porque, desde su perspectiva, representa un retroceso histórico en derechos humanos y libertades, al fortalecer el poder del Estado a expensas de los gobernados. Denuncia que la reforma apunta a consolidar un control absoluto del poder, prohibiendo a los ciudadanos frenar abusos de autoridad, y a transformar un derecho fundamental en un simple trámite burocrático e inútil.
Moreira y otros legisladores del PRI además rechazan participar en foros controlados por Morena que busquen legitimar esta reforma. Hacen un llamado a la sociedad, a abogados y académicos para que se pronuncien en defensa del juicio de amparo.
Esta reforma afecta directamente la posibilidad que tienen los ciudadanos de defender sus derechos frente a injusticias y abusos del poder público. El juicio de amparo es una de las pocas herramientas legales para frenar actos arbitrarios, detener leyes inconstitucionales y proteger la democracia y libertad.
Si esta reforma avanza, se pondrán candados para que las autoridades actúen con menos control y los ciudadanos queden desprotegidos, abriendo la puerta a una mayor impunidad y concentración de poder.