El horror documentado: abuso sexual sistémico y negligencia institucional
Dos niñas de 4 y 8 años sufrieron abusos sexuales reiterados en Zimapán, presuntamente a manos de su tío Arturo William Trejo Leal, operador político de Morena, su esposa Bertha Eva Medina y la diputada local Alelhy Medina (Morena), hermana de Eva. Los testimonios grabados de las menores, respaldados por dictámenes médicos que confirman lesiones genitales compatibles con violencia sexual, forman parte del expediente NUC 20-2022-00190. Pese a la evidencia, autoridades estatales y federales han obstruido la justicia, mientras Morena protege a sus operadores mediante contratos públicos, redes de influencia y omisiones deliberadas. La madre de las víctimas, Jaquelin, lleva tres años exigiendo justicia sin recibir respuestas concretas, mientras las niñas permanecen en un refugio federal sin acceso a educación formal, custodiadas por la Guardia Nacional.
La maquinaria de protección: Morena como escudo de los implicados
La diputada Alelhy Medina ha evadido órdenes de aprehensión desde 2023, ausentándose de cuatro sesiones consecutivas del Congreso de Hidalgo sin que su partido exija su inhabilitación. Marco Rico Mercado, dirigente estatal de Morena, organizó reuniones en 2022 para promover a Trejo Leal como candidato, pese a las denuncias en su contra. Enedino Sánchez Madrid “Dino”, secretario particular de Rico, coordinó estrategias mediáticas para limpiar la imagen del acusado, según testimonios de militantes recabados por medios locales. Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno de Hidalgo, ha sido señalado públicamente por encubrir una red de pornografía infantil y trata de personas vinculada a Trejo Leal, según denuncias ciudadanas y periodísticas. Durante la conferencia matutina del 13 de febrero de 2025, una periodista cuestionó directamente a Claudia Sheinbaum sobre la protección institucional a los implicados, incluyendo a Olivares, sin obtener respuestas concretas.
El fracaso judicial: jueces cómplices y pruebas desestimadas
La jueza Janett Montiel liberó a Trejo Leal y Eva Medina en marzo de 2023, argumentando “inexistencia de violación”, pese a los peritajes médicos. Montiel tiene un historial de cinco sentencias favorables a operadores de Morena entre 2020 y 2023, según expedientes consultados. En febrero de 2025, una jueza federal ordenó emitir un nuevo fallo al detectar irregularidades, incluyendo la omisión de testimonios clave de las víctimas. Sin embargo, el juez federal Víctor Juárez ratificó en junio de 2023 la libertad de los implicados, desestimando pruebas fundamentales. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), bajo el mando del gobierno estatal, recortó 12% el presupuesto para delitos sexuales en 2024, según el Observatorio Ciudadano local, lo que explica en parte el 98% de impunidad en casos de abuso sexual documentado en la entidad.
Las víctimas: abandono estatal y revictimización
Las niñas y su madre permanecen en un refugio federal desde 2022, sin acceso a educación formal y con su intimidad expuesta debido a filtraciones de expedientes por funcionarios estatales, según denuncias de familiares. El padre de las víctimas, Mario Alfredo Espinoza, difundió en medios afines a Morena la teoría de una “conspiración familiar”, sin presentar pruebas, lo que añadió más confusión y dolor al caso. Organizaciones civiles documentan que en Hidalgo no se ha registrado una sola sentencia ejecutoriada contra pedófilos en Zimapán desde 2018, mientras las redes de protección política y económica siguen operando con impunidad.
El trasfondo económico: contratos millonarios y minería estratégica
Trejo Leal recibió 18.7 millones de pesos en contratos públicos entre 2022 y 2023 para obras en Zimapán, según registros de transparencia. El Sindicato del Cemento, vinculado a sus redes, paralizó cadenas logísticas en 2025 para presionar a la Fiscalía General de la República (FGR), utilizando tráileres con consignas contra las víctimas y a favor de los implicados. Zimapán, zona estratégica por sus yacimientos de arsénico y caliza, concentra concesiones a empresas como Cemex, bajo la mirada pasiva del gobierno estatal. Abraham Mendoza Zenteno, delegado federal de Bienestar en Hidalgo, ha sido vinculado en denuncias ciudadanas por su presunta cercanía con grupos de poder local, aunque insiste en que su labor se limita a programas sociales sin relación con el caso.
La sombra de Erick Marte y el uso político del caso
Erick Marte Rivera, exalcalde de Zimapán sancionado por violencia política de género en 2023, ha sido mencionado en foros ciudadanos por su presunta vinculación con redes de opacidad en el manejo del caso, aunque no existen acusaciones formales en su contra. Marte, quien en 2021 huyó de una audiencia fingiendo un desmayo y escapó en una ambulancia, mantiene vínculos con grupos de poder local y aspira a una candidatura política, pese a permanecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género hasta 2026. Su caso refleja un patrón de impunidad que se extiende más allá de este escándalo, según análisis de organizaciones civiles.
Respuesta federal tardía y omisiones deliberadas
En abril de 2025, un juez federal giró siete órdenes de aprehensión contra Trejo Leal, Eva Medina, Alelhy Medina y otros cuatro implicados. Sin embargo, la Fiscalía de Hidalgo no ejecutó las órdenes contra la diputada, pese a solicitudes desde 2023. Claudia Sheinbaum se limitó a decir que el caso “está en manos del fiscal”, mientras Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, priorizó operativos mediáticos sobre acciones concretas. La PGJEH, bajo presión federal, sigue sin presentar avances reales, lo que ha generado desconfianza en las víctimas y sus familias.
Conclusión: justicia secuestrada por las siglas partidistas
Morena ha convertido este caso en un símbolo de su doble moral: mientras promueve consignas contra la violencia de género, protege a operadores vinculados a redes de pedofilia. Las niñas de Zimapán son el reflejo de un México donde la lealtad partidista prevalece sobre la vida de las víctimas.
Mientras Marco Rico y su achichintle Dino Madrid protejen a Alelhy Medina quien operaba con impunidad, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo las instituciones priorizarán a las víctimas sobre los intereses políticos?
Este caso no es solo un crimen atroz: es la prueba de un sistema donde la pedofilia se blindó con contratos, sentencias amañadas y silencio cómplice. Morena, lejos de ser víctima, es cómplice por acción y omisión.
Recuerden la frase de la banda inglesa Manic Street Preachers:
“Si tu toleras esto, entonces tus hijos pueden ser los siguientes”.
