La reciente controversia entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el abogado estadounidense Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López, hijo del legendario narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha puesto en evidencia no solo las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, sino también las profundas grietas en la lucha contra el narcotráfico y la percepción pública sobre la integridad del gobierno mexicano.
Este enfrentamiento verbal, que ha resonado en medios nacionales e internacionales, gira en torno al acuerdo de culpabilidad que Ovidio Guzmán alcanzó con las autoridades estadounidenses, un pacto que incluye cooperación sustancial, pagos millonarios y la protección de familiares cercanos, pero que ha dejado a México fuera de la negociación y ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y eficacia del gobierno de Sheinbaum.
En algún momento Sheimbaum tendrá que dejar de protejer a AMLO y familia, no solo para salvar su pellejo y el de su propia familia y equipo, sino para intentar rescatar al país del abismo, e intentar que su presidencia sobreviva el sexenio sin garantia de que Morena pueda ganar la Presidencia de la República, le alcanzaría para salvar su reputación y libertad.
El 12 de julio de 2025, Ovidio Guzmán López se declaró culpable en una corte federal de Chicago por cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión ilegal de armas. Este acuerdo, histórico por ser el primero en el que un hijo de “El Chapo” admite su responsabilidad en Estados Unidos, representa un golpe importante para la estructura del Cártel de Sinaloa, especialmente para la facción conocida como “Los Chapitos”.
Sin embargo, la negociación entre Guzmán y el Departamento de Justicia estadounidense se realizó sin la participación directa del gobierno mexicano, lo que generó una reacción inmediata y crítica por parte de la presidenta Sheinbaum. En su conferencia matutina, Sheinbaum exigió que Estados Unidos comparta toda la información relacionada con el caso, argumentando que la falta de transparencia ha provocado una sangrienta guerra interna en el cártel y que México tiene derecho a conocer los términos del acuerdo.
“Es importante que se proporcione información. Deben tener toda la información y nuestra fiscalía está solicitando todos los datos relacionados con el caso”, declaró Sheinbaum, quien insistió en que su gobierno no defiende a criminales, pero sí exige claridad sobre el alcance del pacto.
Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán y conocido por su defensa de figuras del crimen organizado, respondió con dureza a las declaraciones de Sheinbaum. Calificó la exigencia mexicana como “absurda” y recordó el caso del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue exonerado tras presión del gobierno mexicano, a pesar de las pruebas presentadas por la DEA.
Pero Lichtman fue más allá y lanzó una acusación directa que ha sacudido la opinión pública: “La presidenta de México actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que el pueblo mexicano merece”. Añadió que, a pesar de las conferencias de prensa que convoque Sheinbaum, “el pueblo de México (y yo) sabemos la verdad”.
Estas declaraciones no solo cuestionan la integridad de Sheinbaum, sino que también ponen en entredicho la capacidad del gobierno mexicano para enfrentar al narcotráfico sin caer en complicidades o pactos oscuros.
Para entender la magnitud de esta acusación, es necesario recordar que México ha vivido décadas de violencia relacionada con el narcotráfico, con episodios de corrupción, infiltración y pactos entre autoridades y organizaciones criminales. La imagen del gobierno frente a la sociedad está marcada por la desconfianza y el escepticismo.
El caso Cienfuegos es un ejemplo reciente que alimenta esta desconfianza. El exsecretario fue detenido en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, pero tras la presión diplomática mexicana, fue repatriado y exonerado, lo que generó críticas sobre la independencia judicial y la voluntad real de combatir la corrupción y el crimen.
La acusación de Lichtman, entonces, toca un nervio sensible: sugiere que Sheinbaum, lejos de ser una líder firme contra el narco, podría estar actuando como una fachada para intereses oscuros, lo que pone en riesgo no solo su imagen, sino la legitimidad de todo su gobierno.
En paralelo a esta polémica, la violencia en Sinaloa no cesa. La captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la cooperación de Ovidio Guzmán han desatado una guerra interna por el control de territorios y rutas de narcotráfico. Decenas de muertos, desplazamientos forzados y enfrentamientos armados son el saldo de esta disputa.
El gobierno mexicano, encabezado por Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad, ha prometido combatir esta violencia, pero la percepción social es que los resultados son insuficientes. La polémica por el acuerdo de Ovidio solo ha aumentado la sensación de que las autoridades están rebasadas y que, en ocasiones, negocian con el enemigo en lugar de enfrentarlo.
Otro punto crítico es la protección que, según informes, se ha otorgado a familiares de Ovidio Guzmán, incluyendo a su madre Griselda López, quien cruzó a Estados Unidos bajo custodia. Este hecho ha generado suspicacias sobre la eficacia y transparencia del gobierno mexicano, y sobre posibles acuerdos extrajudiciales que benefician a los capos y sus redes.
La sociedad mexicana, cansada de la impunidad y la corrupción, observa con preocupación cómo estos episodios parecen confirmar la idea de que el poder político y el crimen organizado están, en ocasiones, entrelazados.
Más allá de las cortes y los acuerdos judiciales, lo que está en juego es la narrativa pública y la legitimidad política. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia apuestan por la cooperación de “Los Chapitos” para debilitar al cártel, mientras que en México la exigencia es de mayor transparencia y respeto a la soberanía judicial.
El choque entre Sheinbaum y Lichtman es, en el fondo, un reflejo de la desconfianza histórica y la compleja relación entre dos países obligados a colaborar, pero siempre al filo de la sospecha mutua.
La sentencia de Ovidio Guzmán y el alcance de su cooperación podrían marcar un antes y un después en la guerra contra el narcotráfico. Pero la batalla por el relato, la legitimidad y la justicia apenas comienza.
Para Sheinbaum, esta polémica representa un desafío mayúsculo para su liderazgo y su imagen pública. La acusación directa de Lichtman ha dejado una mancha difícil de borrar en un contexto donde la ciudadanía exige resultados y transparencia.
Para México, el reto es aún mayor: construir un sistema judicial y de seguridad que no solo combata al narcotráfico, sino que recupere la confianza de la sociedad y la credibilidad internacional.
